La Comisión para la Paz entregó ayer su informe final en el que reconoce aclaradas 26 desapariciones en Uruguay y 55 en Argentina

24 uruguayos cremados y lanzados al Río de la Plata en Punta Espinillo

Familiares de Desaparecidos no aceptan esta versión hasta que no haya una investigación judicial

El informe de 32 páginas y 14 anexos establece que según versiones militares que la Comisión no pudo confirmar con pruebas, los cuerpos de 24 uruguayos asesinados en dependencias militares y enterrados en ellas, fueron exhumados a fines de 1984, cremados y sus cenizas arrojadas al mar en la zona de Punta Espinillo.

Los Familiares de Desaparecidos indicaron ayer que según esa versión "nuestros familiares fueron perseguidos, detenidos, torturados, asesinados, desaparecidos, enterrados, desenterrados, vueltos a enterrar, desenterrados, incinerados, y sus cenizas tiradas al mar; es decir vueltos a desaparecer".

Destacaron que "la última parte de ese plan perverso" habría sido a fines de 1984 por lo que tiene que haber contado con "implicancias" y complicidades políticas.

Ante esa versión plantean "que para confirmarla o desmentirla se actúe judicialmente con todas las consecuencias que esta acción conlleve".

El pronunciamiento de Familiares coloca el tema en su lugar clave: para el gobierno es un punto final, para los Familiares es un "reinicio" y la confirmación de las denuncias que durante 30 años fueron desmentidas desde el poder.

Los Familiares reconocieron la actitud de Jorge Batlle de romper años de silencio y conformar la Comisión pero ratificaron que "queda mucho por hacer", y que es necesario crear un Instituto Nacional de DDHH para continuar con la labor.

El informe de la Comisión para la Paz condena por primera vez desde un organismo oficial el terrorismo de Estado, aunque no lo nombra, al señalar que ha "formado convicción plena acerca de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen de facto. Desde la tortura, la detención ilegítima en centros clandestinos, hasta llegar a los casos más graves de desaparición forzada, se constata la actuación de agentes estatales que, en el ejercicio de su función pública, obraron al margen de la ley y empleando métodos represivos ilegales. La Comisión se permite subrayar, por último, que nadie está habilitado o autorizado, en ninguna circunstancia, a violar o desconocer los derechos humanos fundados en la propia existencia y dignidad de la persona".

La Comisión recomienda al Poder Ejecutivo crear la figura de Ausencia por Desaparición Forzada y configurar los delitos de tortura y desaparición. Sin embargo no promueve la conformación de un organismo permanente que continúe el trabajo.

Uno de los puntos polémicos del informe es el referido al de la nuera de Juan Gelman, donde a pesar de los datos sobre dónde fue asesinada y por quién, a los que llegó LA REPUBLICA y que el propio Batlle reconoció ante el senador Rafael Michelini, se considera que el caso no se pudo aclarar.

El domingo LA REPUBLICA publica íntegro el informe de la Comisión para la Paz

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