El gobierno dice que cumplió con el artículo cuarto de la Ley de Caducidad; Familiares lo rechaza

Batlle consagró ayer por decreto el "Punto Final"

El presidente Jorge Batlle firmó ayer el decreto para poner en práctica las sugerencias de la Comisión para la Paz; previamente analizó con los tres comandantes en jefe el contenido del documento en el que se acepta "en todos sus términos" el informe final.

En el decreto, emitido anoche, el gobierno respalda y da credibilidad a los resultados a los que arribó la Comisión para la Paz, que daba cuenta que 24 uruguayos desaparecidos en el país murieron en sesiones de torturas, fueron enterrados en dependencias militares, luego desenterrados, cremados y sus cenizas tiradas al mar.

A través del decreto se obliga a la reparación económica de los familiares de los desaparecidos y se remitirá al Parlamento un proyecto para declarar la "ausencia por desaparición forzada".

El Presidente sostiene que el trabajo de la Comisión para la Paz "cumple definitivamente" con lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley de Caducidad, pero fuentes de los Familiares de Desaparecidos se manifestaron anoche sorprendidas por la interpretación gubernamental, al entender que no hay sustento jurídico para disponer del "Punto Final" por decreto.

Fuentes oficiales consultadas por LA REPUBLICA dijeron que desde el gobierno no habrá acción alguna para evitar que el canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, siga procesado por el caso de la maestra Elena Quinteros.

Decreto de Batlle enmarca el informe final sobre desaparecidos en la Ley de Caducidad

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