Se trata de Pedro Cardozo y Pablo Amaral, nacidos en Colonia y Tacuarembó, que llegaron a Barajas cumpliendo con todos los requisitos que se les había indicado en el Consulado español de Montevideo.
El funcionario de migraciones que los interrogó en el aeropuerto se negó a admitir razones y les pidió un nuevo requisito: un certificado elaborado por un notario español, por el cual una persona habitante de ese país se debía hacer responsable de su estadía.
El hecho se vincula a un endurecimiento de la Ley de Extranjería, ya que los uruguayos que fueron repatriados llevaban el dinero exigido para el límite de su estancia, en la que gestionarían los papeles que les permitieran trabajar en la península.
La norma que ahora se aplica (no admisión y expulsión) se pone en marcha ante la "simple sospecha" del funcionario policial que recibe a los viajeros en los aeropuertos.
En los dos últimos meses fueron también expulsados otros 20 uruguayos que intentaban ingresar a España por Madrid y una cantidad similar en Tenerife, Islas Canarias.
Otros dos uruguayos fueron maltratados y expulsados del aeropuerto de Madrid
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