El Partido Colorado y el Partido Nacional votaron el 22 de diciembre de 1986 la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, argumentando que con la nueva normativa se buscaba impedir un desacato militar.
El 16 de abril de 1989, ante la aprobación parlamentaria de la ley, más de 600 mil personas convocaron un referéndum con la intención de derogar la normativa. En la oportunidad el 57% de los votantes apoyó la "papeleta amarilla" que refrendaba la ley.
La norma estableció que "a efectos de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden institucional ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".
La caducidad de la lógica de los hechos
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Ayer, en el límite internacional sobre el puente General San Martín, el obispo de Salto, monseñor Pablo Galimberti, y el obispo de Gualeguaychú, monseñor Jorge Lozano, oficiaron una misa concelebrada que marcó un hito histórico. Es la primera vez que en el límite internacional del puente Fray Bentos Puerto Unzué se realiza un acto religioso de estas características.