El pasado jueves el coronel Manuel Cordero, prófugo de la Justicia, que lo quiere indagar por el secuestro y desaparición de Adalberto Soba, se presentó ante el consulado uruguayo en la ciudad brasileña de Santana Do Libramento, solicitando que se le extendiera un certificado de existencia, tal como reclama anualmente la Caja Militar, luego de una ordenanza impartida por la ministra de Defensa, Azucena Berrutti.
El titular de dicho consulado, Ignacio Campisteguy, remitió el trámite a la Cancillería en Montevideo, que, ante los antecedentes de Cordero, resolvió comunicar que sólo se entregaría dicho certificado si el prófugo de presentaba a los servicios consulares en territorio uruguayo.
Paralelamente se impartió instrucciones a Interpol para que se reclamara la captura de Cordero a la Policía brasileña, conociéndose que no estaban vigentes los formalismos previos, por lo cual el mismo viernes se elaboró el exhorto correspondiente en la Suprema Corte de Justicia. Dicho exhorto fue enviado a la embajada uruguaya en Brasilia para ser, a su vez, entregado en Itamaratí, lo que le permitiría a la Policía brasileña actuar.
Todo el operativo armado por los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior se mantuvo en la más absoluta reserva. Sin embargo, hubo una "filtración" a un medio de prensa montevideano, lo que podría abrir una incógnita sobre el resultado final del operativo.
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