Los profesionales agrupados en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) entregaron ayer un duro petitorio a la ministra de Salud Pública. En el documento no sólo detallan cada una de las falencias e irregularidades del sistema sanitario sino que además aclaran que deslindarán responsabilidades "frente a situaciones de omisión de asistencia técnica debido a emergencias y policlínicas sobrecargadas, carencia o deterioro de medios de diagnóstico y tratamiento, falta de personal y escasez de medicamentos".
Desde el sindicato aclararon ayer a este diario que el petitorio fue redactado en la asamblea del jueves pasado, o sea antes de la reunión que mantuvieron un día después con el presidente Tabaré Vázquez. Es más, precisaron que hoy se realizará la primera reunión con autoridades del Ministerio de Salud para tratar de llegar a un acuerdo. Lo cierto es que el documento fue entregado ayer en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y contiene fuertes críticas.
"Entendemos que la responsabilidad de la atención sanitaria de los uruguayos que se atienden en el MSP le corresponde a las autoridades del MSP, debiendo tomar las providencias del caso para asegurar un nivel de atención digna y humana a todos los usuarios", señala el escrito.
Tampoco dejaron de hacer referencia a la situación de "crisis profunda que presenta este ministerio, atendiendo con la séptima parte del gasto total en salud (sólo el 1,4% del PBI) a 1.600.000 uruguayos".
Para el SMU esto se manifiesta en "un deterioro de los distintos niveles de atención, infraestructuras decadentes desprovistas de mantenimiento, carencia de insumos, equipamiento y medicación, demanda insatisfecha de consultas médicas y paraclínicas prioritarias que suponen largas colas y demoras de meses, emergencias escasamente dotadas y malas condiciones de internación".
"En base a estos fundamentos, y de conformidad con los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República, el gremio señala que "más allá de los esfuerzos en común que se realizan ha llegado un momento en que por un lado se plantea la alternativa de incurrir en el decaimiento de la ética profesional que no estamos dispuestos a asumir y en la aceptación de un simulacro de la atención de la salud que es injusta e inadmisible para nuestra gente y que además implica enfrentar una responsabilidad técnica eventual de la que no somos responsables".
"O por otro lado adoptar los medios de transferir o delegar la gestión y responsabilidad de todos los locales de trabajo y atención médica en quien en definitiva tiene el cometido esencial de la Salud Pública que es el Estado a fin de que se creen las nuevas circunstancias que permitan que podamos cumplir un accionar responsable de todos los actores comprometidos". *
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