Hace 30 años...

El 9 de diciembre de 2005, se conmemora el 30 Aniversario de la Declaración de los Derechos del Impedido proclamada por las Naciones Unidas en la 2.433 sesión plenaria del 9 de diciembre de 1975 y a su vez, se celebra el Día Nacional de la Persona Discapacitada dispuesto por Ley Nº 17.003 del 14 de setiembre de 1998.

Esta Declaración que surge del compromiso de los Estados Miembros han asumido en virtud de la Carta de las NNUU, de tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social.

Está basada en la fe de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y los principios de paz, de dignidad y valor de la persona humana y de justicia social proclamados en la Carta.

La Declaración del 9 de diciembre de 1975 que consta de trece artículos y en los cuales encontramos a quien se designa impedido, los derechos que éstos poseen sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si refiere personalmente al impedido como a su familia.

Discriminaciones actuales

A 30 años de la Declaración de los Derechos del Impedido, notamos con harta frecuencia que se percibe la discapacidad como un problema propio de un individuo. En los últimos años las personas discapacitadas han empezado a caer en la cuenta que el término discapacidad disimula un sistema complejo de restricciones sociales. Sirve de ejemplo la negación de oportunidades a los usuarios de sillas de ruedas por la inaccesibilidad de los lugares a los que quieren o necesitan acudir. A las personas con deficiencia visual se les niegan oportunidades simplemente al no poner a su disposición los medios no visuales para poder comunicarse con el mundo exterior de forma plena. Las personas con problemas de aprendizaje pueden fracasar en el aprendizaje de una tarea para la que poseen potencial debido a que no se les proporcionan las técnicas formativas de apoyo que necesitan. La negación de la igualdad de oportunidades obedece a varias razones (falta de inaccesibilidad, estructuras laborales, servicios inapropiados, entre otros). La negación de la igualdad de oportunidades puede alegarse por otros motivos, como el lugar de nacimiento de uno, su situación financiera, manera de expresarse, color de la piel o apariencia física. De acuerdo al último trabajo de Estadísticas y Censo de nuestro país, el 7,6% de los ciudadanos de este país, presenta algún tipo de discapacidad. En un gran porcentaje, las personas discapacitadas, desarrolla su discapacidad en el transcurso de su vida profesional. Siendo así, no se puede consentir que la sociedad se construya de tal forma que acabe siendo incapaz de tener en cuenta las necesidades y sus derechos de un sector significativo de la población.

Además falta aún por reconocer las ventajas que supone integrar a una población discapacitada activa. Las sociedades se articulan en torno al mítico concepto de normalidad que no conduce ni a la definición de un enfoque ideal en la planificación y práctica política, ni a la capacitación y desarrollo personal de las personas discapacitadas.

A pesar de la excelente infraestrucura legal nacional e internacional que incide en nuestro país y todos los instrumentos desplegados en los últimos años de política social, no se ha logrado situar a los ciudadanos discapacitados en pie de igualdad en términos de derechos y responsabilidades. De ahí que convengamos que no resulta fácil la integración de las personas discapacitadas en su comunidad. Este desafío permanente es el que despliega Plenadi, la FUAP, la Coordinadora de Ciegos, la CNHD, la IMM entre otros, integrándose en diversos ámbitos de lucha, como fuerza impulsora, buscando el cumplimiento de todos estos derechos de carácter internacional y nacional no sean enunciativos y se transformen en una realidad tal, que permita que la persona con discapacidad obtenga una igualdad de oportunidades y con ello sea una persona activa y productiva y resulte útil a sí misma y no signifique una carga para su familia y su comunidad. *