Diputados españoles emplazaron a su país para expedirse respecto a Tratado de 1870

La declaración, aprobada por los representantes de todos los partidos políticos españoles con representación parlamentaria, fue impulsada por el Partido Popular, actual opositor al gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

La misma afirma que "ante la controversia surgida acerca de la interpretación del Tratado de Amistad y Cooperación de 1870 con la República Oriental del Uruguay, y las implicaciones de la legislación española y de las obligaciones de España en la Unión Europea, así como la diversa jurisprudencia española en esta materia, se aborde en el plazo máximo de cuatro meses, conjuntamente con las autoridades uruguayas en el marco de la Comisión de Alto Nivel, creada por el Tratado General de Cooperación y Amistad de 1992, la cuestión del régimen de entrada, trabajo y residencia de los ciudadanos uruguayos mediante la aplicación de los criterios más favorables".

El análisis del texto aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores denota que este no obliga al Ejecutivo a reconocer la vigencia del Tratado, sino que le solicita la pronta instalación de un ámbito de consulta binacional.

Como partes resaltables por ser favorables a los interés de los emigrantes uruguayos radicados en España puede destacarse la mención a que la decisión debe adoptarse en base a criterios "más favorables", y el recordatorio al gobierno de que en varias ocasiones la Justicia de ese país reconoció la vigencia del acuerdo tras haber recibido el reclamo de más de 20 compatriotas que se hallaban en riesgo de ser expulsados por ilegales.

"Uruguay estará a la altura"

Si bien la resolución fue adoptada por los diputados españoles a las once horas de Uruguay, pasadas las 18.00 horas algunas asociaciones de emigrantes aún no conocían el contenido de la misma, tal fue el caso de la Asociación de Uruguayos en Catalunya, razón por la cual el presidente de la organización, Rómulo Correa, solicitó a LA REPUBLICA que se le diera más tiempo para definir una postura al respecto.

Mientras, Juan Sotelo del Centro Uruguayo en Madrid, ya había tomado contacto con el texto, y pese a no poder expresar una opinión en nombre de la asociación --hecho que tendrá lugar después de que sus integrantes se reúnan en asamblea-- dijo a título personal: "Esperábamos una resolución más clara en relación a la vigencia del Tratado".

Y agregó que le hubiera gustado que se aprobara el proyecto presentado meses atrás por Izquierda Unida, que exigía sin más el reconocimiento del acuerdo. En tal sentido, Sotelo subrayó que la moción hace especial énfasis en que el gobierno español debe tener en cuenta durante las negociaciones con su par uruguayo "las implicaciones de la legislación española y de las obligaciones de España en la Unión Europea". Razón por la cual, el inmigrante señaló que la alegría de una noticia largamente esperada como es el debate del acuerdo se mezcla con "una sensación de miedo, porque no vemos seguro que se vaya a reconocer el convenio". Empero remarcó que sin lugar a dudas el gobierno uruguayo "estará a la altura de las discusiones".

La versión taquigráfica de la discusión interna de la comisión que aprobó la moción recién será publicada dentro de un mes. Será en ese momento cuando podrá evaluarse con mayor claridad si todos los grupos políticos tienen la voluntad real de aplicar el acuerdo.

Cabe recordar que durante la administración del PP, el gobierno de Aznar hizo oídos sordos a los insistentes reclamos de las asociaciones de inmigrantes uruguayos.

A la vez, en el actual gobierno del Partido Socialista, al tiempo que se mostró una intención de facilitar la regularización de los residentes "ilegales", se reiteró que los uruguayos deben cumplir con los requisitos de cualquier grupo de inmigrantes debido a que un acuerdo de 1992 derogó el Tratado firmado hace 135 años.

Este acuerdo permitiría que miles de connacionales que no accedieron a la regularización por la ley de Extranjería, así como aquellos que se normalizaron pero deben seguir cumpliendo normas especiales para mantener el permiso de residencia, puedan vivir, trabajar, desplazarse y poseer bienes en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles.

Ello sería aplicar el acuerdo de la misma forma en que se aplica para los nacidos en España que llegaron en la década del 50, y que en menor medida continúan llegando, a establecerse en Uruguay. *