Por el desarrollo social y productivo

Estamos ante el cierre del año y de los primeros 10 meses de gobierno del Frente Amplio. Todo nuevo gobierno enfrenta grandes expectativas y no pocas interrogantes. Esto ha sido en particular notorio con el FA, que desde su fundación tiene por objetivo modificar sustancialmente la realidad. Y como en todos los cierres de período, se impone un balance de lo actuado. Los aspectos internacionales quedarán para la próxima nota.

El gobierno progresista tomó la conducción de un país inmerso en la emergencia social y productiva. Asumió con un compromiso ético con la verdad de nuestra historia reciente y con el imperativo moral de abrirle paso a la justicia con respecto a los crímenes de la dictadura. Todo eso conformaba un mapa complejo para una fuerza política sin antecedentes en la gestión gubernamental, que además debía enfrentar la dura oposición de los partidos tradicionales. Con escasas excepciones, ambos partidos pasaron a la oposición cerril, tanto en lo institucional como en lo mediático.

Crecimiento económico y casa en orden

La deuda externa del Uruguay, que ya era importante, se vio pavorosamente incrementada a partir de la crisis de 2002, en la que el gobierno malgastó las reservas estatales y elevó el pasivo a más del 100% del PBI. El nuevo gobierno del EP encaró la necesaria renegociación de esta deuda con los organismos multilaterales de crédito sin rehuir las obligaciones contraídas, pero sin allanarse a imposiciones o condicionamientos, buscando compatibilizar los pagos con el desarrollo productivo y con la atención de la emergencia social. Un fuerte ajuste para cumplir con los servicios, que hubiera sido sinónimo de recesión, mayor pobreza y sacrificio para el pueblo uruguayo, con el inevitable aumento de la conflictividad social y la pérdida de credibilidad de la propuesta progresista, logró evitarse.

La misma línea ­firme, gradualista y consistente- se trazó en relación con otros puntos críticos como el endeudamiento interno y la crisis de las empresas y bancos públicos. Los resultados no se hicieron esperar, puesto que todos los indicadores mostraron saldos positivos: muy importante crecimiento del producto, de las exportaciones e importaciones, la inversión externa y nacional, de los ingresos básicos y el consumo interior, con baja de la inflación y del desempleo, y tipo de cambio, aunque achatado, controlado.

Prioridad para la emergencia social

El deterioro sistemático y continuo de la calidad de vida de vastos sectores de la sociedad obligó a una acción enérgica. Más de la tercera parte de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza y buena parte de la misma en la indigencia. Más de la mitad de los niños uruguayos son pobres. Esto significa que, de no mediar una política hacia esa niñez desvalida, el futuro de nuestra sociedad será dramático. La marginalidad se ha incorporado a nuestra realidad y exige focalizar el esfuerzo para romper la reproducción de la pobreza. Esa emergencia social obligó a la elaboración de un plan, que a través de numerosos programas apoya a los más necesitados. El más conocido de todos, el ingreso ciudadano, apuntala el sustento mínimo de 60 mil familias. Aunque para algunos medios de comunicación ello no es noticia, ni la existencia de 250 mil indigentes o próximos a la indigencia, ni la preocupación del gobierno por ellos, ni el esfuerzo del MIDES por asegurar la alimentación básica.

Avances hacia la verdad y la justicia

Cuando el 1° de marzo asumía un gobierno de izquierda, una de las interrogantes más fuertes se refería a las posibilidades de cumplir con lo que es un compromiso ineludible del FA. El esclarecimiento del destino de los detenidos desaparecidos es una carga ética que se asumió sin fisuras. El Presidente ordenó las investigaciones necesarias a las propias FFAA, y desmintiendo los augurios de crisis institucional y de desacatos varios, las órdenes se cumplieron, las investigaciones se hicieron, los trabajos de campo tuvieron el apoyo necesario y los resultados comienzan a concretarse.

Los responsables de la impunidad, los que la idearon, la votaron y la custodian celosamente, operan contra todo intento de avance de la justicia. Primero aprobaron una ley perversa, inmoral e inconstitucional. Luego la aplicaron de tal forma que su contenido se transformó en aún peor. Ahora, cuando la sociedad observa con cierta sorpresa, los más con profundo respeto, y todos con indignación, la aparición de los restos de ciudadanos que fueron asesinados, no vacilan en rasgarse las vestiduras en defensa del "estado de Derecho" cuando se habla de una interpretación legal que permita actuar a la justicia.

Democratización de las relaciones laborales

Los salarios tanto públicos como privados han crecido durante el año y eso es resultado de la política seguida en cuanto a los ingresos y del equilibrio macroeconómico alcanzado, que permitió una inflación a la baja. Los consejos de salarios volvieron a funcionar tras 15 años, y de su gestión resultaron significativos aumentos para sectores que estaban muy sumergidos. También se han constituido en un ámbito tripartito para las relaciones laborales. Con respecto al salario público, los ajustes periódicos se realizaron por la totalidad del IPC, y en el presupuesto se estableció una política de recuperación salarial. A nivel de jubilaciones, se dispuso un incremento que favorece a las pasividades menores.

La aprobación de la ley de libertad sindical despertó una fuerte polémica, porque establece la reinstalación del trabajador despedido por discriminación sindical. Se ha hecho un verdadero terrorismo sobre las posibles consecuencias, olvidando que numerosos países tienen leyes parecidas. Es una buena ley, revolucionaria, que garantiza un derecho básico del trabajador.

Prioridades presupuestales y transparencia pública

El Presupuesto es la expresión numérica del programa del gobierno. El punto de partida era pésimo. La ley aprobada emitió claras señales de las prioridades del gobierno. Cambios de la estructura y gestión del gasto del Estado y también retoques institucionales conformaron un presupuesto distinto a todos los anteriores. Que apuesta al crecimiento y a la recuperación salarial y que no aumenta la carga impositiva. Muchas demandas no pudieron ser contempladas. Pero se estableció una meta de recuperación salarial para el quinquenio, se hizo una fuerte e inédita inversión en la educación, y se atendió a sectores o áreas sumergidas, como la salud, la seguridad pública, el Poder Judicial, la vivienda o las obras públicas.

A lo largo y ancho de los distintos organismos públicos, y en distintas intendencias, se busca terminar con los irritantes acomodos que existían. Se han terminado los sobresueldos disfrazados, o el reparto de la publicidad oficial para los familiares y amigos personales o políticos. Las auditorías muestran de todo: son decenas las denuncias penales realizadas, y se han podido comprobar muchas situaciones demostrativas de una utilización del aparato estatal reñida con las más elementales normas de la ética y austeridad republicana. Es una línea de acción que se profundizará, a la vez que avanzaremos en planes de reforma y modernización de la gestión pública.

Diez meses no es mucho tiempo para todo lo que es necesario hacer. Nos esperan grandes desafíos. Reformas estructurales y leyes básicas integrarán la agenda del 2006: sistema tributario, salud, funcionarios públicos, cajas bancaria, policial y militar, leyes de usura, innovación y alta tecnología, de defensa e inteligencia, y de delitos de lesa humanidad. Entre otras. No obstante ello, el impulso central consistirá en un apoyo más decidido a las políticas activas y de generación de empleo, como parte del desarrollo productivo y social. *

(*) Senador de la República