Más de nueve mil uruguayos dejaron de ser ilegales en España

El Ministerio de Trabajo de España informó que la última actualización de los datos correspondientes al proceso de regularización de inmigrantes efectuado entre febrero y mayo de este año establece que 573 mil residentes "ilegales" fueron aprobados por la Ley de Extranjería, recibiendo por tanto la documentación necesaria para permanecer y realizar actividades económicas en ese país.

Entre esas personas se hallan 9.148 uruguayos. Cabe señalar que la cifra oficial, poco significativa en el conjunto encabezado por los ecuatorianos y marroquíes, coincide con las estimaciones realizadas por las asociaciones de compatriotas residentes en España.

Los cálculos de estas organizaciones también señalan que al menos mil uruguayos fueron rechazados por las normas del proceso de regularización.

Por esa razón, la discusión que se dará en los próximos meses entre el Poder Ejecutivo español y su similar uruguayo, acerca de la vigencia del Tratado de 1870 firmado por ambos países, y según el cual los ciudadanos de las naciones tienen libertad de residencia, trabajo y posesión de bienes en los territorios recíprocos, sigue teniendo una especial trascendencia.

Como se recordará, el miércoles pasado los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes Españolas (ámbito similar al Parlamento uruguayo) impulsaron una moción por la que instaban al gobierno ibérico a definir el asunto en un plazo no mayor a cuatro meses de la manera "más favorable" para los uruguayos, y en la parte de la fundamentación del pedido eran las sentencias judiciales que reconocieron la vigencia del acuerdo en más de una veintena de ocasiones.

Tras aprobar esa iniciativa, la diputada socialista y secretaria primera de la Comisión de Asuntos Exteriores, María José Porteiro, dio a conocer la postura del partido de gobierno, explicando que el acuerdo reconoce la soberanía de Uruguay y tiene, por tanto, un rango jurídico por el que no puede ser revocado; aunque 135 años después hay una nueva legislación en España que hay que hacer conciliable con esta norma anterior mediante el llenado de un vacío legal que tampoco tuvo en cuenta el convenio firmado en 1992 --el mismo que en varias ocasiones se mencionó como responsable de la derogación del suscrito a fines de 1870--, y que dificulta la interpretación de la norma "perjudicando a un importante colectivo de ciudadanos uruguayos".

Las expresiones favorables de la legisladora, junto al interés manifestado por la vicepresidenta primera de España, María Teresa de la Vega, durante su visita a Uruguay en setiembre último, podrían significar que la revisión del acuerdo de manera de hacerlo aplicable sin duda será rápida y favorable a las necesidades de los connacionales radicados en la Península Ibérica. *