El estado de inocencia diplomática del gobierno

Cuando hace unos meses empezó el problema suscitado con la Argentina por la instalación de plantas de celulosa en territorio nacional, Uruguay tenía a su favor al principal ministro de Estado de la Argentina, el ministro de Economía Roberto Lavagna, que hizo pública su posición favorable a Uruguay en más de una oportunidad. También contaba con una prensa argentina que al principio mostraba pereza en embarcarse en el tema.

La omisión de discurso

Sin embargo, paulatinamente el tema de las papeleras empezó a ser objeto de campañas mediáticas al estilo argentino, que terminaron por envolver a la mayoría de su población en una posición antiuruguaya. Datos de hace un par de semanas señalan ya, incluso y por ejemplo, que el 20% de los argentinos es partidario de romper relaciones con Uruguay a causa de este contencioso.

La condición fundamental para que ello ocurriera es el espacio otorgado por Uruguay que no dio ninguna explicación del problema al público argentino, de manera que, en medio de una creciente y multiplicada fervorización, los ciudadanos argentinos empiezan a pensar que sus hijos van a nacer deformes por responsabilidad del Uruguay. Lo creen en serio, como si a los uruguayos no les preocupara que sus propios hijos nazcan con dos cabezas o tres piernas. La omisión uruguaya dio pie a esa campaña. Es decir, el público argentino no recibió la más elemental batería argumental. Que la Argentina tiene 10 plantas de celulosa, todas con tecnología medioambiental más retrasada que la que se va a implantar en Uruguay. Y algunas vergonzosamente contaminantes. (el propio presidente del Instituto Nacional de Tecnología e Industria del actual gobierno argentino ­INTI- ha explicado acabadamente que las plantas de celulosa uruguayas, si las empresas tratan sus efluentes con rigor, no generan daño ambiental). Que Brasil tiene 240 plantas, la abrumadora mayoría de las cuales es tecnológicamente inferior a las uruguayas en cuanto al impacto sobre el medioambiente. Que el Brasil está empezando a instalar una planta sobre el río Uruguay, a la altura de la frontera San Borja-Santo Tomé (Corrientes), de manera que cuando Argentina no corte los puentes con Brasil quedará en evidencia que esta de ahora se trata de una política de claro sesgo antiuruguayo en la que el gobernador Busti ha arrastrado a su país, donde Argentina quiere explotar la diferencia de escala y de potencia entre los dos países. Que Argentina estaba tan en conocimiento del asunto que los ministros de Relaciones Exteriores dieron por zanjado el diferendo mediante un documento que ambos firmaron hace menos de dos años. Pero el gobierno uruguayo, impávido, dejó crecer el ánimo antiplantas en Argentina sin atinar a hacer nada. Paradójicamente fueron Jorge Batlle, a través del programa de Víctor Hugo Morales, y Julio Sanguinetti, a través del programa de Morales Solá ­dirigentes con quienes he discrepado durante lustros-, quienes tuvieron el más elemental reflejo de presentar en los últimos días estos argumentos al público argentino.

La omisión de los funcionarios

Uruguay no tiene embajadores en Argentina ni en Brasil. Bueno, en realidad sí los tiene pero se trata de funcionarios de menor rango ascendidos abruptamente que, consecuentemente, no han estado presentes públicamente en el conflicto.

La política exterior uruguaya se ha dado el lujo durante decenios de tener embajadores muy malos, seleccionados frecuentemente por amiguismo político. Pero cualquier gobierno sabía que había tres embajadores que no podían fallar: los delegados ante Argentina, Brasil y Estados Unidos.

¿Qué tiene que hacer un embajador? Primero aparecer en todos los programas de televisión y radio presentando la posición uruguaya. Así hemos visto desfilar por los medios argentinos a los anteriores embajadores uruguayos a causa de problemas de mucho menor envergadura. En segundo lugar tiene que tener relación con los formadores de opinión, sean periodistas, propietarios de medios, académicos escuchados, funcionarios y legisladores. Esa relación, base de cualquier función diplomática, permite acercar la opinión y la sensibilidad uruguaya en los casos de contenciosos a dichos formadores de opinión. Siempre ha sido normal pues, ver en la embajada uruguaya reuniones sociales en las que se confraterniza con esas personalidades. Cuando se designan funcionarios de menor jerarquía se emite, sin embargo, una señal que es captada de inmediato por la elite, tanto argentina como brasileña, de modo y manera que las embajadas uruguayas no han sido actoras en este conflicto. La señal del propio gobierno uruguayo las secundarizó.

Cuando incluyo a la Embajada en Brasil es por la sencilla razón de que durante 150 años Uruguay practicó la política del péndulo frente a las eventuales amenazas de sus dos grandes vecinos. Cuando había problemas con Argentina nuestra diplomacia se acercaba a Brasil, y cuando había problemas con Brasil nuestra diplomacia se acercaba a Argentina. No es nada original. Uno es quince veces más grande y el otro cuarenta y cinco veces más grande que el Uruguay. Los Estados chicos hacen esto en todo el mundo. Uruguay ahora no ha sido capaz, sin embargo, de implicar a Brasil en nada en este problema. En realidad Brasil no entiende al gobierno uruguayo, según puede explicar cualquiera que esté vinculado a los asuntos internacionales.

Pero no sólo no tenemos embajadores, en términos prácticos, en un inexplicable estado de inocencia o limbo diplomático ­es obvio que no me refiero a la calidad de las personas, sino a lo escaso de su rango previo-, sino que tampoco tenemos, en términos prácticos, canciller. No pongo en cuestión la conocida y reconocida capacidad del ministro Gargano, pero Latinoamérica entera y su club de cancilleres sabe que este ministro no goza de mayor afinidad con el Presidente. En otras palabras, que cuando habla el ministro no habla el Presidente. No voy a abundar en la cantidad de desencuentros ocurridos entre ambos: basta mencionar que ambos tienen posiciones totalmente contrapuestas respecto, por ejemplo, a establecer o no un acuerdo de libre mercado con los Estados Unidos de América. Y si no pasa nada grave, no importa que el ministro no sea identificado con el Presidente. Pero si, por el contrario, la situación es tensa, ello es operativamente gravísimo.

Es evidente que esta crisis precisa un inmediato relevo de ministro de Relaciones y de los dos embajadores. Y que el canciller tiene que ser miembro del Frente Amplio porque no es bueno que en medio del conflicto el gobierno se debilite. Esto es tan claro como que Uruguay no debe cambiar su política de fondo y no detener jamás la construcción de las plantas de celulosa. Pero ello a través de una política consistente en cuanto presencia de discurso y de funcionarios en el problema.

El estado de inocencia diplomática

La falta de rumbo en la política exterior es tan grande que el gobierno compró por bueno a un material de descarte de los partidos históricos como el embajador Gros Espiell. Un histórico y memorable debate parlamentario de hace casi 40 años enfrentó al senador Wilson Ferreira Aldunate --que sostenía que Gros no era blanco-- con Amílcar Vasconcellos, quien aducía que Gros, a la sazón pachequista, no era colorado. Se le negó la venia para embajador. El asunto se zanjó mediante una treta del gobierno de la época, de discutible legalidad, por la cual se inventó hasta ahora que los cargos diplomáticos ante organismos internacionales no requieren venia del Senado. Y así, huérfano de toda convalidación, salió Gros de embajador, no para un país sino para un organismo. El tenebroso Montesinos lo eligió, años después, para defender al Perú contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica por "barato", según decía el mismo Montesinos en una de las famosas cintas de video grabadas en secreto y que se difundieron después de la caída del régimen de Fujimori. Su influencia en este gobierno actual, a quien representa en París, es tanta que Uruguay llevó adelante, bajo su influencia, la penosa posición de que en la ONU había que ampliar la cantidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero que los nuevos miembros permanentes no tendrían derecho a veto. Una suerte de miembros permanentes de segunda para Brasil, la India y un par de países más.

Ese estado de inocencia diplomática llevó también a esta administración a abandonar la política exterior de Estado ­el consenso aquí dentro- para implantar la política exterior de afinidades ideológicas. Entre otros con Kirchner. O la República Arabe Saharaui. Parece claro que es hora de admitir que la política exterior de afinidades ideológicas ha sido un completo fracaso.

La deriva en este estado de inocencia del gobierno deserta de cualquier planteo lúcido. A nadie en el gobierno se le ha ocurrido, por ejemplo, proponer una mediación seria, de manera que en su lugar se está produciendo una escalada por omisión. No se valora tampoco que el Uruguay daría andamiento a una solución si obligara a las empresas de celulosa a ser más explícitas y asumir más compromisos, saliendo ellas de una ambigüedad de información que es toda una política explícita.

Todos los uruguayos estaremos siempre, sin embargo, en este conflicto detrás del gobierno. Lo que precisamos es que el gobierno no se quede atrás de los uruguayos.

(*) Periodista, ex senador del Partido Colorado