Por cuestiones del momento

La extradición a Chile de tres oficiales del Ejército involucrados en el secuestro de Eugenio Berríos ha suscitado una serie de pronunciamientos sobre los que vale la pena detenerse y opinar.

Dejo de lado las declaraciones de los círculos y centros militares. No porque carezcan de importancia, sino porque las diferencias dentro de la izquierda son en este momento más preocupantes.

 

1 El Senador E. Fernández Huidobro (EFH) dice que los oficiales pedidos por la Justicia chilena son subalternos, que cumplían órdenes. Que procesarlos es una forma encubierta de eludir el compromiso de procesar a sus mandos, los verdaderos responsables, es decir los oficiales superiores que dieron las órdenes de actuar junto a los militares chilenos, cuando fue secuestrado Berríos.

 

2 El senador EFH dice que cuando la Suprema Corte decide hacer lugar a la extradición a Chile, esta actitud desconoce que el Juzgado de Pando había interrogado a los oficiales acusados, decidiendo archivar el expediente por no existir pruebas que los incriminaran.

 

3 EFH dice que la extradición sería una revancha, un acto de ensañamiento por tratarse de militares, un Plan Cóndor al revés y que los oficiales acusados serían «presos políticos».

 

4 EFH y también otros dirigentes del MPP han opinado que el episodio configura un quebrantamiento de la soberanía uruguaya. Sostiene que habría más bien que traer a los chilenos para juzgarlos acá ya que ellos delinquieron en Uruguay.

 

5 Queda sin saberse qué opinan estos compañeros sobre la circunstancia que, 14 años después del secuestro y 11 después de la aparición del cadáver de Berríos, el juzgado de Pando no haya resuelto ningún procesamiento.

Es decir, la ausencia de un proceso judicial a fondo acerca de la responsabilidad del Ejército en el episodio Berríos sería, para el compañero EFH la «razón» por la cual la extradición no se justifica.

 

6 El lenguaje empleado intenta presentar la defensa de los militares como una acción «desde abajo» y una intervención «justiciera».

El estilo es el de la denuncia ante «la existencia de chivos expiatorios sacrificados para salvar a los de arriba».

Los oficiales serían «capitancitos», «perejiles», «víctimas» de la cobardía de algunos, del sentimiento de venganza de otros o de una conspiración urdida en Chile.

 

7 Primera paradoja: esas denuncias son formuladas por un senador del gobierno, presidente de la Comisión de Defensa del Senado e integrante de la mayoría parlamentaria. ¿Qué medidas propone para asumir desde la comisión que preside o desde la mayoría que integra o desde el ministerio que respalda?

O, después de presentar una defensa enconada de los tres oficiales acusados, ¿el senador de la mayoría le propone al país la resignación, revivida ahora con un gobierno de izquierda, ante el mantenimiento de la impunidad de los mandos que les dieron las órdenes?

O sea que todo el alegato del Senador EFH debe entenderse sobre la base que Aguerrondo y los responsables de los servicios de inteligencia militar que coordinaron con Pinochet siguen siendo tan intocables hoy como cuando gobernaban blancos y colorados. ¿Es ese el mensaje?

 

8 El crimen de Berríos y las circunstancias que lo rodearon fue un asunto discutido muchas veces en el Frente Amplio. En Congresos, Plenarios, Mesas Redondas, libros y artículos periodísticos. Siempre se analizó, acertadamente, como una muestra rezagada y capciosa de la coordinación represiva montada en los años 70 y conocida como Plan Cóndor. Una expresión de la complicidad de los gobiernos blancos y colorados con el mantenimiento de esa y de todas las impunidades.

El esclarecimiento de la operación Berríos formaba parte, según ese contexto de análisis, de la lucha contra la impunidad y se inscribía en el proceso de profundización de la democracia que estaba en el orden del día de un gobierno popular. Profundizar la democracia es decir eliminar de las instituciones del Estado los elementos residuales de la normativa, los valores y las doctrinas del periodo dictatorial.

Durante años, congreso a congreso –el último fue el de diciembre de 2003– se discutieron y se aprobaron mociones que señalaban la necesidad de depurar las Fuerzas Armadas. Depurarlas, entre otras cosas, de los mandos comprometidos con los hechos y con el pensamiento de la dictadura.

 

9 La denuncia de la impunidad y la lucha por terminar con ella siguen siendo un problema importante para la democracia uruguaya. La actitud del Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, ha sido clara en el respeto a lo decidido por la Suprema Corte de Justicia.

Al mismo tiempo, los defensores de la impunidad han intentado, sin éxito, presionar a la Presidencia para que actúe impidiendo que Uruguay cumpla con el Tratado de Extradición suscrito con Chile.

Tras la defensa a ultranza de los militares ahora requeridos, en nombre de los intereses de la familia militar anida un soporte permanente a la impunidad en toda la línea.

La imposibilidad legal de juzgar a los militares de la dictadura ¿es o no un problema? La impunidad ¿es o no una traba para la democracia?

A la existencia de una ley de caducidad que bloquea la actuación de los magistrados en los casos más importantes y que más han conmovido a nuestro pueblo, como el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, los secuestros de Orletti, la desaparición de María Claudia García y el robo de su hija, hay que sumar todo lo que los gobiernos blancos y colorados agregaron a la ley.

Una verdadera cultura de la impunidad que amplifica el contenido de la ley, tanto en el tiempo como en el espacio y que se saltea las pocas, casi ínfimas, garantías que contenía el texto de la ley aprobada en 1986, como el artículo 4º al que ni Sanguinetti ni Lacalle ni Batlle dieron cumplimiento efectivo.

 

10 Analizamos los hechos desde el punto de vista histórico del FA, de lucha contra la impunidad.

En tren de «denuncias justicieras», asumir la defensa de los oficiales acusados en Chile, es saltearse el hecho que, en función de la ley de caducidad y del predominio de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la ausencia de justicia por los crímenes de la dictadura es lo que caracteriza al Uruguay que el gobierno progresista ha heredado en materia de Derechos Humanos.

Así lo han entendido y lo entendemos varias organizaciones sociales y políticas que impulsamos la anulación de la Ley de Caducidad, en el entendido que la impunidad es una traba seria para la democracia y que unas Fuerzas Armadas que no han pasado por un proceso de depuración no son las que el país necesita.

 

11 Resulta difícil saber adónde conduce el rezongo opositor cuando se está en el gobierno. En todo caso, en el terreno de la Defensa y la cuestión de las FFAA, el gobierno del FA tiene mucho para hacer. Son necesarios foros y coloquios. Pero sobre todo ideas claras. No le han faltado al Frente Amplio ni a sus comisiones especializadas en el tema. Y, siendo esa la línea definida, no se ven las razones para cambiarla.

Como se puede concluir, las diferencias de opinión acerca de las extradiciones forman parte de un paquete más amplio de divergencias que iremos discutiendo en el FA. Mientras tanto, todos, en el gobierno, el Parlamento o en el debate público, deberíamos atenernos a lo que hasta ahora tiene resuelto democráticamente nuestra fuerza política.

Lo otro es alimentar confusiones. *

 

(*) Ex diputado, editorialista.