La sensibilidad social del gobierno

Numerosas empresas y familias de nuestro país sufrieron intensamente la crisis que se precipitó en el año 2002. La mayoría de ellas venían golpeadas por una política que, a través de sucesivos gobiernos, provocó una profunda crisis del sector productivo, en particular de los sectores agropecuario e industrial, la reducción de los salarios y pasividades, a la vez de un importante aumento del desempleo abierto y un incremento devastador de la pobreza.

Desde que asumió, el gobierno progresista debió enfrentar el problema del endeudamiento interno, buscando soluciones a problemas diversos que tenían un denominador común: los deudores no estaban en condiciones de enfrentar la situación, por falta de rentabilidad del sector productivo o por disminución de los ingresos de las familias. El no pago de las obligaciones fue una conducta que se multiplicó: unos, los más, por no estar realmente en condiciones de cumplir, pero también otros, los avivados de siempre, esperando que se establecieran condiciones más ventajosas. Corresponde recordar que en febrero de 2005 existían setenta mil deudores atrasados de más de dos mil dólares con el sistema financiero, por un monto de 2.813 millones de dólares, de los cuales veinte mil, por 1.369 millones, correspondían al BROU, y casi treinta mil a los bancos liquidados y Cofac, por otros 718 millones de dólares.

Los criterios para refinanciar las deudas

Numerosos organismos públicos han encarado seriamente el tema, y con criterios similares impulsaron políticas de refinanciación tendientes a generar las condiciones para el pago de las deudas. Partiendo de una base de justicia con el que ya pagó, aún haciendo los mayores esfuerzos y sacrificios. Pero buscando que todo deudor que mantiene voluntad de pago obtenga condiciones mínimas para resolver sus problemas.

Los criterios que se han aplicado por parte de los distintos organismos -fundamentalmente BROU, BHU y BPS- son en esencia muy similares: se trata de recalcular el monto adeudado, estableciendo reducciones en las tasas de interés aplicadas, que pueden incluir la no aplicación del interés de mora, la eliminación de multas y recargos, quitas por pagos al contado, y ampliación de los plazos para disminuir el monto de la cuota.

Con esos criterios, se aprobó recientemente una ley de refinanciación de adeudos con el BPS que ha comenzado a implementarse con éxito, con más de cuatro mil convenios firmados a la fecha por unos 15 millones de dólares, poderosa herramienta que integra una acertada política de regularización, inclusión social y formalización.

El Banco Hipotecario ha estructurado un plan de refinanciación para su cartera de deudores, con diversidad de opciones. En particular le ha propuesto a Fucvam pautas de refinanciación que toman muchos de los reclamos históricos del movimiento cooperativo. El sistema cooperativo por ayuda mutua tiene obligaciones, por saldos de préstamos y colgamentos, por un total de 360 millones de dólares, y por cuotas vencidas de 57 millones. Los saldos totales -incluidas esas cuotas vencidas, que se trasladan al final sin multas ni recargos- serán refinanciados y subsidiados al 2% de interés anual en UR. En las categorías mínima y económica las cuotas también serán subsidiadas si el 20% de los ingresos familiares no alcanza a cubrirlas. No se debe omitir, además, el terrible esfuerzo de la sociedad para sanear al BHU, que ha costado en cinco años unos 1.500 millones de dólares, más que los cuatro bancos quebrados en 2002.

El BROU, directamente o a través de fideicomisos ha resuelto un importante porcentaje de su morosidad. En relación con el sector agropecuario, cuya problemática es la que más difusión tiene por los medios de comunicación, se están flexibilizando las pautas en vigencia (que han resuelto la situación de numerosos deudores) estableciendo un sistema de franjas para los pequeños productores con deuda de hasta 15 mil dólares y desde esta cifra hasta 30.000. Y ya nadie discute la necesidad de seguir adelante hasta la ejecución, si es necesaria, en los juicios de los contumaces, un selecto grupo de deudores profesionales que sin nunca haber pagado nada, y gracias a sus contactos en los sucesivos directorios, renovaban e incluso ampliaban sus líneas crediticias con absoluta impunidad.

Los reclamos sectoriales y el corporativismo

Una solución real y justa a la problemática del endeudamiento interno de todos los sectores no se conseguirá sin la necesaria sensibilidad social para la comprensión de sus causas y de la angustiosa realidad de tantos uruguayos. Pero tampoco se puede lograr si no se prioriza el interés general. No hay nada peor para la buena resolución de los problemas que las reacciones corporativas. Los distintos sectores de deudores operan como grupos de presión, como víctimas de una situación, con amplia difusión en sus demandas, y cuando éstas no son contempladas califican de insensible al gobierno. Aunque cueste enfrentar las presiones y la acción de los lobbys, quienes ocupamos cargos de gobierno debemos estar comprometidos con el bien común, el de toda la ciudadanía. Con lamentable frecuencia esto se olvida, aún por muchos bienintencionados que aspiran a que se les dé satisfacción a todos los reclamos sectoriales.

Los intereses generales, los intereses difusos de la sociedad, habitualmente no tienen defensores ardientes, dispuestos a salir a ocupar organismos públicos o a cortar el tránsito. Es la tarea del gobierno su defensa, explicando las nefastas consecuencias de los atajos facilistas y demagógicos que arrancan aplausos de la tribuna, pero satisfacen a pocos en detrimento de muchos. Esta defensa se debe realizar con el necesario equilibrio y ponderación, sin caer en los dogmatismos a los que nos tenían acostumbrados gobiernos anteriores. Hay que realizarla proponiendo fórmulas que contemplen las posibilidades de pago reales.

La sensibilidad social del gobierno

Si examinamos seriamente lo que ha hecho el gobierno, nadie puede negar que uno de los motores de su gestión es la sensibilidad social, la que se ha expresado una y otra vez. Todo el plan de emergencia es un colosal esfuerzo destinado a los sectores de pobreza extrema, a los olvidados de siempre. La redistribución del gasto priorizando la educación, la salud, la justicia y la seguridad ciudadana, la política de recuperación salarial pública y privada, los ajustes diferenciales para las pasividades más sumergidas, el apoyo a la inversión productiva para generar empleo son buenos ejemplos de lo dicho. Por sensibilidad social discutimos la reforma tributaria y analizamos su impacto en trabajadores y pasivos de ingresos bajos o medios, y aprobamos leyes, o lo haremos, de libertad sindical, empleadas domésticas, cooperativas sociales, penalización de la usura, igualdad racial, equidad de género, sistema de salud, turismo social o reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.

Pero no caigamos en la confusión de creer que sensibilidad social es decir a todo reclamo que sí, sin medir los costos que esas concesiones tienen en la capacidad de acción futura del Estado a través de sus distintos organismos. La refinanciación de las empresas o de las familias no equivale a un "perdonatutti". Eso sería socializar las pérdidas, como tantas veces; limitar las capacidades del Estado para desarrollar políticas de apoyo a la producción y políticas sociales para atenuar la pobreza y la marginalidad y promover la inclusión social.

Sensibilidad social tampoco equivale a partidizar el drama social. Algunos políticos de oposición, con descarado espíritu electoral y pronunciada agresividad, todos los días plantean renuncias o concurrencias de ministros al Parlamento. Esta práctica es funcional a los shows mediáticos, pero daña a las instituciones democráticas y bastardea el debate político. Somos respetuosos de los procedimientos constitucionales de control de la gestión gubernamental, pero no se debe incurrir ni en excesos ni en frivolidades. *

(*) Senador