En una reunión mantenida este jueves en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes la Asociación de Jubilados de la Caja Notarial defendiendo la posición del sector pasivo y en base a una estrategia no pactada, adelantó que podrían "presentar un recurso de inconstitucionalidad" ante la Justicia por considerar que las jubilaciones y pensiones no son una renta de acuerdo al artículo 67 de la Constitución; allí se menciona que las jubilaciones y seguros sociales no pueden sufrir descuentos. Incluso en caso de aplicarse esta reforma, realizaría "acciones civiles" para que se compense lo que se hubiera descontando.
La Organización de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) -que nuclea a pasivos del BPS- y la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales Universitarios aclararon ayer que si bien se discutieron estas medidas en la interna, no la consideran una "opción válida", ya que están "dispuestos a abonar el impuesto", y quizás haya además un "problema de nombres, entendiendo a esta reforma como un impuesto a la retribución personal y no a la renta".
Asimismo, Manuel Saa, presidente de la Asociación de Profesionales Universitarios, dijo que el monto .820 surge de la canasta básica familiar para dos personas, "pero consideramos que debe estar sujeto a la cantidad de miembros que integran la familia". Además, es necesario que se "admita una deducción por gastos de salud y supervivencia del 15% de los ingresos brutos; aplicando una alícuota única del 10% para los ingresos gravados, sin franja como el actual IRP a los pasivos. Esta propuesta es en acuerdo y de aplicación a todos los institutos de seguridad social del país".
Por su parte, Sixto Amaro, secretario general, afirmó que
"nosotros no estamos para aplaudir lo que hace el gobierno ni tampoco para hacerle
caldo gordo a los partidos tradicionales, responsables directos del hambre y la miseria
que rodea a las familias de los jubilados y pensionistas", remitiéndose a lo
trascendido sobre lo acontecido en la Comisión de Hacienda.
Algunos parlamentarios e incluso importantes sectores del gobierno han dicho que están
dispuestos a elevar el mínimo imponible a seis y media Bases de Prestaciones
Contributivas (BPC), esto es .360. "Lo que afectaría a todos los pensionistas y
alrededor de un 75% de los jubilados", explicó Amaro.
Este jueves se reunieron las filiales de Montevideo y Canelones de la Onajpu y expresaron los matices en la gestión del gobierno en materia de seguridad social.
Amaro afirmó que evaluaron como "insuficientes" los esfuerzos del Poder Ejecutivo en particular cuestionó la falta de "voluntad política" del gobierno para otorgar a partir de agosto un aumento de 3% a cuenta del incremento que se les concederá en enero del próximo año, suba que rondará el 10%. No obstante, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sostuvo que respetará lo acordado y que recién a partir del 1º de setiembre se otorgará el incremento del 3%, dado que la inflación no alcanzó el 5% en el mes de agosto -condición necesaria manejada por la cartera-. *
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