La investigación fue seleccionada a partir de una convocatoria pública realizada a través de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. El equipo de investigadores estuvo integrado por calificados profesionales del Departamento de Economía y el Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales.
El informe menciona que las remuneraciones son menores y los motivos se remontan a la vida activa dado que la mujer realiza mayores interrupciones vinculadas a la familia y el hogar. Al mismo tiempo se ve más afectada por el desempleo, aunque la informalidad laboral es más o menos igual que en el caso del hombre. No obstante, en algunos casos las mujeres acceden a pensiones a la vejez, pero acarrean una serie de desventajas, ya que éstas son menores que una jubilación común y se alcanzan a mayor edad. Por otra parte, la pensión por sobrevivencia (viudez) viene disminuyendo su papel con el aumento de la incidencia del divorcio. Respecto a la reforma de la Seguridad Social producida en 1996 que habilitó a un sistema mixto y produjo un aumento de 30 a 35 años de servicio para acceder a la jubilación y equiparó la edad mínima de jubilación común y avanzada entre el hombre y la mujer; lo que implicó el aumento de 55 a 60 años y 65 a 70 años para las mujeres.
Como puntos a ser considerados a la hora de proponer políticas sociales la investigación mencionó las opciones de tomar medidas indirectas en el propio mercado laboral adoptando iniciativas que disminuyan la segregación ocupacional y discriminación salarial; para ello se podría aumentar la participación laboral femenina facilitando la combinación de trabajo remunerado y con el cuidado de la familia. Asimismo, sugirieron aumentar el monto de la pensión a la vejez y o disminuir la edad de acceso.
Las medidas directas podrían incluir protección de períodos de interrupción vinculados a cuidar niños y adultos mayores, como del estilo de la licencia por maternidad. También podría contemplarse la posibilidad de compartir las contribuciones generadas durante la vida en común con la pareja.
La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi manifestó que "esta investigación es el cumplimiento de los compromisos adquiridos el 8 de marzo de 2005, cuando apenas asumió el gobierno; allí cada ministerio se propuso una medida, el MEF tomó esta investigación hoy (por ayer) presentada como una hipótesis de trabajo. Pero para nosotros que decidimos políticas a corto y largo plazo, significa poder pensar políticas sociales permanentes, que tengan la mirada de género porque los datos son indiscutibles: 'la pobreza tiene cara de niño y niña y cara de mujer'". Carmen Beramendi, directora del Instituto Nacional de la Mujer en su alocución dijo que "en la sociedad uruguaya existe un continuismo dado que son las mujeres las que siempre han recibido un ingreso menor". Las mujeres son las que están más representadas están en el sector pensiones del BPS, pero a su vez constituye el sector minoritario en el sistema de previsión social. Aún cuando llega a jubilarse el monto es comparativamente menor al hombre. No obstante, la mayoría de las mujeres desconoce los derechos sociales de las mujeres".
Por su parte el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori consideró que este estudio "suministra información a un gobierno que podrá definir medidas que apunten a los logros indiscutibles como por ejemplo una debida pensión, y medidas que apunten a mejorar la igualdad de oportunidades".
Asimismo, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social Jorge Bruni expresó que "en el mundo del trabajo se aprecia discriminación, segregación, desigualdad, y se observa esa diferencia en el acceso al trabajo, estos temas se acentúan notoriamente en el caso de la mujer.
El mundo del trabajo, es un mundo donde vemos todas estas características a diario, por ejemplo ¿que representatividad tienen las mujeres en los Consejos de Salarios?, cero. La presencia masculina es brutalmente abrumadora". Bruni añadió que ocurre lo mismo desde el punto de vista sindical.
Mirna Martirena, miembro del equipo de representación del orden pasivo en el BPS, dijo a LA REPUBLICA que "la edad máxima de jubilación debería ser de 55 años con 30 años de servicio. En definitiva, facilitar la jubilación y apurar la incorporación del ama de casa al sistema de Seguridad Social, como ya establece un proyecto de ley". Relacionó la pérdida de derechos a la falta de trabajo y por ende la disminución en la recaudación. *
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