Los torturadores también lloran

El olvido es una institución central en la creación de todo tipo de mitos. Sobre el olvido se levantan estatuas y monumentos que el tiempo petrifica y hace intocables. Bajo la sombra de estas estatuas agoniza la reivindicación de las víctimas. Un ejemplo viejo en nuestro país es el genocidio indígena, que para muchos es políticamente inconveniente reconocer.

Por razones obvias de la mitología nacional. Tampoco se ha escuchado el arrepentimiento público de aquellos altos sacerdotes que bendecían las armas del dictador Videla antes de aplastar a su pueblo; o de aquellos otros sacerdotes que legitimaron de forma diversa y abundante las dictaduras de este lado y del otro del Río de la Plata. Ni de aquellos médicos que colaboraron en sistemáticas sesiones de tortura.

No esperamos un arrepentimiento de los criminales para humillarlos. Ellos se humillaron solos. Pero no reclamen olvido ni perdón si ni siquiera han tenido la valentía de arrepentirse de los crímenes más bajos que conoce la humanidad.

En 1979 Mario Benedetti publicó en México la breve obra de teatro Pedro y el capitán. Si bien no puedo decir que sea lo mejor de Mario, desde un punto de vista estrictamente literario –suponiendo que en literatura puede existir algo «estrictamente literario»–, nos sirve como testimonio político y cultural de una época: el torturador de guantes blancos le saca la capucha a su víctima y le confiesa: «Hay algunos colegas que no quieren que el detenido los vea. Y alguna razón tienen. El castigo genera rencores, y uno nunca sabe qué puede traernos el futuro. ¿Quién te dice que algún día esta situación se invierta y seas vos quien me interrogue?» Existen otras predicciones en la obra de Benedetti, pero me las reservo por pudor ante el reciente suicidio de uno de los militares citados por la justicia. No obstante, el torturador de Pedro reconocía que semejante posibilidad era improbable: los terroristas de estado habían tomado sus medidas.

Sin embargo, en dos cosas se equivocaron quienes pensaron así: primero, no es posible la impunidad perfecta; segundo, quienes hoy interrogan a estos monstruos de nuestra civilización gozan de todas las garantías de un juicio con defensa, sin apremios físico y sin amenazas a sus familiares –el punto más flaco de aquellos que soportaron la tortura hasta la muerte.

La única tortura de hombres –por llamarlos de alguna forma– como teniente coronel José Nino Gavazzo, como el coronel Jorge «Pajarito» Silveira, como el coronel Gilberto Vázquez, como el coronel Ernesto Ramas, como el coronel Luis Maurente, y como los ex policías Ricardo «Conejo» Medina y José Sande Lima, es la exposición pública de su falta de dignidad, ya que descartamos algún tipo de remordimiento.

Otra obra de teatro expresó esta condición. En La Muerte y la Doncella (1992) Ariel Dorfman reflexiona en voz de uno de sus personajes. Paulina, la mujer violada que reconoce en un médico a su torturador, planea un juicio clandestino y en un momento lo amenaza: «Pero no lo voy a matar porque sea culpable, Doctor.

Lo voy a matar porque no se ha arrepentido un carajo. Sólo puedo perdonar a alguien que se arrepiente de verdad, que se levanta ante sus semejantes y dice esto yo lo hice, lo hice y nunca más lo voy a hacer.» El supuesto torturador finalmente es liberado para convivir entre sus víctimas. No pongo un ejemplo real; pongo un ejemplo verosímil que incluye a miles de ejemplos reales.

Esta obscena convivencia de víctimas y victimarios ha contaminado el alma de nuestras sociedades. Ni la muerte ni el encierro de los pocos asesinos ancianos que quedan resuelven nada por sí mismo. Pero el valor de la justicia es siempre absoluto.

En nuestro caso, al menos, bastarían cualquiera de dos razones: primero, la impunidad es una afrenta moral para las víctimas y el peor ejemplo para el resto de la sociedad; segundo, sin verdad, la sospecha y el prejuicio se arroga el derecho de (pre)juzgar por igual a todos los que parecen iguales, por alguna arbitraria o circunstancial condición, como puede serlo el simple hecho de pertenecer o haber pertenecido al ejército. Quienes están libres de culpa deberían ser los primeros en sumarse al reclamo universalmente legítimo del resto de la sociedad. O resignarse a la vergüenza propia y ajena.

Seis militares y dos policías uruguayos han sido enviados a prisión por la desaparición de una sola persona en un país vecino. Sin duda es una muestra desproporcionada. Pero algo es algo y si las leyes del pasado deben pesar a las nuevas generaciones, deberán ser los historiadores que se pongan al hombro el trabajo que nunca pudieron realizar los jueces en cualquier democracia mínima. Como bien ha sugerido el gobierno actual de Tabaré Vázquez, no habrá una «historia oficial». Este acierto de una democracia madura, es una posibilidad que no es considerada por la imaginación de aquellos que se indignan cada vez que un profesor da su versión de los hechos históricos más recientes.

¿Qué prefieren, el silencio cómplice? ¿O tal vez la versión única, «oficial», de viejos terroristas de estado? ¿ O la ingenua y maquiavélica dialéctica del «yo sé lo que digo porque lo viví»? (como si no hubieran tantas experiencias opuestas de un mismo hecho, tantos «yo sé lo que digo» contradictorios de personas que vivieron en un mismo tiempo).

Aunque los nuevos historiadores –considerados en toda su diversidad social– no tengan el poder de administrar el castigo, con la verdad ya tendremos casi toda la justicia que reclamamos aquellos que perdimos en 1989 la lucha contra la Ley de Impunidad; la verdad que reclaman las nuevas generaciones que deben sufrir de nuestros antiguos traumas, porque la historia no es eso que está en los «textos únicos» sino las ideas y las pasiones de los muertos que sobreviven, inevitablemente, para bien y para mal, en los vivos.

Aunque los autores de un terrorismo organizado en todo un continente paguen por la desaparición de una sola persona y no la muerte y la tortura de miles, algo es algo. Porque de esa forma, al menos, derogamos la vieja costumbre según la cual un ladrón de gallinas iba irremediablemente a la cárcel mientras que los genocidas siempre resultaban absueltos –como si en el mercado del crimen hubiese siempre descuento para mayoristas. Algunos militares deberían agradecer que todavía pueden hacer discursos públicos en protesta contra quienes reclaman la verdad.

La valentía que la mayoría de ellos nunca pudo poner a prueba en ninguna guerra –excepto en sesiones de tortura y violaciones de mujeres–, resurge con todo el orgullo de la impunidad. Disfrutan de un derecho que le negaron violentamente a un país durante más de una década; y estratégicamente se lo siguieron negando veinticinco años más. Hasta hoy.

Un derecho que les sirve para protestar por lo que entienden es una «provocación», un peligroso «revisionismo», una incómoda recordación, una afrenta a la Institución. Un derecho que les sirve para demostrar que todavía no entienden nada, o no quieren entender. No entienden que en una democracia mínima no se puede vivir sin revisar el pasado, sin exigir la verdad y la justicia –según una justicia mínima. Todavía no entienden o no quieren entender.

Se equivocan, por otro lado, quienes creen que estos horrores no volverán a repetirse. Eso ha creído la humanidad desde mucho antes de los césares. Desde entonces, la impunidad no los ha impedido: los ha promovido, cómplice con la cobardía o la complacencia de un presente aparentemente estable y una moral aparentemente confortable. *

(*) Escritor uruguayoThe University of Georgia, setiembre 2006.

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