La Historia dijo presente

Agradezco a la vida por haber sido testigo, víctima o decidido protagonista, según el caso, de dos ciclos de época que integran un solo proceso histórico de más de 33 años: uno de negación y justicia, que protagonizó el golpe de Estado de Juan María Bordaberry el 27 de junio de 1973 y culminó con su procesamiento el 16 de noviembre de 2006. Y otro de afirmación, esperanza y construcción, que se inició con la fundación del Frente Amplio el 5 de febrero 1971 y culminó con la victoria electoral del 31 de octubre de 2004. Lamento que el gran protagonista, víctima del oprobio y forjador de la victoria, el general Líber Seregni, no haya podido presenciar y participar del final de ambos ciclos.

En efecto, la semana pasada, en un fallo histórico, la Justicia dispuso el procesamiento y la prisión de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco como coautores de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, compatriotas secuestrados y asesinados en Buenos Aires. Fue necesario que pasaran tres decenios, que finalizara la dictadura que los tuvo como protagonistas de primera línea (nada menos que como Presidente de la República y Ministro de Relaciones Exteriores) y cuatro gobiernos democráticamente electos, para que la Justicia pudiera exigirles cuentas por su responsabilidad en aquellos crímenes.

No me parece adecuado hablar de celebración por la prisión de los procesados; más allá de la impactante emoción que despierta tamaño acontecimiento, considero que la decisión judicial debe conformarnos en el sentido de ver que nuestro Poder Judicial, liberado del cerrojo que significó la aplicación indiscriminada y abusiva de la Ley de Caducidad, estuvo a la altura de sus responsabilidades. Porque la existencia de dicha ley y su aplicación maximalista bloqueó durante largo tiempo todas las posibilidades de avance hacia la Justicia. La llamada Ley de Caducidad fue una ley perversa, condenable desde todo punto de vista, tanto jurídico como ético, que subordinó la acción de la Justicia a la decisión del Poder Ejecutivo de turno. Pero como en su momento se desestimaron (en decisiones muy cuestionables) los recursos de inconstitucionalidad presentados y luego fue ratificada por un referéndum, la hemos respetado mientras esté en vigencia. No obstante lo dicho, siempre resultó inadmisible que los sucesivos Poderes Ejecutivos la hayan aplicado sin considerar siquiera los límites que su propio texto establece en forma explícita.

El Presidente Vázquez modificó el criterio de hacer caer cualquier cosa dentro de su alcance, y comenzó a aplicarla adecuadamente, ya que esos límites están previstos en la misma ley pero nunca antes fueron respetados. De esta forma el Poder Judicial pudo actuar, porque algunos de los crímenes fueron en el exterior, otros constituyen delitos continuados o tuvieron una finalidad económica, y se encuentran excluidos de la caducidad al igual que los civiles y los mandos. Y con las garantías adecuadas, investigar y pronunciarse sobre los atropellos cometidos. Los resultados están a la vista: ocho de los integrantes del "equipo de tareas" más duro, el que actuó en Orletti y en otros centros clandestinos de detención, vinculado a los peores crímenes (incluso económicos) han sido procesados y están presos. Ahora se incorporan las cabezas políticas, Bordaberry y Blanco, a esta infame lista.

La responsabilidad de Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco sobre los homicidios de Zelmar, del "Toba" y de los otros dos compatriotas mencionados va más allá de los autores materiales, incluso del móvil último. Refiere a la responsabilidad institucional del Presidente de la República, mando superior de unas Fuerzas Armadas devenidas en aceitada maquinaria sin fronteras dedicada al exterminio de opositores a través de la aplicación sistemática del terrorismo de Estado. Una maquinaria que se dedicó al espionaje y hostigamiento de los dos legisladores asesinados (a los que se les bloqueó la documentación necesaria para viajar), al igual que de muchos otros opositores exiliados. Más allá de si hubo una orden explícita y de quién apretó el gatillo las responsabilidades institucionales existen. La intencionalidad política de los homicidios rompe los ojos, y si fuera poco evidente fue confirmada por el entonces Presidente Sanguinetti cuando en el año 1989 consideró comprendido el caso en la Ley de Caducidad.

Con respecto al canciller de la dictadura, hay abundante prueba documental de cómo transformó su ministerio en una pieza del aparato de inteligencia y represión sin fronteras que la "internacional de las espadas" armó en la región. Debemos destacar y agradecer la búsqueda metódica que encaró el profesor Oscar Destouet en el Archivo del MRREE, sacando a luz importante prueba documental irrefutable de cómo el servicio exterior estuvo al servicio de la persecución de compatriotas en el exilio, pruebas que estuvieron todos estos años durmiendo sin que nadie se preocupara de ubicarlas. Ahora, la revisión sistemática de los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores ha dejado al descubierto la forma en que la diplomacia actuó como un instrumento al servicio del Plan Cóndor y cómo los anteriores gobiernos no se molestaron en analizar un conjunto de información donde existían pruebas concretas. También debemos agradecer los uruguayos la tenacidad, inteligencia, el apego al derecho y a la justicia, de fiscales y jueces. En particular, de la fiscal Mirtha Guianze, que podrá no obtener una venia del Senado pero que ha conquistado un lugar en la memoria de los patriotas.

Los procesamientos dictados tienen importantes consecuencias. Confirman el carácter cívico-militar que tuvo la dictadura; hacen patente la condición de coautores de la dictadura y sus crímenes de muchos personajes que ocuparon importantes cargos en ella, personajes con vinculación anterior a los partidos tradicionales, vinculación que en algunos casos mantuvieron posteriormente.

Este proceso de esclarecimiento en la atribución de responsabilidades confronta directamente con cierta interpretación que intenta cargar todas ellas en un grupo de militares golpistas, eximiendo de culpa a los civiles que la propiciaron y participaron en primera línea. Consecuentemente, para quienes la sustentan los cimientos de la "pacificación" son el silencio y el ocultamiento, cuando no la tergiversación del pasado. El conocimiento de los hechos y la actuación de la Justicia, en lugar de verse como logros de la democracia, se presentan como formas de venganza y desestabilización.

Cuando ya estaba el pedido fiscal de los procesamientos y éstos se veían venir, se desató una operación multimediática para presentar estos crímenes como hechos de índole absolutamente policial, sin contenido político, con el evidente propósito de aliviar la situación de los gobernantes de la época que edificaron el cerco en torno a nuestros compatriotas y generaron las condiciones para su asesinato. Pero así como pudo sortear anteriores emboscadas y tropiezos, la verdad y la justicia superaron esta operación de desmemoria y falsificación del pasado. Tras un largo y espinoso camino, también al Uruguay le ha llegado la hora de la verdad y la justicia. *

(*) Profesor, senador