La reforma del Estado y las empresas públicas

La concepción neoliberal, que tuvo mucha fuerza en la región latinoamericana en la década del 90, busca debilitar el papel del Estado en el proceso económico. Se intentó limitar y a veces eliminar sus funciones de productor y acumulador. Se proponía que las empresas públicas sólo actuaran y participaran en aquellas actividades económicas donde el sector privado no tenía interés. El Estado debería cumplir un papel subsidiario en el proceso económico y especialmente de apoyo a las actividades que desarrollara el sector privado.

En notas anteriores hemos fundamentado la necesaria presencia del Estado como productor, acumulador y conductor del proceso económico para alcanzar objetivos de integración y cohesión social y, por lo tanto, de equidad e igualdad.

La izquierda siempre combatió los procesos de privatizaciones, especialmente en los sectores estratégicos de la economía. En 1989 escribíamos sobre el papel de las empresas públicas en un modelo alternativo: «Los criterios básicos para definir las áreas de acción de las empresas estatales son:

Áreas de reserva por criterios de soberanía, donde debe mantenerse la presencia de empresas estatales como los monopolios de hecho y rubros como, por ejemplo, la energía eléctrica, los combustibles y las actividades bancarias.

Un segundo criterio para la presencia de empresas estatales en la actividad productiva surge de elementos estratégicos, de los requerimientos de la propia estrategia económica. Por ejemplo, actividades que permitan la incorporación, adaptación y creación tecnológicas pueden requerir la presencia de empresas estatales y/o mixtas o en otras áreas que se consideren de carácter estratégico.

Nuevas actividades para empresas estatales en ramas portadoras de progreso técnico pueden surgir de las nuevas formas de cooperación económica con otros países de América Latina y en especial con los países vecinos. Es factible que el Estado pueda llevar adelante empresas multinacionales o binacionales, que también pueden ser mixtas, de carácter productivo a los efectos de lograr la complementariedad industrial. Pueden ser necesarias empresas estatales multinacionales para cumplir determinadas actividades financieras o para actividades comerciales, en especial de colocación de rubros de exportación.

Los elementos de transformación del aparato del Estado se vuelven indispensables para que estas actividades, en el ámbito de la producción, la comercialización y los servicios sean suficientemente eficientes para cumplir con los objetivos nacionales.

Desde este punto de vista, la gestión con participación de los funcionarios de las empresas, de los usuarios de los servicios que se prestan y de todo otro interesado en estas actividades, se vuelve extraordinariamente relevante en una sociedad como la uruguaya, a los efectos de asegurar la eficiencia y los objetivos nacionales.» ¹

En 1996 agregábamos: «Las empresas públicas deben tener espíritu empresarial y flexibilidad e igualdad de acción con las empresas privadas. Ello significa cierto grado de autonomía en las ganancias para su reinversión, la fijación de precios y tarifas para atender sus objetivos y el de los usuarios y consumidores; un régimen de compras y de remuneración de personal que le permita competir y otorgar los estímulos y motivaciones necesarios para sus funcionarios.» ²

Si analizamos la situación actual, es evidente que en los sectores estratégicos la participación del Estado es central. En los casos de monopolios naturales o de hecho es mucho más conveniente una empresa del Estado que una empresa privada. Pero siempre es mejor alcanzar la libre competencia, para lo cual las empresas públicas tienen que lograr condiciones de competitividad, lo que requiere cambios legislativos que les permitan tener igualdad de condiciones con el sector privado y mejoras sustantivas en la gestión. Sobre ello analizábamos en 2004: «La gestión de las empresas públicas es uno de los grandes desafíos para un gobierno de izquierda. La dirección política de las mismas debe ser compatible con los conocimientos técnicos indispensables para cumplir dichas funciones. Esto requiere cambios significativos en la actual conducción ­basada en cuotas políticas con acceso de directores que no están mínimamente capacitados para cumplir sus funciones­. Las empresas públicas deben prepararse para competir, para la reducción de costos afectados por la burocratización vinculada a la política de clientela de los partidos tradicionales y para el suministro adecuado de bienes y servicios públicos. Los cuadros gerenciales deben ser ejercidos por los más capaces, por los más aptos con independencia de sus orígenes político partidarios. Un buen funcionamiento de las empresas públicas ayudará a retomar la indispensable credibilidad en la acción del Estado. La función de regulación del Estado merece especial consideración. Ella debe orientarse a vigilar las reglas de la competencia, controlar la acción distorsionante de los monopolios naturales, promover la protección, información y participación de los usuarios y garantizar la calidad del servicio». ³

Las asociaciones entre empresas públicas, especialmente en el ámbito regional, pueden presentar aspectos positivos si se negocia adecuadamente. La asociación de Pluna con Varig es una demostración nítida de una mala negociación. Las asociaciones con empresas privadas se deben analizar caso a caso con la transparencia necesaria para definir claramente las ventajas, los aportes de las empresas privadas y, tratándose de sectores estratégicos, los adecuados controles por parte del Estado para atender los intereses nacionales.

Las asociaciones de empresas públicas con empresas privadas, especialmente extranjeras, han generado polémicas en la sociedad uruguaya, inclusive en la izquierda y dentro del Frente Amplio. Por ello destacamos la necesidad de un tratamiento caso por caso sin dejar de lado los resultados de los referendos que le dieron la posibilidad al conjunto de la ciudadanía de expresar sus opiniones. Habrá que buscar nuevas fórmulas que permitan encontrar amplias coincidencias sobre este tema. *

(*) Senador de la República, economista. ¹ Alberto Couriel. «Bases y criterios del modelo alternativo» en Uruguay: un modelo alternativo de desarrollo. Compiladores Alberto Couriel y Germán Wettstein. Ediciones de la Banda Oriental, 1989.