Aprendizajes: negociando políticas

En estos últimos meses hemos asistido a intensos debates sobre distintas políticas que han involucrado a varios interlocutores: gobierno, partidos, y organizaciones sociales. Las arenas de política en debate han involucrado la política internacional del Uruguay, las políticas sociales y laborales, la política de derechos humanos, la reforma de la salud, la política económica, la reforma educativa y la política tributaria. El conflicto y la negociación han resultado inevitables en la mayor parte de los temas considerados.

Repasemos algunos de estos debates. El primero que registramos, y que mostró diferencias de posturas considerables en todo el espectro político, incluyendo al propio gobierno, fue el debate sobre la firma de un TLC con Estados Unidos. El mismo llevó a revelar que en materia de inserción internacional distábamos de tener un consenso "a la chilena" (si es que en Chile existe tal consenso) y que las posiciones sobre el tema mostraban otros alineamientos políticos, distintos a los que prevalecían cuando la izquierda estaba en la oposición y el Partido Nacional y el Partido Colorado eran gobierno.

El Plan de Emergencia, desde su origen, involucró a muchas carteras, organismos y organizaciones sociales. El resultado de una política "entre muchos" mostró sus virtudes: el Plan de Emergencia se fue transformando, paulatinamente, en una política de Estado, que trascendió la "inmediatez" de la atención a la urgencia social, que era parte de su formulación original. También cabe mencionar aquí la política laboral, que por primera vez desde el desmantelamiento de los Consejos de Salarios, a inicios de los noventa, se inaugura con un diálogo tripartito entre sindicatos, Estado y empresarios. Asimismo, debe rescatarse el formato en que empezó a gestarse la reforma de la salud, que involucró al Estado, representantes de los sindicatos de trabajadores de la salud y gremiales médicas, entre otros.

La política económica fue, y será siempre, una arena de debate. Esto lo muestra la historia reciente de todos los gobiernos "progresistas" en la región. Pero este debate ya estaba instalado en Uruguay y quizá lo que deba registrarse aquí son los conflictos que se generaron sobre arenas de política específicas, como lo muestra el intenso proceso de negociación que se está llevando a cabo por la Rendición de Cuentas. Los antecedentes de ello deben rastrearse en la aprobación de la Ley de Presupuesto, apenas iniciado el gobierno. El compromiso de destinar a la educación un 4,5% del producto nacional fue desde el inicio una arena de confrontación entre los gremios demandantes, el gobierno y las exigencias de disciplina fiscal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Ocasionó la primera alerta "roja", cuando estuvo en juego la posible renuncia del actual ministro de Economía, y siguió suscitando problemas después (como lo demuestra la negociación por el "plus" de treinta millones de dólares para la educación en estos días).

La política de derechos humanos también fue una arena de conflicto y negociación. La discusión sobre la ley de reparación a policías y militares caídos "en cumplimiento del deber", o sobre la derogación de la Ley de Caducidad, así como la que se registró con relación al alcance y oportunidad del decreto del "Nunca Más", muestran que sobre este tema las sensibilidades ­más que los intereses­ son un asunto delicado, que debe ser tratado con el mayor de los cuidados.

En síntesis, el proceso de estos debates muestra, en general, que la negociación de las políticas con los actores involucrados con ella ha llevado a un resultado distinto del previsto en la propuesta original. En otras palabras: el diseño original de las políticas se ha visto alterado por la negociación con partidos y actores sociales. Y no está mal. Políticamente podría afirmarse lo contrario: está muy bien. La sociedad uruguaya está preparada para una dinámica pluralista, en la que juegan intereses y percepciones diversas, contradictorias y conflictivas. Las posturas de "delegar" soberanía en el gobierno no son precisamente las que ayudan a profundizar la democracia. Veamos algunos casos.

La propuesta original de firmar un TLC con EEUU tuvo una solución final que para muchos representó una "marcha atrás" en el proceso, pero que sin duda fue más que eso. Mostró que en temas tan sensibles como la política de relación con los vecinos (Mercosur) o la política de vinculación con Estados Unidos (este último tema, más sensible para el FA que para cualquier otro partido) es mejor oír muchas voces que una sola. El debate sigue instalado, pero la forma en que se zanjaron diferencias dice mucho sobre el aprendizaje "pluralista" del gobierno.

Algo similar sucedió en materia presupuestal, en la discusión de la Rendición de Cuentas, y en los avatares de la reforma tributaria. Se alzaron muchas voces, se hicieron sentir muchas demandas, y hubo infinidad de manifestaciones de protesta. En la inmensa mayoría de los casos triunfó la lógica de la negociación y se verificó la resignación de la propuesta original del gobierno, para llegar a una propuesta más concertada. También en materia de derechos humanos se registró un avance pluralista y democrático importante. Fue la primera vez que el Presidente se reunió con la Mesa Política del FA. Y fue quizá la primera vez que se evidenció la autonomía del Parlamento con relación al Ejecutivo.

Las relaciones entre Universidad y gobierno pasaron por momentos de tensión. Recientemente tuvo lugar un debate sobre el lugar de la Universidad en la definición de las políticas de investigación que lleva adelante el país1, a raíz de un articulado incluido en la Rendición de Cuentas que deja al SNI (Sistema Nacional de Investigadores) en la órbita de la ANII. Las declaraciones sobre "quién debía regir" el proceso de investigación científica en Uruguay mostraron que estas dos instituciones ­Universidad y gobierno­ deben sentarse a discutir sobre nuevas bases. Asimismo, debe buscarse una solución en la cual aquellos que investigan (la Universidad) sean reconocidos como sujetos activos de la política de innovación que lleve a cabo el Estado.

En todos estos casos, la solución más "virtuosa" políticamente siempre será la de oír muchas voces y negociar con todos. Eso, claro está, alterará la formulación inicial de las políticas y los resultados finales. Pero las políticas son parte de "la política", y por consiguiente, están sujetas al escrutinio de lo público. La consideración de los aspectos técnicos de las mismas es indispensable, y requiere de nuestros mejores saberes y acumulaciones. Pero la lógica del poder y del conflicto que hace parte de todas y cualquier política, no es un asunto técnico. Es un asunto público. Y sobre el "bien común", es mejor que decidan los muchos, que los pocos. Porque, como dijo alguna vez un filósofo, el mejor juez de una casa nunca será el arquitecto que la construye, sino quien tenga que vivir en ella. *

* Politóloga. Universidad de la República. Esta columna fue escrita desde 1999 por Hugo Cores. Ante la ausencia notoria de su pluma, le hemos solicitado a Constanza Moreira, como homenaje y aporte, ocupar este espacio durante el corriente año. 1 Véase artículo de Judith Sutz sobre el tema, en Brecha 22/6/07