Sin control de precios

No se cumplió lo anunciado: El nivel de inflación de los primeros siete meses del año (6,33%) alcanza prácticamente el nivel máximo de inflación establecido por el gobierno (6,50%) para todo el año. A su vez, el crecimiento de los precios en julio no estuvo alineado con la posible rebaja de los precios derivada de la reducción de la tasa mínima (14% a 10%) y básica (23% a 22%) del IVA y la eliminación del Cofis (3%), defraudando las expectativas de la población. El gobierno había planteado que una vez que se pusiera en marcha la reforma tributaria habría un descenso de los precios de entre 0,7% y 1% (1). En julio los precios aumentaron 0,83%, pero para los hogares más pobres aumentaron 1,11%.

No tiene mayor asidero la afirmación del ministro Astori: "Si no hubiera sido por la reforma, la inflación sería bastante superior" (2), como tampoco lo tendría la afirmación contraria: los precios subieron como consecuencia de la reforma. Es indemostrable, con la información existente, el efecto que tuvo una reforma tan amplia y compleja en la evolución de los precios. Hay que tomar en cuenta, además, que las reducciones en las tasas del IVA se ven compensadas porque se amplía el número de productos que pagan ese tributo.

Uno. En los meses previos a la puesta en marcha de la reforma tributaria se planteó una serie de medidas tendientes a lograr que la reducción de las tasas de los impuestos indirectos se volcara en beneficio de los consumidores. En esa dirección se inscribieron, entre otros, los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas (transparencia) y el Instituto Cuesta Duarte (control social).

El área de Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, publica mensualmente en su página web los precios de una canasta familiar de 43 productos como forma de seguir de cerca el impacto que tendrá la reforma tributaria. Al darle cierta transparencia al mercado se genera la posibilidad de que los consumidores orienten sus compras hacia los lugares donde se pueden adquirir esos productos de una manera más económica y se limita la posibilidad de aumentar los precios en forma excesiva.

El Instituto Cuesta Duarte, por su parte, monitorea ­desde la primera semana de julio­ 35 alimentos básicos en Tienda Inglesa, TA-TA, Multiahorro y Devoto, pero su primer estudio lo hizo sobre 20 productos porque no disponía de una lista de comparación de los restantes 15, sobre todo frutas y verduras. Su trabajo se ampliaría a los pequeños comerciantes y a los departamentos del Interior. (3)

En el país ya existían dos instituciones oficiales realizando el seguimiento de los precios. El Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula el Indice de Precios al Consumo (IPC) que mide, desde 1914, la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares. Por su parte, el Instituto de Estadística (Iesta) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República calcula, desde 1988, un índice de los precios para los hogares de menores ingresos del departamento de Montevideo: actualmente mide la evolución de los precios de consumo para la mitad más pobre de los hogares de Montevideo.

El Iesta calcula, además, el costo promedio de la canasta que consumen las familias de menores ingresos. La estimación del mes de julio alcanzó un valor de $ 21.002. Estos datos son muy importantes tomando en consideración que está en discusión el mínimo no imponible del Impuesto a la Renta de las Personas físicas.

Como puede observarse, existen varias instituciones y múltiples formas de realizar el seguimiento de los precios. El tema de fondo es que esos datos solamente permiten identificar el estado de la situación, no tienen ningún efecto jurídico y es poco probable que la "información transparente" y el "control social" tengan algún efecto económico.

Dos. Ante un rebrote inflacionario como el actual, el tema central es cómo evitar que el aumento de precios reduzca el poder adquisitivo de salarios y pasividades. La pugna distributiva entre el trabajo y el capital se da en el marco de una asimetría por demás injusta: no existe control de precios para los bienes y servicios pero existen estrictas "pautas salariales" que controlan el precio de la fuerza de trabajo, lo que tiene, obviamente, crucial importancia en la definición del salario real. Esa dualidad hace que los precios puedan ser modificados cuando los empresarios lo crean conveniente en tanto los salarios deben ser "homologados" por el Poder Ejecutivo, el cual estima cuáles son los valores que deben adquirir para no afectar las variables macroeconómicas. Para muchos ministros de Economía, casi todos, el salario es una variable de ajuste.

El control de precios se establece para evitar las nefastas consecuencias de la inflación en el nivel de consumo de los sectores populares. Dicho control implica la intervención del Estado en el mercado para fijar los precios de aquellos bienes y servicios que entiende imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas de la población. Tales medidas asumen implícitamente que los altos precios se deben a la especulación y que es posible controlarlos y estabilizarlos más allá del supuesto "poder regulador" del mercado.

La puesta en práctica de un sistema de control de precios tiene importantes ­aunque no insalvables­ dificultades. Los bienes que pueden ser comercializados con el exterior son muy difíciles de controlar porque la diferencia de precios genera espacios para el contrabando. Eso, a su vez, puede implicar la escasez de bienes en nuestra economía y el consiguiente mercado negro. Los bienes que no se comercializan con el exterior, como los servicios ­entre otros­ de salud y transporte, pueden ser regulados. Esto puede llevar a reducir la calidad del servicio y/o a reducir la oferta.

Se puede incidir sobre los precios con medidas que reduzcan la demanda agregada, tal como la restricción monetaria que aplica actualmente el Banco Central del Uruguay. Con el mismo fin se podrían bajar el gasto y la inversión pública. La reducción de la masa salarial por la aplicación del IRPF, 130 millones de dólares entre salarios y pasividades, va en la misma dirección.

Se han utilizado, también, las importaciones de ciertos bienes (por ejemplo, frutas y verduras) como reguladoras de los precios internos. Mas en general, el atraso cambiario busca abaratar los precios de todos los insumos y bienes importados. Sin duda, esto juega en contra de la producción nacional y las exportaciones.

Otro instrumento ha sido la negociación entre el Poder Ejecutivo y los sectores empresariales. El ministro Mujica acordó con los empresarios reducir el precio de dos cortes de carne, para lo cual debió aprobarse una ley que eliminó el IVA sobre los mismos por sesenta días. En Argentina el presidente Kirchner ha tenido buenos resultados con este instrumento pero dispone de más armas, entre otras, detracciones y suspensión de exportaciones.

Dado que los costos de las empresas proveedoras de bienes y servicios son un "secreto de Estado", se ha recurrido a la creación de empresas públicas que actúan como entes testigos para disponer de toda la información sobre los costos y para actuar en la regulación de los precios. Este instrumento, al igual que todos aquellos que implican la intervención del Estado en el mercado, ha sido severamente cuestionado por la ortodoxia económica.

Tres. Cada una de las medidas señaladas tiene efectos positivos y negativos. Toda medida económica genera ganadores y perdedores. El problema está en tener claro cuáles son los intereses que se quiere defender.

El abanico de herramientas que se puede utilizar para incidir en los precios es muy amplio. El mercado sirve para muchas cosas, pero no se regula a sí mismo ni satisface las necesidades de los que no tienen capacidad de pago. La inflación debe y puede controlarse tomando las medidas adecuadas, lo que incluye necesariamente la intervención activa del Estado en el mercado para preservar y recuperar el poder adquisitivo de trabajadores y pasivos. Es necesario un debate abierto, riguroso y democrático sobre los instrumentos a utilizar; la economía es un tema demasiado serio para dejarlo en manos de los técnicos. *

(*) Docente universitario, sindicalista y miembro de la Red de Economistas de Izquierda (Rediu)

(1) Instituto Cuesta Duarte. ¿De qué hablamos cuando decimos inflación?, mayo de 2007.

(2) "El Observador", 3-08-2007.

(3) Ruben Villaverde, 1410 AM Libre, 13-07-07.