Los jubilados bancarios tienen derechos, no privilegios

La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias está en su peor momento. De no tomarse medidas en muy corto plazo, la gravísima crisis que enfrenta comprometerá la posibilidad de continuar pagando las prestaciones. La venta del patrimonio alcanzaría, apenas, para cubrir durante un año un déficit mensual de cinco millones de dólares, que hasta el momento ha sido cubierto por las reservas existentes y por un importante aporte de quienes participan en ella. Desde el año 2002 las empresas hacen una contribución extraordinaria y desde 2004 los pasivos devuelven un porcentaje de su pasividad para contribuir al financiamiento. También se han congelado los topes, lo que ha significado un serio perjuicio para quienes se vienen jubilando desde 2003.

Uno. En sus 82 años de vida la Caja no ha recibido nunca aportes del Estado a pesar de que su patrimonio fue gravemente afectado en diversas oportunidades. La primera en la década del cincuenta, cuando adquirió Bonos de Deuda municipales y nacionales para las obras de infraestructura del país ­carreteras, represas, aeropuertos­. Estos papeles perdieron su valor como consecuencia del proceso inflaciona-

rio de fines de los 50. La segunda, durante la dictadura, cuando fue intervenida y sus fondos jubilatorios saqueados; nunca fueron recuperados. La tercera, ya en democracia, cuando se hizo cargo de la reparación a los destituidos, recursos que no recuperó aun a pesar de haber ganado un recurso judicial por 38 millones de dólares. Esta capacidad de autofinanciarse durante casi un siglo contrasta con la situación de las cajas estatales, que deben ser financiadas por la población en general mediante tributos afectados a ese fin, como los 7 puntos de IVA, y del aporte directo de rentas generales.

La crisis de la Caja bancaria tiene múltiples causas. Por un lado están los cambios demográficos que afectan a todos los sistemas: el aumento sustancial de la esperanza de vida. Por otro , los cambios tecnológicos que sustituyen mano de obra, tales como los cajeros automáticos y las operaciones a distancia, sin dejar de lado los procesos internos de gestión. En tercer lugar, está la tercerización de actividades y servicios, que impacta reduciendo el número de cotizantes a la Caja. Por último, ha crecido significativamente el número de empresas que realizan operaciones financieras y están afiliadas al Banco de Previsión Social.

De las 270 empresas que hacen intermediación financiera, solamente 70 aportan a la Caja bancaria. Esto significa que por lo menos unos 12 mil trabajadores deberían aportar a la Caja y no lo hacen. Es evidente que el marco legal que establece qué empresas y trabajadores deben estar comprendidos dentro de la Caja bancaria no se adecuó a los cambios ocurridos en la actividad financiera. Mientras las formas empresariales y de gestión cambiaban, el marco legal siguió estático, restringiendo el campo afiliatorio a las empresas llamadas tradicionalmente bancarias, lo cual favorece a las otras empresas financieras porque los aportes al BPS son significativamente menores que los de la Caja bancaria.

La crisis estructural descrita se agravó en 2002 con la quiebra de cuatro bancos que dejaron a 3 mil bancarios sin trabajo.

Dos. La propuesta de los bancarios para resolver la crisis tiene tres pilares fundamentales, los que ya le habían sido propuestos por el Consejo Honorario de la Caja Bancaria en el año 2001 al gobierno del doctor Jorge Batlle.

En primer lugar se propone incluir en el campo afiliatorio de la Caja a todos los trabajadores de empresas que realizan actividades financieras, lo cual mejoraría sustancialmente la relación activos/pasivos.

En segundo término, se plantea un cambio en el modelo de financiamiento de la Seguridad Social, dado que se entiende que no es posible financiarla a partir del aporte obrero-patronal. Para ellos se propone un gravamen sobre el movimiento de capital que se desarrolla en el sector financiero. Esto redundará a favor de los bancos que actúan en el mercado interno y que tienen diez veces más operaciones y, por tanto, más funcionarios que la gran banca internacional, que opera por cifras multimillonarias y tiene un núcleo reducido de funcionarios.

En tercer lugar el gremio bancario ha propuesto disminuir sustancialmente la tasa de aportación patronal ­la cual es actualmente un 30,75%­, tratando de llevarla a lo que son las tasas generales. Si bien no son éstos los costos más importantes para las empresas, inciden desestimulando la contratación de mano de obra y la incorporación al sistema de las empresas financieras no bancarias.

Un tema a considerar es que muchas de las empresas financieras que hoy no aportan a la Caja bancaria tampoco están sujetas a la regulación y al contralor del Banco Central, lo que refleja una inconsistencia institucional que genera una relación asimétrica que ha de superarse mediante políticas públicas que le den consistencia al sector.

Tres. El Poder Ejecutivo, como respuesta a las enormes dificultades de la Caja bancaria propuso, mediante los subsecretarios Mario Bergara y Jorge Bruni, topear los ingresos de los pasivos en $ 26.421. Para ello propone un impuesto progresional que tiene un mínimo no imponible de $ 9.816 y luego la primera tasa es de 40% para aquellos que perciben entre $ 9.816 y $ 16.360; luego sube a 45% para aquellos que reciben entre $ 16.360 y $ 24.250; la tasa es de 50% para aquellos que cobren entre $ 24.540 y $ 40.900 y, por último, pretende aplicarle el 100% a todo ingreso por encima de esa cifra. Una verdadera expropiación que no se compadece con la flexibilidad que acostumbran tener con las deudas de los capitalistas extranjeros ni con las empresas que incumplen con los contratos realizados en el marco de licitaciones públicas, donde se perdonan deudas con enorme facilidad.

Las propuestas de los bancarios han sido "agriamente" cuestionadas por aquellos que apuntan en forma permanente contra los derechos de los trabajadores y pasivos aludiendo a los supuestos "privilegios" de aquellos que ganan más respecto a los que ganan menos. En este caso comparan los $ 20 mil de ingresos promedio en la Caja con los $ 5 mil de promedio en el BPS, mientras callan antes los privilegios del capital. Esos que quieren igualar por abajo a los trabajadores no reclaman que el IRPF a las rentas del capital tenga las mismas tasas progresionales que tienen los ingresos del trabajo. Son, a su vez, los mismos que agigantan los errores del Estado en el proceso económico y minimizan las fallas del mercado, las estafas y la corrupción en el sector privado de la economía. ¿Acaso olvidan la crisis bancaria de 2002 y el enorme cúmulo de delitos que realizaron, entre otros, los banqueros?

Tradicionalmente, en la vida del país las jubilaciones se correspondieron con los aportes realizados. Diversas causas, muchas de las cuales ya fueron señaladas, hacen que hoy eso no sea así. En todo el sistema de seguridad social existen injusticias que deben corregirse actuando conjuntamente trabajadores y pasivos para modificar a fondo el actual sistema.

En el caso de la Caja bancaria la propuesta del gremio es sustancialmente más justa y completa que la del Poder Ejecutivo, la cual se limita a buscar una burda solución contable de corto plazo a un problema estructural que debe ser encarado con un enfoque social, económico y político. Cualquier propuesta, para ser legítima, debe partir del reconocimiento de que las pasividades de los bancarios no son privilegios que deben eliminarse sino derechos que deben protegerse. *

(*) Docente universitario, sindicalista, miembro de la Red de Economistas de Izquierda (Rediu)