Política, ética y desarrollo económico

Este martes 21 de agosto Bernardo Kliksberg, autor del libro "Etica y desarrollo", estará presentando un segundo libro, titulado "Más ética y más desarrollo", que desenvuelve con exhaustividad algunas de las tesis del primero. El libro, editado en 2004, será presentado en el marco de los cincuenta años del Claeh y contará con el auspicio de las Naciones Unidas. La simple lectura del título del libro ya amerita una reflexión: ¿Existen relaciones entre la ética y el desarrollo? Más aún, ¿es posible tener una concepción ética de los problemas del desarrollo económico? El autor sostiene rotundamente que sí, y que los propios economistas, en especial los que trabajan en organismos internacionales, cuando dan sus recomendaciones a los países (especialmente a los subdesarrollados) deberían guiarse por un código de ética. Siguiendo las recomendaciones de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía que se desempeñó como economista en jefe del Banco Mundial y ahora se encuentra entre los más acérrimos críticos de sus políticas, Kliksberg recoge algunos elementos de este código de ética. El primero es que los economistas de estas organizaciones nunca deberían recomendarles a los líderes públicos de los países en desarrollo políticas basadas en teorías que no están suficientemente comprobadas. Una segunda recomendación es que siempre deben presentarse alternativas (porque en general las hay) y no hay que adoptar el presupuesto de que "sólo existe una vía". Una tercera recomendación, particularmente importante para nuestro país y para la mayor parte de los países endeudados con estos organismos, es que cualquier política que se adopte debe constar de un diagnóstico que dé cuenta de su impacto sobre las poblaciones más vulnerables y los más pobres. Esta última recomendación es particularmente importante.

Uruguay ha transitado en la década del noventa un calendario de reformas que, aun a escala uruguaya, han sido importantes. Fue en esta década que se privatizaron servicios y bienes del Estado, se liberalizaron áreas de política y se desregularon varias actividades. También a inicios de esta década, y en consonancia con la firma del Tratado de Asunción, Uruguay comenzó una apertura comercial hacia el mundo que fue de consideración. Buena parte de estas políticas son conocidas como las políticas del "Consenso de Washington" y aluden a un conjunto de recomendaciones destinadas a que los países que salían de la "década perdida" de los años ochenta (una década signada en América Latina por la crisis de la deuda y el estancamiento económico) ordenaran su economía y retomaran la senda del crecimiento, a través de la revitalización de sus mercados. Argentina fue un caso ejemplar (y extremo) de implementación de estas políticas, en especial durante el período de Menem. Ninguna de estas políticas tomó en cuenta, al menos explícitamente, los impactos de las mismas sobre las poblaciones más vulnerables. Así, la apertura comercial no tuvo en cuenta que los países estaban poco o mal preparados para la competencia, que muchas empresas desaparecerían y por consiguiente se produciría una contracción del empleo industrial, con consecuencias negativas para los asalariados en su conjunto. La privatización de las empresas públicas dejó a los ciudadanos rehenes de las tarifas fijadas por las nuevas empresas y a quienes no podían pagarlas, sin servicios, o merced a los servicios públicos que un Estado empobrecido mal podía proporcionar. Asimismo las reglas de contención del déficit público, control de la inflación y las metas de superávit primario, redujeron enormemente los márgenes de maniobra del Estado, el propio manejo de su presupuesto y las posibilidades de responder a las crisis recesivas con políticas activas de creación de empleo o aumento de la inversión pública. El empleo público se redujo como consecuencia y ello tuvo nuevamente impactos sobre el conjunto de los asalariados. Al mismo tiempo, los servicios públicos que permanecieron en manos del Estado se limitaron a atender a las poblaciones más carenciadas, las clases medias emigraron hacia los proveedores privados y ambas cosas tendieron a deteriorar la calidad de estos últimos. Evidentemente, estas recomendaciones no tuvieron en cuenta el impacto de las políticas sobre el bienestar de los más vulnerables, ni sobre las poblaciones más pobres. Las "nuevas políticas sociales" (focalizadas, emergenciales, específicas) fueron una respuesta a las llamadas "externalidades" negativas de este proceso (es decir, consecuencias no deseadas del mismo).

Uruguay vivió también estos procesos. El empleo público, que en los años 70 representaba el 27% del total del empleo, a fines de la década del 70 representaba menos del 16%. El empleo en la industria, en el mismo período, cayó de 32% a 16%. Esto fue acompañado de una tasa promedio de crecimiento que fue mucho más baja en Uruguay que en el promedio mundial (entre 1990 y 2004 fue de 1,3% mientras que en el mundo fue de 3,5%). Al mismo tiempo estos promedios ocultan lo espasmódico de nuestros ciclos de crecimiento, a menudo acompañados de ciclos de recesión, como los que vivimos en las últimas dos décadas. Los estudios muestran que en este último período el crecimiento ha ido acompañado de una desigualdad en los ingresos de los hogares que ha tendido promedialmente a aumentar, especialmente entre 1994 y 2002. Asimismo, los estudios también muestran que este tipo de crecimiento no ha sido un crecimiento orientado a disminuir la pobreza: ésta ha bajado en mucho menor grado que lo que ha crecido el país.

Desde la asunción del nuevo gobierno, en 2005, se ha implementado un conjunto de medidas de signo contrario a las que caracterizaron el legado de los 90. En primer lugar, ha habido una explícita intención de expandir los derechos sociales asociados al empleo, con el consecuente aumento de la formalización del mismo, y de los aportantes al sistema de previsión social. Los planes emergenciales han atendido específicamente a la población en situación de indigencia y el porcentaje de la misma ha disminuido. La reforma de la salud pretende aumentar la cobertura a través del seguro social para una población importante de los trabajadores y sus familiares. La reforma tributaria tendrá impactos redistributivos al interior de los asalariados formales. Asimismo, se derogó la normativa aprobada en 1995 que impedía el ingreso de nuevos funcionarios al Estado. Todas estas políticas evidencian un signo contrario al de las políticas de los noventa, y muchas de ellas están pensadas como "restauración" de un orden de cosas que, como la vigencia de los derechos sociales, había sido parcialmente desmantelado. En adelante, deberemos seguir las recomendaciones de Stiglitz que Kliksberg nos recuerda en su libro: antes de aprobar cualquier política o diseñar cualquier programa, deberemos contar con un diagnóstico que explícitamente indique qué impacto tendrá sobre los más vulnerables. Y si su impacto fuera negativo, quizá debamos recurrir a otra biblioteca. *

*Constanza Moreira. Politóloga. Universidad de la República. Este espacio fue ocupado desde 1999 por los fermentales análisis de Hugo Cores. Ante su ausencia es cubierto por Constanza Moreira como homenaje a su memoria y aporte al colectivo.