Modificaciones a la Reforma Tributaria

En los últimos meses arreciaron críticas contra la reforma tributaria desde los más diversos sectores políticos y sociales. En general no surgen protestas desde el ámbito empresarial, salvo los vinculados al agro. Ciertos sectores sindicales y políticos también manifestaron disconformidades, en algunos casos por oportunismo y perfilismo político, en otros por oposición con exclusivos fines electorales.

Durante la discusión en el Senado planteamos nuestra opinión favorable a la instauración del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, a la eliminación de algunos impuestos distorsionantes y a la rebaja del IVA. Pero también señalamos críticas a las fórmulas para alcanzar los criterios básicos de equidad, estímulos a la inversión y eficiencia. Desde el ángulo de la equidad hubiéramos preferido el Impuesto a la Renta de carácter global y no el aprobado, de carácter dual, que diferencia las rentas del trabajo de las del capital. En la medida que para algunos niveles de ingreso las rentas de capital pagan menos que las de trabajo, se está afectando la equidad. Si se temía una salida de capitales se debieron atender los intereses y no todas las rentas del capital. Pero en la política fiscal la equidad se logra sustancialmente a través del gasto público y no por vías tributarias. Por ello entendíamos necesario un leve incremento en la presión tributaria para cubrir con más holgura los gastos por pago de intereses de la deuda en moneda extranjera y los gastos sociales. La filosofía del equipo económico era no modificar la presión tributaria, aunque en los hechos está bajando. La ideología de la derecha penetró en la sociedad uruguaya imponiendo la necesidad de bajar el gasto público, cuando es a través de este mecanismo que se avanza significativamente en materia de equidad, como lo muestra la historia de Uruguay en la primera mitad del siglo pasado. Avanzar hacia mejores niveles de equidad e igualdad, si no se plantean cambios de propiedad, requiere políticas activas para atender los problemas del empleo y gasto social para atender la pobreza, la educación, la salud y la vivienda. El elevado ritmo de crecimiento de estos tres años permitió una mejora de la recaudación y se pudieron atender no sólo los intereses de la deuda sino también la indigencia mediante el Plan de Emergencia y se mejoraron la educación y la salud. Para mejorar la equidad es indispensable aumentar el gasto social y para ello no puede descender la relación de gasto público con respecto al PBI. No estuvimos de acuerdo con la rebaja de cinco puntos del IRAE con el objetivo de estimular la inversión privada. No hubo ninguna demanda del sector empresarial solicitando la rebaja del impuesto de 30% a 25%, pero sobre todo porque no tiene efectos directos sobre la inversión. Los estímulos fiscales deben ser directos y específicos para ciertos rubros con negociaciones que involucren contrapartida de resultados por parte de las empresas, sean por mejoras de inversión, de empleo, de innovaciones, de aumento de la producción e inclusive acuerdos sobre precios. La rebaja de cinco puntos significaba un descenso de la recaudación de U$S 80 millones que considerábamos relevante para incorporar a los niños pobres al Seguro Nacional Integrado de Salud. En materia de eficiencia la reforma tributaria no atendió la necesidad de que, con exclusivos objetivos tributarios, se pudiese levantar el secreto bancario. Los que evaden impuestos lo reflejan en alguna cuenta bancaria de ahorros o de cuenta corriente, y para la DGI era importante contar con este mecanismo. Y terminábamos nuestra exposición en el Senado manifestando que habría que evaluar los resultados de esta reforma para analizarla con objetividad y ver la posibilidad de modificaciones. Y esto sólo se puede hacer pasado por lo menos un año de su aplicación. Hay que esperar las declaraciones fiscales de quienes poseen rentas de capital y de los profesionales con sus controles correspondientes. Por ello esta evaluación debería iniciarse a mediados del año próximo. Habrá que analizar la presión tributaria, que estaba muy baja con respecto al período anterior a la crisis de 2002. Para ello no olvidar que la equidad mejora con el gasto social. Posteriormente habrá que analizar la posibilidad de aumentar el mínimo no imponible de las rentas de trabajo que, sin duda, quedó muy bajo en función de los requerimientos de la recaudación y, si es factible, seguir bajando el IVA, que mantiene tasas muy elevadas. Todo ello en un contexto de extensión de los plazos de la deuda en moneda extranjera, lo que es muy positivo, pero la deuda bruta del sector público no tuvo descensos y los intereses siguen representando una proporción importante del gasto público. Habrá que evaluar también los resultados con respecto a las rentas de capital para ver si es conveniente y posible efectivizar algunas modificaciones. Pero todo esto a partir de mediados de 2008.

Mientras tanto la oposición toma la gran mayoría de los temas nacionales como elementos de campaña electoral. El Partido Colorado, en su nivel histórico más bajo, no encuentra cómo recuperarse. No tiene propuestas. El Partido Nacional presentó en su programa la implementación del IRPF, pero por motivos electorales ahora lo rechaza. Para los partidos tradicionales no es sencillo hacer oposición. Con muy limitada capacidad de propuestas, sus argumentos preelectorales de que el triunfo de la izquierda afectaría la democracia y traería caos financiero y fuga de capitales no se convalidaron en la realidad. No sólo el gobierno de la izquierda mantuvo en plena vigencia los principios básicos de la democracia y la estabilidad financiera sino que además tuvo niveles récord de crecimiento económico que le permitieron bajar el desempleo abierto, mejorar los salarios reales y comenzar a abatir los niveles de pobreza e indigencia heredados de gobiernos anteriores. Ante esta situación no es sencillo hacer oposición y por ello cualquier tema es válido para enfrentar al gobierno, que sigue manteniendo un elevado porcentaje favorable de opinión pública.