Entre mayo de 2006 y el mismo mes de este año, la mutualista Impasa estuvo intervenida a pedido de los trabajadores, a causa de sus problemas de gestión. A partir de allí, el Ministerio de Salud Pública (MSP) realizó un llamado para gestionar la empresa e insertarla en el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
"El proyecto más acabado fue el del SMI (Servicio Médico Integral), que contó con el acuerdo de los trabajadores médicos y no médicos, o sea el 80% de los funcionarios de Impasa", indicó a LA REPUBLICA el dirigente de la Unión de Funcionarios de la mutualista (UFI) Héctor Dos Santos.
Los funcionarios (1.200 no médicos y 400 médicos) llegaron a ese acuerdo perdiendo buena parte de los beneficios con los que contaban, para conservar las puertas de la mutualista abiertas.
Algunas semanas atrás, "algunos representantes de la mesa de anestésicos quirúrgicos y del Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca trancaron la negociación. Primaron los intereses corporativos de los que siempre estuvieron contra la reforma de la salud", indicó Dos Santos.
Los funcionarios no están de acuerdo en que el Casmu administre Impasa, porque tiene "terribles problemas de gestión", según definieron. Tampoco están de acuerdo con que pase a ser gestionada por la aseguradora privada Blue Cross and Blue Shield, porque "no conocen con exactitud la propuesta".
"Cuestionamos las declaraciones de (el doctor Alfredo) Toledo, presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) al diario El País. No puede decir que Impasa está fundida y que el gobierno tiene un problema", afirmó a LA REPUBLICA la dirigente de UFI Ana Ferreira.
En el IMAE cuestionado por los trabajadores de la salud privada "hay en juego mucho dinero", según sostuvieron en sus declaraciones a LA REPUBLICA. "Cada uno sacará sus propias conclusiones de por qué no quieren arreglar con el SMI", afirmó Ferreira.
"Un médico que gana 8.000 dólares por mes ¿no puede renunciar a determinado sueldo para llegar a un acuerdo a favor de la mutualista?", se preguntó Ferreira. "Los intereses son políticos y económicos, de un grupo de médicos empresarios que trabajan dentro de Impasa", explicó la dirigente sindical a LA REPUBLICA.
Los funcionarios mandaron una carta a la doctora Muñoz pidiéndole una reunión, pero también una "actitud más decidida para enfrentar a los verdaderos enemigos de esta reforma", según dice la misiva. "La ministra tiene que seguir en la línea de enfrentarse al empresariado médico. Siempre fueron opositores de esta reforma. No nos olvidemos del conflicto de los anestésicos quirúrgicos", dijo Ferreira.
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