Balance

Ante su ausencia es cubierto por Constanza Moreira como homenaje a su memoria y aporte al colectivo.

El año 2007 va llegando a su fin e inevitablemente se realizan balances que tienden a pesar éxitos y fracasos, logros y objetivos que aún falta realizar. También en Uruguay se realizan balances y tal vez sea ésta una buena oportunidad para hacerlos.

Por muchas razones, éste será un año que recordaremos en todos los análisis políticos que se realicen sobre la situación de Uruguay en la democracia posdictadura. Al menos cuatro conjuntos de sucesos políticos dan cuenta de esta situación: los referidos a los derechos humanos, los referidos a la situación de la mujer, los referidos a la inserción internacional del país y los referidos a las políticas de predistribución de los gastos e ingresos del Estado.

En lo que refiere a los avances en materia de derechos humanos, el año 2007 los ha registrado, y muchos, como lo evidencia el reciente procesamiento con prisión del ex dictador Gregorio Alvarez. Para ello ha sido decisivo el uso del artículo 4º de la Ley de Caducidad por parte del Poder Ejecutivo, que permite la actuación del Poder Judicial en aquellos casos que no están comprendidos en la ley. Fue así como comenzaron los primeros procesamientos por delitos de desaparición forzada. Este año hubo avances significativos, al ser incluidos los mandos responsables por la ejecución de los mismos.

Al mismo tiempo, parece haber una mayor conciencia del conjunto de los uruguayos de la necesidad de derogar o anular esta ley. En tal sentido, la manifestación del ultimo Congreso del Frente Amplio sobre el punto es una muestra de esta conciencia. A nadie se le escapa el hecho de que fue concebida en un contexto político específico, muy diferente del de hoy día. Tampoco a nadie se le escapa que una ley que parte del supuesto de la legitimidad de los acuerdos realizados en el contexto de la dictadura (como el Pacto del Club Naval) no puede sostenerse en el contexto de una democracia plena.

El año 2007 también será recordado por los avances registrados en las cuestiones de género. Además de haber sumado otra mujer al gabinete (la actual ministra del Interior), reforzando la presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo, fue puesto en marcha el Plan de Igualdad de Oportunidades a nivel nacional, que registraba como antecedente un plan equivalente ejecutado a nivel municipal por la Intendencia de Montevideo. Fue también el año en el cual la controversia sobre la Ley de Salud Reproductiva adquirió mayor relevancia. La ley ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados hacia fines de 2004, pero no logró la aprobación del Senado. Inevitablemente esta iniciativa quedo relativamente invisibilizada porque 2004 fue un año de disputa electoral, y la competencia partidaria, en un contexto signado por la percepción generalizada de que se avecinaba el triunfo del Frente Amplio, tendió a opacar otras cuestiones. Nuevamente presentada, esta vez en el Senado, la ley consiguió ser aprobada en primera instancia, al costo de excluir de la misma el capítulo II, referido a la despenalización del aborto. En una segunda instancia, un par de semanas después, y habiendo sumado algunos votos decisivos, la ley fue aprobada y está a consideración en la Cámara de Diputados. Todo esto fue conseguido con masivas campañas de defensa de la ley por parte de diversas organizaciones y la divulgación de encuestas que mostraban, una y otra vez, las preferencias mayoritarias de la ciudadanía sobre el punto.

Este año será recordado también como el año en el cual se aprobó el Impuesto a la Renta. Más allá de los análisis técnicos, políticos y económicos que se realicen sobre el mismo, lo cierto es que éste representa un hito en nuestra política tributaria y sin duda el programa más ambicioso puesto en marcha desde que Uruguay retomara su democracia hace veintidós años. En este fin de año y los próximos meses una buena parte de los uruguayos se verá compelida a hacer una prolija declaración de sus ingresos, y con la protesta de algunos y la aquiescencia de otros, podrá nacer, como algunos sustentan, una nueva cultura tributaria. El gobierno actual podrá comenzar a realizar balances y correcciones, evaluando su impacto como instrumento favorecedor de la inversión (para lo que fue concebido) y de redistribución de la carga fiscal en la sociedad, pero no cabe duda de que los gobiernos futuros habrán de hacer uso de este impuesto, y en casi ninguna hipótesis les resultará beneficioso derogarlo.

De la mano con este instrumento fiscal, en este año se aprobaron también dos políticas referidas ya no al ingreso sino al gasto del Estado, que serán decisivas en el futuro. La primera es la que transforma el Plan de Emergencia en un Plan de Equidad, transformando una política focalizada de corto plazo en una política que se institucionalizará mediante las asignaciones familiares. Al igual que la primera, ésta también se transformara en una «política de Estado», porque políticas de Estado no son las que resultan de un extendido consenso político o ciudadano, sino las que se institucionalizan en el seno mismo del aparato del Estado. En segundo lugar, acaba de aprobarse la reforma del sistema de salud. Esta es la primera vez que una iniciativa de reforma del sistema de salud tiene éxito en el Uruguay posdictadura. Concebida básicamente como una ampliación de cobertura (al incorporar al sistema mutual a sectores que estaban excluidos del mismo bajo el formato de seguro social), la reforma de salud cuenta hoy con una amplia expectativa de la población y una percepción básicamente positiva. La forma en que estos tres instrumentos destinados a reequilibrar la forma en que se distribuyen beneficios y se asignan cargas fueron aprobados en esta administración, muestra las ventajas de una fórmula política de gobierno de un partido que cuenta con mayorías propias en el Parlamento. Difícilmente en los formatos de gobierno de coalición anteriores se hubiera tenido la capacidad política para aprobar leyes de tamaña envergadura, mas allá de las evaluaciones que puedan hacerse sobre las mismas.

El año finalmente cierra con un interrogante importante acerca del lugar de Uruguay en un escenario regional y nacional excepcionalmente complejo. Por un lado, el mismo marca una perspectiva de crecimiento económico para casi todos los países de la región, que es enormemente positiva y alienta las expectativas de reforma de muchos. Por otro lado, Uruguay deberá transitar algunos cambios en los gobiernos vecinos, como el de Cristina Fernández en Argentina, y el nuevo gobierno que se instalará en Paraguay luego de las elecciones de abril. Las expectativas de crecimiento de Argentina y Brasil son muy buenas, y continuarán alentando la alianza de estos dos países. Al mismo tiempo, la incorporación de Venezuela como socio pleno podrá producirse en los próximos meses y representará un desafío para el bloque. El último Congreso del Frente Amplio remarcó la voluntad de esta fuerza política de reforzar el Mercosur, sugiriéndole al gobierno orientarse en este sentido. No todas las señales son positivas, claro está, como lo muestra la prolongación y gravedad del conflicto en la frontera con Argentina, pero Uruguay deberá aprender a navegar en esas aguas.