TODOS ARRUGAN ANTE LA TV PRIVADA

El Poder Ejecutivo tuvo en setiembre del año pasado una buena iniciativa. Mandó al Parlamento una ley sobre financiación de partidos.

La ley no era una maravilla pero tenía varios méritos. Primero, que hasta ahora no había habido ley no por olvido, sino porque no convenía que hubiera ley. A los que evitaban que la ley se instaurara les convenía que los partidos se financiaran por el vergonzoso sistema de que las comisiones de finanzas recorran las empresas, escuchen sus demandas, les pidan plata y estas les dan plata. A unos les servía como arma política un buen sistema de contactos con las empresas y otros pensaban que era rentable tener partidos de rodillas.

El tema se considera universalmente una cruz de los caminos de la democracia. Financiados de ese modo los partidos están expuestos a la corrupción. Toda la literatura comparada explica que como las campañas cada día cuestan más caras, cada día hay pues más desesperación política demandando recursos, cada día los políticos están más dependientes frente a los que tienen dinero. Por ello en toda América Latina hay ley de financiación de partidos. Salvo en Uruguay y en Haití. Entonces el primer mérito del Poder Ejecutivo era poner una propuesta de ley arriba de la mesa.

El segundo mérito es que esa ley tenía bastantes elementos. Le faltaban algunos importantes, pero tenía bastantes.

¿Qué se hace cuando una ley amenaza cambiar algo? Se le deja el nombre y se le vacía el contenido. Esa es la historia de lo que está pasando con la complicidad de todos.

Los poderes fácticos soplan y todos al mazo

Dejaré para una próxima columna el análisis de los elementos que son imprescindibles en una ley de financiación de partidos para que ella obtenga el fin que debe perseguir. Lo haremos a la luz del proyecto de ley en concreto que la Comisión del Senado ha mal corregido respecto de la versión que le había enviado al Ejecutivo y está mandando al tratamiento por el Senado para el próximo mes.

Hoy nos interesa hablar, sin embargo, de un punto en concreto. Para evitar que la democracia no se convierta en una plutocracia (preponderancia de los ricos en el gobierno del Estado, según la Real Academia) los sistemas tratan de darle más equidad a la publicidad de las diferentes ofertas programáticas y de gobierno que compiten en una elección. Para empezar se limita el tiempo de la campaña, porque, cuanto más largo sea él, más caras las campañas y quedan en ventaja los que tienen más dinero. Luego hay dos recursos ya clásicos. Uno es que la ley disponga que las emisoras de televisión privada cedan un espacio gratuito a cada partido durante la campaña, de manera que todos puedan hacer llegar su mensaje a los votantes. El sistema ya impera en ocho democracias latinoamericanas si nos atenemos a los datos del experto en el tema Daniel Zovatto (Dinero y Política en América Latina, una visión comparada: 2003).

En realidad el debate está un paso más adelante. Para que haya más igualdad en la competencia democrática y pese menos el factor dinero ya dos países prohibieron que además de la publicidad gratuita en los canales privados hubiere publicidad remunerada. No está permitido en Chile y en Brasil, como no está permitido en España, contratar publicidad además de la que se concede gratuitamente. En México se está cerca de establecer la misma norma.

El proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo aludía al primer asunto, a la publicidad gratuita. En su artículo 32 y siguientes establecía que los canales privados debían de ceder cada uno una hora diaria de publicidad al total de los partidos. La norma seguía lo que se ha implantado en América Latina y en el mundo pero tenía algún defecto que la hizo débil. Obligaba lo mismo a todas las emisoras de radio, cosa que no suele ocurrir en otros países. Por supuesto vino de inmediato la presión de los canales privados, fortalecidos ahora por las radios de todo el país. Y los partidos de oposición que eran desfavorecidos por el original sistema de distribución del espacio gratuito. Y la semana pasada, la Comisión de mayoría frentista resolvió eliminar todo el capítulo denominado "Acceso gratuito a la publicidad estatal". Los canales privados seguirán siendo los árbitros de las elecciones, gozando de una concesión que les da la democracia para que hagan plata con pala y, además, haciendo de las elecciones nacionales un gran negocio económico y de poder.

Tal vez una buena descripción de la situación, que tiene el mérito de ser exterior y académica, sea la de Kevin Casas, que hizo su tesis de Doctorado para la Universidad de Oxford sobre el financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica y Uruguay.

Dice Casas (Subsidios electorales y financiamiento de campañas en Uruguay, Cuadernos de CLAEH 86) sobre Uruguay: "...los tres canales privados de televisión han llegado a operar, con la anuencia de las autoridades públicas, como un poderoso cartel empresarial. Su temprano dominio sobre la televisión abierta a escala nacional fue el preludio a su control ­hecho posible por sucesivas decisiones de las autoridades públicas­ sobre sectores emergentes del mercado televisivo, como los canales regionales y la televisión por cable". Agrega que a ello se agregó la disposición del gobierno de "...de prohibir la importación de decodificadores de televisión satelital, salvo que fuera realizada por las estaciones existentes de televisión por cable. Entre tanto, el intento realizado en 1997/98 para establecer la obligación legal de los canales de televisión de asignar espacios publicitarios gratuitos a los partidos políticos durante las campañas ­un esfuerzo que originalmente suscitó un amplio apoyo político- fracasó en el Senado cuando la Andebu hizo saber a los legisladores su intenso rechazo al proyecto...· (...) "¡Formidable! ­exclamó en esa ocasión el hoy senador José Mujica-. No he visto ningún gremio de los que ha pasado en esta casa que haya tenido tal contundencia para torcerle la mano al Senado". (J. Mujica, Cámara de Representantes, Diario de sesiones 18 de noviembre 1998, página. 63).

Casas luego se refiere a "la práctica de los canales de cobrar tarifas diferenciadas a los diversos tarifas y sectores, otorgando a algunos de ellos grandes descuentos con respecto a las tarifas oficiales. Al hacerlo, los canales devienen grandes donadores políticos, con una importante capacidad para influir en el juego electoral. El ex presidente J. M. Sanguinetti ha formulado el problema con claridad: Un contribuyente que en el Uruguay aporte US$ 50.000 (dólares) o US$ 60.000 para una campaña es un gran contribuyente...Y US$ 50.000 en televisión es bastante poquito, es nada. Quiere decir que la tarifa de televisión es, en definitiva, el mayor sponsor. Allí es donde está un elemento de los más decisorios desde el punto de vista de la financiación de una campaña. Yo le diría que el elemento número uno. (Entrevista con Sanguinetti, 12 de abril de 2000)".

Así ha resuelto la Comisión del Senado que siga la cosa. ¿Qué dirá el Senado? ¿Le torcerán otra vez la mano, al decir de Mujica?