EL IRPF, LA OPOSICION, EL PODER JUDICIAL Y LA DEMOCRACIA

En las últimas semanas el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas a los pasivos ha sido ubicado en el centro de las noticias nacionales. Se planteó su inconstitucionalidad por parte de los partidos de la oposición y ha sido muy amplificado y difundido por los grandes medios de comunicación, en una función nítidamente opositora al gobierno nacional. A la oposición no le ha sido sencillo criticar al gobierno. Los partidos de la oposición le expresaron a la ciudadanía que no debían votar a la izquierda porque era autoritaria y antidemocrática. Con tres años de gobierno del Frente Amplio se demostró claramente el mantenimiento de los principios básicos de la democracia como las libertades, la ampliación de la garantía de los derechos humanos y la seguridad de que se mantiene en plena vigencia el Estado de Derecho y se garantiza el cumplimiento de la Constitución y la ley. Por ello la oposición no puede atacar al gobierno como antidemocrático.

Por otro lado le expresaron a la ciudadanía que no votaran a la izquierda porque ésta generaría caos financiero, fuga de capitales, especulación y elevada inflación. No solamente esto no ocurrió sino que, además de la estabilización económica y de precios, se ha dado un muy elevado ritmo de crecimiento que permitió mejoras sustantivas en el empleo, en el salario real y en el gasto social.

Por lo tanto, a los partidos de la oposición no les resulta sencilla la tarea de criticar al gobierno y buscan por todos los medios encontrar temas que los puedan favorecer. La defensa de la inconstitucionalidad del IRPF a los pasivos tampoco deja bien parados a los partidos de la oposición por varios motivos:

a) Ellos aplicaron el Impuesto a las Retribuciones Personales que era más regresivo que el impuesto a la renta porque no tenía mínimos no imponibles ni deducciones y, además, era de doble tributación porque se cobraba también sobre los aportes personales a la seguridad social. Además fue declarado de carácter constitucional por la Suprema Corte de Justicia en 1997.

b) Habría que preguntarse a qué sectores sociales se está favoreciendo con esta supuesta inconstitucionalidad porque no es exactamente a la masa de jubilados que reciben limitados ingresos.

En realidad pagan este impuesto el 15,7% del total de los pasivos y solamente 27.700 pasividades ­que representan el 5% del total de pasivos­ pagan más que con el Impuesto a las Retribuciones Personales. En esencia son quienes están amparados por leyes especiales como los ex presidentes de la República, los cargos de particular confianza política y especialmente militares retirados.

c) Es un impuesto a los ingresos elevados por concepto de pasividades que se aplica en la mayoría de los países del mundo que tienen Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

d) En esencia, los partidos de la oposición encontraron un tema para atacar al gobierno; lo hacen con mucha dureza pero con muy pocos argumentos y con alto grado de civilización política que caracteriza al sistema político nacional.

Pero la fuerza de la oposición está en el papel central de los grandes medios de comunicación que amplifican la información por los titulares, por los espacios que le dedican al tema y por los minutos de televisión que utilizan. Están en su derecho de efectuarlo apelando a la libertad de expresión y de información y tienen un gran poder sobre la opinión pública e influyen ideológicamente sobre los valores y motivaciones de la sociedad. Por ello hemos propugnado por la democratización de los medios de comunicación que, en esencia, es otorgar más igualdad de oportunidades a las distintas formas de expresión pública. Ello requiere la acción del Estado para asegurar la libre competencia, enfrentando los monopolios existentes especialmente en materia de televisión. Esto es una asignatura pendiente del actual gobierno.

La creación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas busca avanzar en un tema muy caro para la izquierda como es la justicia social, aunque esta se logra mucho más a través del gasto social. Como lo muestran Barreix y Roca, citando a Andrea Vigorito, el 18,5 % del total de ingresos del decil más rico del país corresponde a pago de jubilaciones. Dicho de otro modo, el 43% del total de jubilaciones corresponde a pasivos que se ubican dentro del 20% de mayores ingresos de la sociedad uruguaya. Por otro lado, el 50% de los niños menores de 5 años está debajo de la línea de pobreza mientras que de los mayores de 65 años sólo cerca del 5% se encuentra en esta situación.

Otra forma de analizar el tema generacional es que "los mayores de 65 años reciben más del 65% del gasto social, en tanto los menores de 5 años se benefician con sólo el 5,5%".

Por ello reafirman Barreix y Roca que "no gravar al 15% de las jubilaciones más altas es irracional, injusto generacionalmente y una nueva muestra de irracionalidad fiscal".

El tema está en manos de la Suprema Corte de Justicia. Por la calidad de la democracia queremos un Poder Judicial autónomo, independiente, fuerte, serio y responsable.

El gobierno anuncia como corresponde que acatará sus decisiones, sean las que sean. Recordemos nuevamente que en 1997 esta institución declaró constitucional un impuesto más injusto y más regresivo como el Impuesto a las Retribuciones Personales.

Queremos defender al Poder Judicial que no debería sentirse presionado ni por los partidos de la oposición ni por los medios de comunicación y actuar de acuerdo a su leal saber y entender.

No queremos un Poder Judicial subordinado al Poder Ejecutivo. Esperamos su fallo y, especialmente, sus fundamentos. Porque la institución judicial tiene que ser fuerte, pero también creíble para el conjunto de la sociedad, para que ésta pueda claramente entender y comprender sus razones.

Si el Poder Judicial no tiene credibilidad se afecta la calidad de la democracia. De acuerdo a estas decisiones y a sus fundamentos analizaremos posteriormente qué hacer con este cuestionado impuesto, mantenerlo o derogarlo, pero siempre acatando cada resolución de la Suprema Corte.