Hugo Luján Amaral |Rocha
En la sentencia de la jueza de La Paloma, Amalís Martínez, se entregaron a un particular 200 hectáreas al borde del Atlántico, en un espacio conocido como balneario Mar del Plata.
El proceso judicial, denunciado por contener un cúmulo de irregularidades, fue conocido por la Intendencia de Rocha a principios de este año, cuando una persona que había comprado los derechos posesorios del bien cercano a La Pedrera tramitó la exoneración de la Contribución Inmobiliaria (debe 12 años). La comuna pidió la nulidad del procedimiento judicial y recusó a la jueza Martínez por primera vez. Por estas horas se presentará un segundo escrito de parte del municipio solicitando la recusación por recientes declaraciones públicas de la magistrado actuante.
El proceso judicial comienza en diciembre de 2006, cuando en un tiempo considerado récord en ámbitos jurídicos la jueza de La Paloma dicta sentencia a favor de Luis Sosa Rocha, concediéndole los derechos sobre Mar del Plata, unas 200 hectáreas en la costa cuya superficie -a juzgar por el fraccionamiento existente- corresponde en un 40% a espacios públicos.
En una acción de "mera declaratoria", el favorecido con esta sentencia, a la que se llega tras escuchar a cuatro testigos, fue patrocinado por el abogado Víctor Jorge Moldes Rubial, decano de la Facultad de Derecho del Universitario de Punta del Este.
Meses después, en abril de 2007, se inicia una demanda de prescripción adquisitiva por parte de Inés Vigil Superville, patrocinada por el mismo abogado, Moldes Rubial. En este marco la jueza actuante designa como defensora de oficio a la abogada Silvana Saroba en setiembre, y en octubre recién se da cuenta a la Fiscalía.
El expediente ingresa en Segundo Turno, pero en unos días de licencia del fiscal titular, y al ser subrogado por la fiscal Gabriela Fosati, rápidamente es tramitado y sale de Fiscalía. El 8 de noviembre la jueza Martínez dicta sentencia y la defensora de oficio manifiesta consentimiento, dejando firme la resolución de la magistrado actuante. Dos meses después la titular que comenzó la demanda de prescripción se presenta en la Intendencia solicitando exoneración de Contribución Inmobiliaria y exhibiendo -entre otros documentos- la sesión de derechos que le había hecho Sosa Rocha.
Este elemento alertó a la comuna, quien el 18 de febrero pidió la nulidad del proceso por ausencia de emplazamiento (nunca se notificó a la Intendencia) y solicitó la recusación de la jueza Martínez. Esta solicitud se formula nuevamente esta semana luego de escuchar declaraciones públicas de la jueza en cuestión.
El tema fue denunciado por funcionarios del Juzgado de La Paloma en el marco de una serie de acusaciones al gremio, y éstos ya lo plantearon a la Suprema Corte.
Ahora, los abogados rochenses se ocuparon del tema y aprobaron en la última asamblea del Colegio de Abogados solicitar entrevista a la SCJ, la que se concretaría la semana próxima. Una de las abogadas actuantes que integra el Colegio participó de la asamblea donde se analizó el asunto.
Comentarios (beta!)