Guía. Preparan un manual para poder atender a las víctimas de una realidad para la que no existen políticas articuladas

Explotación sexual infantil: los niños están muy solos

Pierden la autoestima y el respeto a su cuerpo. El sexo se transforma, para ellos, en sólo una vía para obtener dinero fácil, aunque gran parte de él vaya a parar a bolsillos de terceros. La realidad de la explotación sexual infantil es un tema del que en Uruguay no se habla lo suficiente, pero los casos se multiplican, aunque pasen desapercibidos.

 

Vulnerables

Son víctimas de realidades domésticas y aisladas, y también de redes poderosas. Poco se sabe de ellos y, más allá de buenas intenciones, los expertos coinciden en que el país tiene aún un profundo debe en el combate a la explotación sexual infantil.

Este término es relativamente reciente y engloba realidades diferentes entre sí. Incluye desde la prostitución infantil -en sus diferentes formas- hasta la trata, el turismo sexual y la pornografía. En cualquier caso, todas estas realidades tienen algo en común: la vulneración de derechos de niños y adolescentes y distintas formas de provecho económico, que no se limitan al dinero -aunque en algunos casos el negocio mueve fortunas-, sino que pueden constituir «un pan con mortadela o un techo cuando uno no tiene donde vivir», definió la doctora Diana González Perrett.

La abogada, junto a la asistente social Andrea Tuana, expertas en la temática, coincidieron en que el tema no ha sido profundamente investigado. «Es un tema que no forma parte de las políticas sociales y no hay presupuesto para él», afirmó Tuana. En nuestro país no existen investigaciones fehacientes sobre el tema, así como tampoco estadísticas firmes, ni siquiera -de forma desagregada- en el Observatorio de Violencia y Criminalidad. Para abordar la temática se toman en cuenta investigaciones que datan de varios años, o provenientes de la Argentina. Poco más.

Se sabe, eso sí, que los casos se multiplican e involucran, en la mayoría de los casos, a adolescentes, aunque las edades de las víctimas tienden a reducirse, según afirman los trabajadores del área. De comprobarse que Pamela Silva -de tan sólo once años- se prostituía para sus vecinos, el suyo pasaría a ser otro caso de una nueva modalidad que, aunque menos frecuente que otras, gana terreno en nuestro país. La virginidad tiene un alto precio.

También se sabe que la mayoría de las víctimas sufre ciertos factores de vulnerabilidad. «Vienen de situaciones complicadas, de pobreza o extrema pobreza. Muchos de ellos han sufrido algún tipo de violencia, incluyendo abuso sexual. En determinado momento, la situación de calle pasa a ser una alternativa», explicó Tuana. Es en esos momentos cuando se vuelven vulnerables para que algunos adultos, atentos a su desprotección, los introduzcan en los circuitos de explotación.

Sin embargo, la situación no es tan clara para los chicos. «Muchas veces el proxeneta ha generado con ellos un vínculo afectivo, que pude ser incluso una relación de noviazgo, una promesa de casamiento o hijos en común.

No suele haber una familia contenedora a la que volver. Además, es una actividad que genera beneficios económicos», señaló la experta. El adolescente queda atrapado en el círculo de explotación. Proviene de medios hostiles. A sus ojos, todo puede ser peor.

 

Por la comida o la ilusión

La explotación sexual infantil no se limita a la prostitución infantil, su forma más evidente, en la que suelen participar chicos en situación de calle que, a medida que crecen, necesitan nuevas estrategias de supervivencia, cuando las moneditas de los transeúntes conmovidos comienzan a escasear. En estos casos suele haber redes y, en gran medida, complicidad de la familia -en caso de que exista-, que toma la explotación como una estrategia de supervivencia aprobada culturalmente. En muchos casos, los adolescentes mantienen con este dinero a su madre, hermanos e hijos, productos generalmente de su propia situación de explotación.

No obstante, el fenómeno tiene formas menos visibles. Una de ellas es la pornografía. En estos casos, las víctimas suelen tender a la clase media. La situación puede comenzar como un engaño, en que un amigo, vecino o conocido de la familia atrae a las jóvenes con promesas de futuros éxitos en el mundo del modelaje. Al comienzo las fotos suelen ser poco más que sugerentes, pero el voltaje erótico avanza con el tiempo y, en ocasiones, puede terminar con contactos sexuales con los adolescentes. En ocasiones, el intercambio comercial se limita a objetos apreciados por los jóvenes, como un par de championes de marca o un celular último modelo. Sin embargo, el negocio también llega a mover muchísimo dinero, aunque la mayoría -como pasa en estos casos- va a parar a los bolsillos de quienes sacan las fotos o las cuelgan en Internet.

Cuando los adolescentes provienen de contextos vulnerables o pasadas situaciones de abuso, el asunto se visualiza como un buen negocio. «En un lapso mucho más breve que estar en una esquina tres horas tomando frío, sin saber a qué riesgo se van a exponer, los adolescentes sienten que pueden obtener mucho dinero. Aunque haya sexo explícito, lo vivencian como algo mucho menos dañino», explicó la socióloga y asistente social Cristina Prego, integrante de la ONG El Faro, que atiende a las víctimas de explotación sexual. Sin embargo, los daños llegarán a largo plazo: las fotos podrán circular por Internet durante años, en cualquier lugar del mundo. «Cada vez que se abra va a ocasionar un daño. Muchos adultos se han descubierto en Internet y eso les ha resultado muy nocivo», dijo Prego.

El fenómeno también abarca los casos de turismo sexual. Algunas redes que trabajaban en este sentido han sido desbaratadas por la Policía. En Flores, por ejemplo, los paquetes turísticos para los extranjeros incluían encuentros sexuales con menores. En Maldonado, un adolescente denunció que ingresaba a algunos hoteles de lujo para tener sexo con clientes. El caso no pudo comprobarse.

 

Víctimas del barrio

Una incipiente modalidad de explotación sexual se liga al espacio doméstico-vecinal. La historia es más frecuente de lo que se cree, e incluye víctimas de edades cada vez más bajas. Un vecino del barrio, generalmente un adulto varón, posiblemente jubilado, contrata a una niña para que lo ayude con la limpieza del hogar. Con el tiempo, esto deriva en una situación de explotación que se convierte en una estrategia familiar de supervivencia. Los niños suelen provenir de núcleos pobres, donde el abuso intrafamiliar no es infrecuente. Con el tiempo, la cantidad de vecinos explotadores puede multiplicarse. Los casos de Pamela Silva, en Maldonado -de comprobarse-, y de la niña de Tacuarembó cuyo padre fue asesinado en la cárcel días atrás traen ecos de esta modalidad que, aunque incipiente y poco evidente, parece comenzar a extenderse por el país.

 

Sin políticas y con prejuicios

Además de que no existen estadísticas actualizadas sobre el tema, los especialistas hacen hincapié en que no forma parte de una preocupación del Estado, «entendiendo que el Estado somos todos», sostuvo Prego. No hay respuestas institucionales concretas, si bien todos admiten que se ha dado un gran paso con la creación de un Plan nacional de erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, en manos de un comité nacional interinstitucional (ver recuadro).

Prego, de El Faro, explicó que si bien el INAU financia el trabajo de algunas (pocas) ONG para atender a estos chicos, «no existen los recursos ni la capacitación suficientes para elaborar estrategias más eficaces». La falta de dinero y personal capacitado en grandes áreas del Estado (Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, INAU, Migración, educadores, entre otros), no es el único inconveniente.

La doctora González Perret agregó que, del mismo modo que no hay respuestas institucionales, «Uruguay tampoco cuenta con un adecuado sistema normativo».

Los expertos coinciden en que la Ley Nº 17.815, específica contra la explo
tación sexual comercial infantil, «ha servido muchísimo», al penalizar todas sus formas, así como a los clientes, y descartar el consentimiento como un elemento a considerar a la hora de tipificar el delito. En este sentido, el doctor Edgart Manzarini, del Comité nacional para la erradicación de la explotación sexual, aseguró que muchos clientes han sido procesados gracias a una mejor coordinación con la Policía y el Poder Judicial (ver recuadro). No obstante, los operadores del área aseguran que queda mucho por hacer. «De los clientes se sabe y se habla poco. A lo sumo, tenemos datos de investigaciones argentinas, que indican que se trata, generalmente, de adultos varones de entre 30 y 60 años, pertenecientes a cualquier clase social», indicó Tuana.

Por su parte, González Perrett, a pesar de alabar el buen intento que constituye la ley 17.815, señaló que resulta insuficiente, dado que se mantiene de base un Código Penal de 1934, para el que, todavía, los ilícitos vinculados a la violencia sexual son considerados delitos contra las buenas costumbres. «Esto genera que, cuando la víctima va a denunciar. Lo que se plantea no es su integridad sexual, sino si la violencia fue querida o no por ella. Encontramos juzgados que preguntan, a la hora de probar una violación, si la persona es virgen o no, cuando eso no tiene absolutamente nada que ver», explicó la abogada. En esta lógica -aseguró-, las víctimas quedan «totalmente obstaculizadas del acceso a la justicia».

González Perret indicó que existen dos comisiones que intentan modificar los códigos Civil y Penal, aunque en su totalidad, lo que augura que el proceso será lento. Por otra parte, existe un proyecto de reforma del título referido a delitos sexuales, aunque está «en etapa de preanálisis, lo que muestra qué poco se jerarquizan estos ilícitos».

Las especialistas también señalaron que no existen juzgados especializados en la temática y se está muy lejos de poder construir un protocolo de atención de los casos, como el recientemente creado para la atención de niños víctimas de maltrato, en el ámbito policial.

«Este es un tema pesado, pero la población que lo sufre no tiene peso. Son niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados y en situación de pobreza; no conforman un movimiento que pueda reivindicar», sostuvo Tuana. Los operadores coinciden en que en nuestra sociedad existe cierta complicidad respecto a este tema. «La lógica es ‘si los hombres necesitan esto, debe existir’. Hay una legitimación tácita y «la corrupción está presente en todos los casos, en diferentes grados: obtener documentación para que el adolescente parezca mayor de edad, que los controles de las casas de masajes se obvien, o que haya un hotel que permita entrar menores», dijo González Perrett.

 

La soledad requiere una guía

Las especialistas aseguran que existen prejuicios en la sociedad en general, pero también en los medios de comunicación, los juzgados y la Policía, cuyos miembros «no tienen formación en el tema». Sin embargo, Manzarini aseguró que la Policía y la Justicia están iniciando un proceso de coordinación que ya ha obtenido logros. Afirmó que muchos jueces «varones y ya grandes» han comenzado a sensibilizarse en el tema y lograron procesar a algunos individuos, tanto por pornografía como por prostitución.

A pesar de ello, hay coincidencia en que la formación es totalmente insuficiente. Tuana y González Perrett preparan un manual, que saldrá a la luz en julio, apostando a que existan instrumentos para abordar el tema. Hasta el momento, son las organizaciones preparadas para trabajar con violencia sexual y maltrato las encargadas de recibir casos de explotación sexual. Se requieren operadores preparados, y el manual apuntará a prepararlos en varias áreas, como el INAU, las ONG, la Policía y los trabajadores de la salud y la educación.

Además de la formación, el manual pretende sensibilizar a la población sobre el tema, que no es fácil de abordar. Incluso, los operadores que realizan denuncias al respecto «están muy desprotegidos», según Prego. «A veces los va a buscar el explotador para amenazarlos», afirmó.

Tuana y González Perrett cuentan con el apoyo de la fundación Avina para publicar el manual y distribuirlo. Luego llegará la etapa de capacitación, para la que todavía no cuentan con fondos. Las expertas ya han realizado tareas de formación en zonas de frontera, particularmente en Río Negro y Entre Ríos (Argentina). También formaron parte de un trabajo de evaluación que se realizó en Nueva Palmira, junto al Ministerio de Salud Pública y el INAU. Los resultados finales de ese informe -realizado, en gran parte, en forma honoraria- se divulgarán en breve al público, según adelantaron.

 

LA ATENCION A LAS VICTIMAS

Las ONG que reciben a las víctimas de explotación sexual no cuentan con todas las herramientas adecuadas como para atender a los niños y adolescentes. En El Faro, especialista en maltrato y abuso intrafamiliar, se reciben estos casos, que constituyen el 10% del total. Atienden exclusivamente a adolescentes, y si bien los trabajadores de la institución se preparan para la ardua tarea de recuperar a estos chicos sin revictimizarlos, aseguran que queda mucho por hacer.

Cristina Prego, integrante de la ONG, explicó que el proceso se inicia con una derivación, proveniente del sistema judicial, el INAU u otras organizaciones sociales. Casi la totalidad de los casos que han recibido están judicializados. Posteriormente, los especialistas realizan un diagnóstico de la situación que vive el adolescente, lo que incluye «su historia, su cotidianeidad, su situación familiar, sus potencialidades y necesidades», dijo Prego. También se analizan los «niveles de daño» que han sufrido, lo que tiene que ver con el tiempo que llevan expuestos a la situación de explotación y las respuestas que han obtenido de su medio.

El primer objetivo, además de la protección inmediata de los adolescentes, es la «construcción de un espacio de confianza». El joven sabe que, en caso de que corra riesgo, los técnicos podrán denunciar el hecho, aunque «la mejor respuesta no es institucionalizarlos o salir corriendo a la Policía o a la Justicia, porque no es integral», explicó Prego.

Un punto importante es buscar a algún adulto referente que pueda acompañar al joven en el proceso. La tarea no es sencilla, porque muchas veces se sienten juzgados y son altamente vulnerables. Sin embargo, su apoyo es imprescindible.

Para lograr la inclusión del joven a la sociedad se apuesta a la educación -tanto formal como no formal-, que le dará respuestas en el futuro y le proveerá las herramientas para que se sienta «capaz de hacer algo distinto a ser explotado sexualmente». El trabajo para fortalecer su autoestima es fundamental, así como su integración al grupo de pares, del que suelen sentirse ajenos. Además, son jóvenes generalmente estigmatizados y señalados, incluso por su entorno, aunque sea el mismo que vulnera sus derechos.

«Debemos mostrarles que son capaces de hacer muchas cosas. Una intervención exitosa es la que les permite construir un proyecto de vida propio y libre», definió la especialista. El proceso no es sencillo: hay que vencer estigmas culturales y, en muchos casos, soportar redes influyentes que amenazan y persiguen a los jóvenes para que no dejen la actividad. Muchos lo logran, aunque resta mucho por hacer.

Por ejemplo, existen debilidades en cuanto a los programas de reinserción laboral, admitió Cristina Prego.

 

RESPUESTA DEL ESTADO: EL PLAN PARA COMBATIRLA

En 2007 se lanzó el Plan nacional de erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, producto de un comité interinstitucional creado por el Poder Ejecutivo. Presidido por el INAU, en él trabajan también la ANEP, los ministerios del Interior, Turismo, Salud Pública y Educación, Unicef y ONG, entre otros.

En 2008, el plan comenzará a desarrollar po
líticas concretas. Según explicó el presidente del comité, doctor Edgart Manzarini, éstas serán, básicamente, una campaña de sensibilización a la sociedad, que incluirá folletería y afiches en terminales y peajes, así como publicidades televisivas. «Se necesita que la gente tome conciencia para que denuncie», dijo Manzarini. Con este fin, se fortalecerá la Línea Azul, para poder atender la demanda adecuadamente. Cuando se reciben las denuncias, se derivan inmediatamente a la Justicia. «Hay una apertura de mentalidad, y se han obtenido respuestas de parte del Ministerio del Interior y del Poder Judicial, salvo en los casos en que la explotación sexual se mezcla con el abuso intrafamiliar», opinó Manzarini. Ya se han logrado varios procesamientos. Robert Parrado, del Ministerio del Interior, que forma parte del comité, dijo que en el último período se ha trabajado en una docena de casos, en cada uno de los cuales podían verse implicados varios menores. No todos finalizaron en procesamientos.

Por otra parte, en 2008 también se apostará a la capacitación de los operadores de todas las reparticiones del Estado, en una primera instancia en el Centro de Formación de INAU. También es posible que se cree una unidad especializada para la atención de las víctimas y sus familias.

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