En 2007, una subcomisión del Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), en la que trabajan diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales, comenzó a elaborar una serie de recomendaciones para que los niños y adolescentes dejen de trabajar en todas las etapas de la recolección y clasificación de residuos. Los resultados de la labor se dieron a conocer ayer.
"Haremos un seguimiento de estas recomendaciones. Creo que no será difícil, pero debe mantenerse en el tiempo", dijo a LA REPUBLICA la secretaria técnica del CETI, Graciela Pardo. Este seguimiento no incluye sanciones económicas ("El trabajo con los residuos no es igual al de una fábrica, a la que se puede multar", dijo Pardo), pero será "constante", con el fin de "conocer más a esta población" y alejarla definitivamente de una tarea de alto riesgo. Basta considerar la muerte de un menor de edad en un vertedero de Fray Bentos, pocas semanas atrás. Pardo enfatizó que, precisamente por ello, el trabajo de los adolescentes en esta área está absolutamente prohibido.
Como forma de concretar este seguimiento, se plantea la necesidad de relevamientos y censos permanentes de las familias que se mueven en el sector. Entre otras recomendaciones del CETI, se incluye la necesidad de una "adecuada articulación institucional" entre las instituciones que trabajan en el tema, tanto en el ámbito nacional como en el departamental y local. Entre otras cosas, "se le solicita a la DGI que controle que en todo el proceso de gestión de la basura, donde se mueven varios intermediarios particulares, no haya mano de obra juvenil".
También se solicitará a las intendencias que hagan hincapié en un adecuado tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Por un lado, se pide hacer efectiva la "prohibición absoluta" del trabajo de los niños en relleno sanitario y vertederos municipales.
Por otra parte, se promueve un Sistema de Etiquetado Social, una forma de acreditar que en la elaboración de un determinado producto, en todas sus fases, no se ha contado con mano de obra infantil. Se estudia incentivar económicamente a las familias que no incluyan a sus hijos en estas tareas. Lo mismo ocurrirá con las empresas.
Por otra parte, se apuesta fuerte al cooperativismo en el trabajo con la basura para asegurar una "intermediación social sin fines de lucro", alternativa a la actual, donde "unos pocos se quedan con muchos millones", en palabras de Pardo. Con este fin, las cooperativas recibirán "apoyo ecónomico, operativo-logístico y técnico".
El documento también establece la importancia del rol de la población en general para evitar el trabajo infantil. Por ello, se recomienda reglamentar la clasificación domiciliaria obligatoria para "edificios, complejos habitacionales, comercios, hoteles, grandes generadores en general y organismos públicos".
La apuesta más fuerte consiste en el regreso de los niños que trabajan a las aulas. Para ello, se realizará un seguimiento escolar y liceal permanente y estrategias de retención, tanto en el circuito formal como en el informal. Por otra parte, "es imprescindible trabajar con los maestros comunitarios y los docentes de Aulas Comunitarias, para que ellos sepan identificar el trabajo infantil precozmente", explicó Pardo.
Para que las familias no consideren imprescindible la mano de obra de sus hijos, las recomendaciones incluyen un apoyo integral para estos núcleos, que incluirá transferencias económicas para quienes decidan el retorno de los niños a los centros educativos. Esta medida estará acompañada de un seguimiento psicosocial y de un apoyo permanente en el ámbito laboral, con microcréditos y capacitación permanente.
Finalmente, se planea una campaña de sensibilización para que toda la población se pliegue a la necesidad de que los niños dejen de trabajar en la basura. "La exclusión social lleva a la exclusión. Los hijos de los niños que hoy trabajan y abandonan sus estudios también serán excluidos. Tenemos que romper con este círculo", concluyó Pardo.
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