Ley de adopción: INAU busca mesa de diálogo con jueces para acordar prácticas

La ley 18.590, que modifica las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia referidas a la adopción, causó revuelo en su momento. Entre sus puntos más polémicos estaban la posibilidad de que las parejas homosexuales pudieran adoptar, así como el fin de las «entregas» acordadas de los niños, ya que sólo el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tiene la potestad de seleccionar a las parejas que acogerán a los pequeños que, por motivos insalvables, no pueden permanecer con sus familias biológicas.

A pesar de todo, y concesiones mediante, la ley se aprobó. Desde entonces han transcurrido 4 meses en los que, en primer lugar, se ha observado una cierta aceleración del número de adopciones concretadas. La explicación podría ser, precisamente, que ya no son lícitas las «entregas» de niños, lo que implica que cada pequeño en condición de ser adoptado y su familia (tanto la de origen como a la que se integrará) debe atravesar un proceso guiado por el equipo técnico de INAU. Ahora, ningún juez podrá conceder la adopción de un niño a un adulto que tiene su tenencia desde hace un tiempo, un proceso sumamente habitual, sobre todo en el Interior. «Sencillamente, INAU no estudia a las familias que no están anotadas en el registro único y son evaluadas», aclaró Beatriz Scarone, directora del Departamento de Adopción de INAU. Durante un año, sin embargo, «los Tribunales podrán hacer lugar a adopciones de niños, niñas o adolescentes cuya tenencia por parte de los pretensos adoptantes hubiera comenzado -lícitamente- antes de esa fecha», dispone la norma.

De este modo, el número de niños en condiciones de ser adoptados aumenta (ninguno es entregado por fuera del sistema) y las familias inscriptas en el registro único tienen que esperar menos hasta concretar la adopción.

INAU dispone de dos años para poner en práctica medidas que permitan que la ley se cumpla en todos sus términos (ver recuadro), lo que incluye que ningún niño menor de dos años permanezca más de 45 días internado en la institución. El plazo se amplía a tres meses para los de entre 2 y 7 años. Debido a esto, es esperable que el número de adopciones continúe en invariable ascenso. Habían sido 60 en 2008, 57 en 2007, 45 en 2006 y 44 en 2005. Fueron 67 en 2009, 21 de ellas definidas en los últimos tres meses del año, desde que la ley entró en vigencia. Actualmente hay 551 familias atravesando alguna de las etapas del proceso de adopción de un niño.

 

Cosas que aclarar

Aunque hay cosas muy claras en la nueva ley, otras generan controversias entre los jueces y dudas en el INAU. En una charla organizada por la Universidad de la Empresa, la doctora María del Carmen Díaz, ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia, manifestó su acuerdo con algunos de los puntos que establece la ley, como la búsqueda del interés superior del niño, que implica que la prioridad debe ser «encontrar papás para los niños, y no niños para los papás», o los mecanismos para impedir la «institucionalización» de los pequeños. Sin embargo, también mostró discrepancias. «Esta ley muestra una gran desconfianza hacia los jueces», sostuvo.

Díaz dijo que nadie puede ser «asesor y parte» como, en su opinión, lo es INAU gracias a la nueva ley. Con esto, la magistrada se refería a que el Instituto tiene la obligación de asesorar a los jueces sobre qué familia es la apropiada para un niño y, a la vez, puede decidir, más adelante (en el año de tenencia con la nueva familia antes de que se produzca el cambio de filiación definitivo), que en los hechos no lo fue. También se mostró contraria a que, si el juez no está de acuerdo con la elección de INAU y la revoca, la institución pueda apelar. «El INAU es una dependencia administrativa y esto puede llegar a coartar la división de poderes. Es desconfiar de los jueces. Aparentemente son los que deciden, pero es una ficción», indicó.

Fuentes de especialistas que trabajan dentro y fuera de INAU consultados por LA REPUBLICA sostuvieron que el equipo técnico del instituto (conformado por 6 psicólogos, 5 asistentes sociales, un educador social, 3 administrativos y su directora, psicóloga de profesión) es «idóneo» para escoger la familia a la que se integrará un niño, un proceso sumamente delicado. Admiten que «cualquiera puede cometer un error», pero la posibilidad se reduce debido a que se trabaja en equipo para sopesar la situación.

De cualquier manera, la ley tiene puntos «oscuros», según los jueces y quienes trabajan en el INAU. Para acordar qué actitud se tomará ante eventuales situaciones controversiales, INAU planteará a los jueces, después del final de la feria judicial, la creación de una mesa de diálogo que «mejore la coordinación». A través de ella se pretende «ajustar procedimientos y fundar garantías para los niños, las familias y los funcionarios», dijo Scarone.

Entre estas dudas están la posibilidad de que una pareja homosexual adopte. En ningún momento la norma menciona prohibición alguna respecto al sexo de los adoptantes, que pueden ser personas de cualquier estado civil o parejas unidas por matrimonio o concubinato, lo que abriría la puerta también a las de orientación homosexual. No obstante, algunos juristas aseguran que el artículo 1º de la nueva ley, que establece que «en los casos de adopción, el hijo sustituirá su primer apellido por el del padre adoptante y el segundo apellido por el de la madre adoptante», implica que sólo podrán adoptar los heterosexuales.

Hasta ahora, ninguna pareja homosexual se ha inscripto en el registro único. Muchas han consultado por teléfono, informó Scarone, pero sólo dos solicitaron día y hora y luego no concurrieron. Sin embargo, la posibilidad está abierta. «Por eso proponemos discutir este punto con los jueces. No queremos que las personas tengan expectativas, pasen por el proceso de selección y luego se enteren de que los jueces consideran que sólo pueden adoptar heterosexuales. Hay que brindar garantías», insistió la directora de INAU.

El Poder Judicial y el INAU ya coordinaron aspectos relativos a la adopción hace dos años. Ahora, lo que se busca es profundizar estos acuerdos de cara a la nueva ley.

«El INAU y el Poder Judicial trabajan bien, pero esta ley, como todas, tiene varias interpretaciones. Además, hay que coordinar. Por ejemplo, podemos elegir una familia e ignorar que está atravesando un proceso penal, algo que el juez sí sabe y comunica», dijo Scarone. Por su parte, fuentes del INAU indicaron que dentro del instituto «preocupa el enojo de los jueces con la ley» y el hecho de que los magistrados «no entienden que con la nueva norma el Instituto no obtiene ningún beneficio».