Experto alabó plan uruguayo  de consejería sobre aborto

El prestigioso experto canadiense André Lalonde resaltó que el proyecto de consejería destinado a mujeres que transitan un embarazo no deseado «es una forma innovadora de abordar el tema» ya que éste deja de ser un asunto de moralidad para pasar a ser uno de «racionalidad».

Las declaraciones fueron efectuadas ayer durante la presentación del balance final del proyecto llevado a cabo por la sociedad civil Iniciativas Sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo, que viene desarrollándose a partir de 2002 y desde 2006 cuenta con el apoyo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

La iniciativa se basa en un servicios multidisciplinario de asesoramiento centrado en mujeres que se hallan cursando un embarazo no deseado y no aceptado. Una vez que las gestantes asistían a la consulta se les informaba sobre las diversas formas de abortar (enfatizando el uso del Misoprostol) y sus posibles consecuencias, se constataba el estado de salud de la mujer y se la asesora sobre métodos anticonceptivos seguros.

El plan se ha estado desarrollando en ocho lugares: los hospitales de Canelones, Florida, Las Piedras, San José y Pereira Rossell, y los centros de salud de Jardines del Hipódromo, Centro Giordano y de la Costa.

 

«Modelo de tolerancia»

Según Lalonde, vicepresidente de la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá, el rol de los profesionales, más allá de sus opiniones personales, debe ser brindarles a las mujeres la información necesaria para que tomen una decisión fundada.

Desde su punto de vista, Uruguay debe continuar ejecutando un «modelo de tolerancia» que ha hecho que «lidere el debate» sobre el aborto.

Por otra parte, el especialista canadiense, director de FIGO, subrayó que las muertes de mujeres durante la gestación o a pocos días del nacimiento del bebé marca, a nivel mundial, las desigualdades que existen entre ricos y pobres, por lo destacó que el asunto no es sólo sanitario, sino también político y económico.

En el planeta, cada minuto quedan embarazadas 380 mujeres, 190 de ellas no desean o no planean esa situación, 40 incurren en abortos riesgosos y una fallece. Para hacer frente a este panorama Lalonde hizo hincapié en tres medidas: el acceso a la anticoncepción, la asistencia de profesionales idóneos durante el parto y el puerperio y la posibilidad de contar con servicios de emergencia en caso de existir complicaciones.

Otro punto traído a colación por el especialista es la «epidemia de intervenciones quirúrgicas» (cesáreas) que va en contra del deseo de muchas mujeres que exigen tener un parto natural.

 

Algunas cifras

Entre mayo de 2007 y julio de 2009 hicieron usufructo del servicio 2.717 gestantes. El 73,2% (1988) sólo concurrieron a asesorarse, el 20,3% (552) efectuaron una consulta post-aborto y el 6,5% (177) sólo asistieron tras la interrupción del embarazo.

El 60% de las consultantes empleaban métodos anticonceptivos que fallaron, lo que rompe con el mito de que el embarazo no deseado es siempre el resultado de la irresponsabilidad o la falta de previsión, destaca el balance final del proyecto.

En total, el 55,4% de las usuarias del servicio decidió interrumpir la gestación; el 95% de ellas se había hecho chequeos en el centro en el que realizó la consulta inicial o en otros y no presentaron complicaciones. En contraste, el 21% optó por continuar el embarazo y se mostró conforme con su decisión.

En lo referente a la anticoncepción post-aborto, el 77,6% de las mujeres acudió a consejería y el 97,3% de ellas adoptó un método seguro (preservativo, pastillas o DIU).

Entre 1991 y 2001 los fallecimientos de madres por aborto inseguro representaron el 28% de la mortalidad materna a nivel nacional y, de 1996 a 2001, alcanzó al 47% de las muertes de gestantes en el Pereira Rossell. En la actualidad, hace dos años que no se registran defunciones por embarazos interrumpidos y desde 2007 no se constatan muertes en el Pereira Rossell, la maternidad más grande de nuestro país.

Recientemente, el Poder Ejecutivo reglamentó por decreto la ley 18.426 de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva, que recoge la ordenanza denominada «Asesoramiento para una maternidad segura. Medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo».