Baja en la edad de imputabilidad:  "Acá se legisla al grito de la tribuna"

El director de Derechos Humanos del MEC, Javier Miranda, se opone a bajar la edad de imputabilidad, tal como lo proponen los partidos de oposición como forma de bajar la violencia y la delincuencia.

Explica que «está comprobado que no da resultado». También está en contra de la propuesta del Poder Ejecutivo de pasar los antecedentes de menores infractores una vez que cumplan 18 años a la Justicia de adultos.

«Daré pelea en el Poder Ejecutivo», así como en el resto de los ámbitos, para que no se tome tal decisión, dijo al respecto. Aseguró que estas medidas, de adoptarse, afectarían al país a nivel internacional en su imagen y posicionamiento.

Para el jerarca, los legisladores adoptan medidas «al grito de la tribuna». Consideró que los medios televisivos, «en particular los informativos centrales de los canales privados», crean una «sensación de inseguridad que no se condice con la realidad» y que «es allí cuando se legisla». Agregó que los canales de televisión son «irresponsables» socialmente lo que genera que «se legisle al grito en primer lugar y después que se responsabilice a los adolescentes y niños pobres». Considera que «no sólo está la estigmatización por edad, sino también por pertenencia social».

­¿Hay una postura tomada desde la Dirección de Derechos Humanos sobre la propuesta de baja «de edad de imputabilidad» que plantea el Partido Colorado?

­En principio nuestra posición es en contra. Es un desacierto, ya que se proponen falsas soluciones. La baja de la edad de imputabilidad no es una solución. No disminuye el fenómeno de la violencia a nivel de la adolescencia. No es cierto, está absolutamente probado, pues no ha provocado en ningún lado que disminuya la criminalidad. ¿Por qué pasaría en Uruguay lo contrario? Es una torpeza pensar eso. Ahora, si lo que se quiere discutir es cuándo un adolescente tienen capacidad de discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal, cuándo estoy frente a una conducta reprimible desde el punto de vista penal, estamos hablando de la madurez de nuestros jóvenes. Entonces deberíamos discutirla no sólo para la responsabilización penal, sino también para conducir un auto, para el acceso al voto, etcétera. Lo que habría que discutir en todo caso es cuándo consideramos que hoy en nuestra sociedad se adquiere la madurez. Lo que no es aceptable es esta parcialización, porque en definitiva es pura estigmatización. ¿A los efectos penales sí, pero para votar no por no estar maduro? Si tiene madurez para entender el bien y el mal en una función de una conducta delictiva, también tiene madurez intelectual para decidir los destinos de su país.

­¿Ese debate en realidad no estaría ya superado desde otras áreas, por ejemplo la psicología?

­Es que yo creo que está relacionado. El derecho no hace más que establecer una barrera en la cual una persona se considera plenamente capaz para determinados actos. Entonces, en materia contractual el Derecho Civil dice que una persona a los 18 años es plenamente capaz. El derecho político dice que se es plenamente capaz para ejercer el voto. El derecho penal, en sintonía con eso, dice que un individuo a los 18 años es plenamente capaz para discernir cuándo una conducta es penalmente reprensible o no y que actúe la función inhibitoria que tiene la norma. Yo creo que es una discusión menor.

Acá lo que está ocurriendo es que otra vez estamos legislando para la tribuna y ése es uno de los problemas que tenemos en Uruguay. Legislamos al grito. Generamos opinión pública con base en los informativos y la crónica roja, se genera opinión pública, y por la opinión pública el legislador termina adoptando medidas. Entonces las soluciones más sencillas son bajar la edad de imputabilidad, y con eso calmo la tribuna, a la población. Hay una pésima política de los medios televisivos, pésima política social, irresponsabilidad social absoluta de los informativos de televisión, con algunas excepciones como las del canal oficial. Se genera así un estado de alarma en la población, una sensación de inseguridad, que la hay, pero que no se condice con la que hay de verdad, que es alimentada de la irresponsabilidad de los medios televisivos, que lo único que hace es fomentar la violencia en la sociedad.

Cuando la legislación penal tiende a disminuir la violencia en la sociedad, los medios de comunicación, los canales de televisión privada, y en particular los informativos televisivos centrales, están fomentando la mayor violencia en la sociedad de una forma absolutamente irresponsable, y el legislador responde al grito. Como viene la «alarma social», responde con la más fácil: bajamos la edad de imputabilidad, tenemos más presos, y después nos genera la alarma social que el sistema carcelario no resiste, y claro que no resiste, porque terminan todos presos.

­Cuando usted habla de una respuesta al «grito», nunca es un grito de más educación, sino de más prisión y también se ve una responsabilidad del otro.

­Absolutamente. Se legisla al grito en primer lugar y después se responsabiliza a los adolescentes y niños pobres. No es sólo una estigmatización por edad, sino también por pertenencia social. A ver qué pasa cuando en un barrio de la aristocracia o de alto poder adquisitivo se produce una detención por tráfico de droga. ¿Es la misma alarma social? No es la misma, de ninguna manera.

­¿Cómo ve usted la decisión del Poder Ejecutivo de mantener los antecedentes de los menores infractores reformando el artículo 222 del Código de la Niñez?

­Los estigmatiza, los condena, les está diciendo a priori a esos adolescentes que no tienen arreglo. El Estado renuncia a su posibilidad de educarlos y sobre todo reinsertarlos en la sociedad. Yo creo que es un error. Si no hay delitos ¿qué antecedentes voy a guardar? La idea es que esta persona que no tiene determinada edad no es capaz de cometer delito. Esa es la idea de la norma penal. Antes de los 18 años hay una conducta sancionable pero no hay delito. Pero además ¿para qué voy a guardar el antecedente? La edad de 18 años es un límite objetivo, porque tengo que ponerlo. Se escuchan cosas como «tiene 17 años y diez meses». Un límite de edad tiene que haber, y ahí el juez no puede decidir: tiene que ser el legislador.

­Usted critica esta postura del Poder Ejecutivo pero forma parte de él. ¿Ha manifestado su posición?

­Sí. Formo parte del Poder Ejecutivo y daré la pelea dentro de él para que se rectifique esa posición. Ya lo he planteado. Hay un ámbito que es el Consejo Honorario Consultivo (compuesto por diversas organizaciones del gobierno), donde se trata este tema y ahí elevaré las consideraciones a las otras autoridades de gobierno.

­¿Es decir que se plantea un debate?

­Sí, el debate vale la pena. A mí lo que no me gusta es cuando se sesga el debate y, repito, cuando se cobra al grito de la tribuna y no ante el diálogo tranquilo.

­¿Llegó alguna advertencia internacional por estos temas?

­Oficialmente no, pero es probable que llegue. Yo tuve una reunión informal con la vicepresidenta del Comité Internacional de los Derechos del Niño y me decía que estaba muy preocupada con la situación de la niñez y la adolescencia del Uruguay. Podemos comprometer nuestra responsabilidad internacional.

­¿En qué medida puede afectar al país?

­Lo puede afectar en cuanto a su posicionamiento internacional. Hay que comprender que la política de derechos humanos es muy importante en el posicionamiento país a nivel internacional. Uruguay no sólo se planta a nivel económico sino también a nivel de los derechos humanos.

A mí me preocupa que se está haciendo un enorme esfuerzo para darle peso internacional a Uruguay, y tendemos a olvidarnos de la importancia que tienen las políticas en derechos humanos en ese posicionamiento en el mundo. Más allá de lo opinables que son las recomendaciones de los distintos organismos.