EL COMIENZO DEL NUEVO CICLO POLITICO EN PARAGUAY

El 20 de abril de 2008, Paraguay vivió un hito histórico, de mayor envergadura aún, que el que vivieron los uruguayos, cuando el FA ganó. Por primera vez en los últimos cincuenta años, ganaba las elecciones un partido, que no era el Partido Colorado. Y este mérito de Lugo, este sólo, ya alcanza para convertir a su figura en una celebridad histórica.

La transición hacia la democracia, como resultado de su propio origen (el dictador Stroessner fue derrocado por un golpe de Estado dado por su propio consuegro, quien era comandante del Ejército) consolidó un cuadro de continuidades con la dictadura, incluyendo, claro está, el de los elencos políticos. Pero por poco que hubiera significado la democracia para Paraguay, y por muy tutelado que fuera el proceso por los colorados, a la larga, las libertades civiles hicieron lo suyo, y el régimen se fue abriendo poco a poco. La voz de la oposición se hizo oír, a través de líderes, partidos alternativos al binomio colorados-liberales, y movimientos sociales. Fue de la mano de ese proceso, que surgió el candidato Fernando Lugo, obispo, y representante en Paraguay de la línea conocida como la teología de la liberación (que colaboró con la creación de movimientos y partidos de izquierda en toda América Latina).

Cuando Lugo ganó, el 20 de abril de 2008, los paraguayos recuperaron parte de la autoestima perdida. No era fácil ganar las elecciones en un clima de prepotencia oficialista, compara de votos explícita, amedrentamiento de funcionarios públicos, y contra un poder público dominado por el Partido Colorado desde el principio de los tiempos. Y sin embargo, ganaron. Con casi todo en contra. Luego sólo poseía una frágil alianza con uno de los partidos tradicionales (el Liberal), y una coalición de pequeños partidos y movimientos sociales que casi no consiguieron representación parlamentaria. Pero él ganó la elección, y para muchos, ya con eso, Lugo hizo historia. Cumplió su parte: haber desplazado a los colorados del gobierno (aunque no del Estado, donde permanecen refugiados en Ministerios, Secretarías, el Poder Judicial o el propio Parlamento). Y aunque no hiciera más que eso, el lugar de Lugo en el relato refundacional del Paraguay post-Stroessner ya estaría asegurado.

No son varios los problemas que afectan a este gobierno naciente. Uno de los más importantes es el combate a la corrupción y la recomposición de la burocracia estatal que fue, hasta ahora, una burocracia "de partido". Sin esto, no habrá saneamiento, agua potable, salud, y educación para todos. Como muestra, baste citar que la política más popular de Lugo hasta ahora, ha sido eliminar el costo de la consulta en los hospitales públicos (instalando la llamada "gratuidad" del servicio). La lucha por los servicios de salud se constituyó en una de las demandas que más movilizó a la población en el período que precedió al cambio de gobierno. Lilián Soto, la Ministra de la Función Pública, y uno de los cuadros políticos mejor preparados del gobierno Lugo, es la encargada de lidiar con la creación de un sistema de acceso a los cargos por concurso, de ascenso en la carrera por evaluaciones objetivas, y de proporcionar capacitación a los funcionarios públicos (para que entre otras cosas, sepan entender guaraní, que es lo que habla una buena parte de la población que atienden).

Pero los problemas del gobierno Lugo trascienden en mucho el tema de la corrupción del Estado, aunque están vinculados a él: un 36% de la población es pobre, y un 30% está compuesta por pequeños campesinos que se ven expulsados día a día por el modelo de explotación de grandes extensiones agrícolas. Sólo el 40% tiene acceso a saneamiento, 70% no ganan el salario mínimo.

Lugo tiene a mano, como cualquier gobierno que quiera cambiar, dos opciones: o hacer un debate a fondo sobre el tema del desarrollo agrícola (parte de sus grupos de sustentación son los movimientos campesinos), o reforzar al Estado para generar algo de redistribución a través del aumento del gasto público, las transferencias de ingreso a los más pobres, y la universalización de los servicios básicos. El primer camino lo pone en conflicto con los grandes exportadores agrícolas, una parte importante de los cuales son brasileños, y que constituyen la elite económica más refractaria a cualquier cambio, dentro de la sociedad paraguaya. La discusión del modelo agrícola, asimismo, pone en el tapete esa gran "deuda social" de América Latina que es la reforma agraria (una bandera de los años 60 casi abandonada hoy día). Uno de los principales problemas que tiene Paraguay es el reducido ingreso que obtiene de la renta agropecuaria: el sector agropecuario genera aproximadamente la quinta parte del PBI, y tributa menos del 1% al país. Así, la estructura tributaria revela un Estado débil, incapaz de gravar la riqueza, y en todo caso, completamente en línea con los intereses de las clases económicamente dominantes.

El porcentaje del PBI que llega a las arcas del Estado vía recaudación, es de un 12% (en Argentina o Brasil esto llega al 25%). Itaipú y Yaciretá son responsables por la tercera parte de esa recaudación. El IRPF, varias veces planteado, nunca consigue salir de las comisiones del Parlamento. Así, el principal espacio fiscal del estado paraguayo es lo que obtiene por Itaipú y Yaciretá. Pero la renegociación de estos tratados no es sencilla, y los mejores negociadores (como el Ingeniero Canese) han debido ser "sacrificados" para dar paso a viejos políticos tradicionales (como el actual director de Itaipú, del Partido Liberal), en aras de mantener la coalición de gobierno.

Los gobiernos de izquierda en América Latina, en general, han aumentado el gasto público sin aumentar el déficit, a base de mejorar la recaudación. Esto lo han hecho de forma diversa: impulsando reformas tributarias (como en Uruguay), aumentando la recaudación vía impuestos al comercio (como en Argentina), o gravando la renta obtenida de la explotación de las fuentes de energía estratégicas (Bolivia, Venezuela). Todo ello no se ha hecho sin conflicto, pero en estos planos, en general, la izquierda ha mostrado que "se puede". Lugo tiene esta negociación entre sus principales banderas, pero el contexto (Argentina y Brasil), aunque amigable, no lo ayuda todo lo que debería.

Mientras tanto, el propio espacio político parece estrecharse. Su principal aliado, el Partido Liberal, está dividido. Los partidarios del Vicepresidente Franco, juegan a bloquear al gobierno del que hacen parte. Presentan proyectos de ley por cuenta propia (como el de la descentralización) que el gobierno no apoya. Las "desobediencias" del Vicepresidente Cobos, en Argentina, al mandato del gobierno de Cristina Fernández, parecen muy menores comparadas con las maniobras de Franco con Lugo.

El Poder Judicial es el último en agregarse a este boicot generalizado del statu quo tradicional al gobierno de Lugo (un statu quo que se desespera por aferrarse a sus puestos de poder de otrora, y se resiste a entender que ya la gente no los votó, ni los votará más, a poco que los aires de cambio sigan soplando). Varios de los miembros de la Suprema Corte de Justicia se autodesignaron como "vitalicios", contraviniendo una ley que obliga a su remoción cada cinco años (ley muy discutible ya que hacía a los nombramientos dependientes del gobierno, y que la nueva administración sustituyó por el llamado a concurso). Para hacerlo usaron sus propias potestades: declararon la ley inconstitucional en sus propios casos. El Poder Ejecutivo denuncia todos los días estas maniobras mientras el Congreso observa, sin hacer nada. Lugo sólo tiene al Poder Ejecutivo, y aún así, lo tiene repartido. Frente a estas condiciones (un Parlamento y un Poder Judicial adverso), fue que hicieron Chávez y Correa sus reformas constitucionales, a efectos de "barajar y dar de nuevo". Pero no parece ser ésta la alternativa paraguaya.

Más allá de estos avatares, los paraguayos aparecen hoy en las encuestas como uno de los pueblos más esperanzados, confiantes y optimistas de América Latina.

|*| Politóloga. Universidad de la República