MUJERES DEL MUNDO, UNIOS

En medio de la instalación del nuevo gobierno, de la asunción de los nuevos ministros y de la instalación a pleno del Parlamento, no debemos olvidar que este 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Esta tradición, de un siglo y medio de existencia, se remonta a 1857, cuando en Estados Unidos más de un centenar de mujeres que protestaban por limitar su jornada laboral a «tan sólo 10 horas», fueron asesinadas dentro de la fábrica textil donde trabajaban. A comienzos del siglo XX se suscitaron varios hitos en EEUU y Europa, entre ellos movilizaciones por el sufragio femenino y reivindicaciones por los derechos a ocupar cargos públicos, de acceder a la formación profesional y de no ser discriminadas en el trabajo. Fue en 1911, un 25 de marzo, en ocasión en que más de un centenar de mujeres murieron durante un incendio en una fábrica en Nueva York, producto de las malas condiciones laborales, cuando se instaló en el ánimo colectivo la idea de conmemorar un día de la mujer. Entre 1913 y 1914, en los albores de la primera guerra mundial, se celebraron protestas el 8 de marzo contra la guerra, y en solidaridad con otras mujeres, en demanda de «paz y pan». Así, el 8 de marzo es algo más que un día de celebración. Se ha transformado en un momento en que se coordinan actividades en pro de los derechos de la mujer, se reflexiona sobre los avances conseguidos y se diseñan estrategias de futuro. También es un día en que se recuerda y homenajea a mujeres que han desempeñado un rol central en las luchas en defensa de los derechos de género.

En América Latina, en algunos de los países del «giro a la izquierda», se ha verificado un notorio avance en la representación de mujeres en puestos clave en la política. Así, hemos tenido a Bachelet en Chile, a Cristina Fernández en Argentina y a Dilma Roussef como candidata a presidenta de Brasil. En Uruguay fueron dos las mujeres que tomaron la promesa a los parlamentarios que se incorporaron a la actual legislatura: Ivonne Passada en la Cámara de Diputados y Lucía Topolansky en el Senado. Estas fueron las legisladoras más votadas del país, habida cuenta de que encabezaron sendas listas de la fracción más votada (609) del partido más votado (FA). La prensa extranjera levantó esta noticia como un indicador de que las mujeres, también en Uruguay, estaban cobrando cada vez más relevancia y visibilidad pública. Algo de esto es verdad, si consideramos que la candidata del Frente Amplio a la Intendencia Municipal de Montevideo es una mujer y que probablemente tendremos, en este período, intendentas mujeres en el interior del país, «debutando», por primera vez, en este terreno.

Sin embargo, en una mirada global, no es mucho lo que se ha avanzado en términos de la participación femenina en el Parlamento. En la actual legislatura tenemos cuatro mujeres en el Senado y 15 mujeres en Diputados. Suman en total 19 en 130. Uruguay pertenece a la no muy honrosa franja de países que tienen menos de un 15% de mujeres en el Parlamento, y no alcanza el nivel de los ochenta países que le anteceden (Uruguay ocupa el lugar 86 en una lista de 140 países). Estamos por debajo del promedio mundial: 19% de mujeres en la Cámara baja y 17% en la Cámara alta. Claro está, no alcanzamos el nivel de los países nórdicos, que es de más del 40%, pero tampoco el de las Américas, que es superior al 20%. Asimismo, el número de ministras sigue siendo considerablemente bajo (2 en 13), en sintonía con el del Parlamento (alrededor de un 15%) y esto se repite en las subsecretarías (2 en 13).

La bancada femenina, compuesta por legisladoras de todos los partidos, creada en 2000 y reinstalada como Bancada Bicameral Femenina en 2005, ha hecho hincapié, una y otra vez, en este problema. Es la responsable, también, de la iniciativa de la ley de cuotas, que asignaba un mínimo de lugares a las mujeres en las listas partidarias y que, votada en la legislatura pasada, recién entrará en vigencia en 2014. No son pocos los problemas que enfrenta. La propia ley de cuotas que se implementó para la elección interna de 2009 enfrentó resistencias dentro de la propia Corte Electoral para la reglamentación. Bajo una consigna llamada «Peligra la ley de cuotas», las mujeres denunciaron a los ministros de la Corte Electoral por hacer una interpretación de la ley que violaba el espíritu con el que los legisladores la habían aprobado.

La existencia de esta bancada es un hecho que merece ser resaltado. Se trata de una coordinación horizontal, transversal e interpartidaria, abierta a toda legisladora que desee integrarla. La mayoría del trabajo parlamentario está articulado sobre la base de los partidos, y sobre la base de los sectores de los partidos. En este caso se trata de una modalidad de trabajo poco común y que evidencia otras formas de hacer política (distintas o complementarias) que deben ser alentadas. La existencia de intereses compartidos que desafía las clásicas divisiones político-partidarias, es un ejemplo de búsqueda de «consensos» o «políticas de Estado» que poco se toma en cuenta como antecedente cuando se habla de estos temas, como sucede en estos días en que se alienta el diálogo multipartidario. Quizás uno de los primeros antecedentes del diálogo interpartidario es la propia bancada. Y no es poco lo que han logrado en materia de «políticas de Estado». Vale la pena mencionar algunos ejemplos.

La Bancada Bicameral Femenina (o BBF) tuvo una intensa capacidad de iniciativa en materia tanto de aprobación de leyes que mejoraban aspectos relativos a la condición de la mujer como de derogación de normas que la vulneraban. Sólo mencionando el período anterior, vale la pena recordar algunos ejemplos. En materia penal, se derogó un artículo del Código Penal que anulaba el delito sexual si la víctima contraía matrimonio con el ofensor. También se aprobó la ley de migración, que penaliza las conductas de trata y tráfico de personas. En materia de derecho de familia se aprobaron las leyes que regulan a los deudores alimentarios (aunque todavía no se consigue que pasen al clearing debido a que no se logra una efectivización real de la norma por parte de las instituciones competentes), no sin mucha discusión. Asimismo, recordemos la aprobación de la ley de unión concubinaria, que fue bien conocida en su momento.

El período pasado fue también fecundo en la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos. Se aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, a instancias de la BBF y de los legisladores del FA y, aunque el veto presidencial hizo fracasar el artículo referido a la despenalización del aborto, se consiguió, entre otras cosas, incluir programas de género y educación sexual en la educación formal.

Vale la pena destacar una profusa legislación aprobada con el apuntalamiento de la BBF. El ejemplo más notorio es la ley de trabajo doméstico, que permitió la formalización e incorporación de derechos a uno de los principales trabajos ejercidos por las mujeres de menores ingresos. Pero también cabe recordar la ley que estipula el acoso sexual en el ámbito laboral y que fue aprobada en el período anterior. Dentro del mismo Plan de Equidad, la ley que extiende las asignaciones familiares a hogares de bajos recursos priorizando a la mujer como titular de la prestación, también tuvo el fundamental apoyo de la bancada femenina. Asimismo la creación de InMujeres como órgano rector de políticas de género o la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos se cuentan entre estas acciones.

Como puede apreciarse de la enumeración precedente, la legislación aprobada afecta a miles y miles de mujeres en diversos campos de su vida: familiar, laboral, política y social. Especialmente, afecta a aquellas mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, como las madres a cargo de hijos sin ayuda económica de los padres o las trabajadoras domésticas. Sin una unión de las mujeres de todos los partidos en pro de estas medidas, ellas no existirían. Lo que muestra la validez de la vieja y que
rida consigna de que, de la unión de los débiles, saldrá la fuerza de los muchos. O, en otras palabras: mujeres del mundo, uníos.

|*| Politóloga. Universidad  de la República