DESCENTRALIZACION, REFORMA DEL ESTADO Y ELECCIONES MUNICIPALES

El pasado jueves terminó la votación en el Senado de la ley de descentralización territorial y participación ciudadana. Se votó un listado de municipios en los cuales se elegirán alcaldes y se determinaron los distritos electorales que corresponden. En muchos departamentos, los municipios no incluyen las capitales departamentales. En Montevideo se crearon ocho municipios, a iniciativa del intendente, facultado para hacerlo.

En estas elecciones municipales, muchos deberán elegir alcaldes, además de elegir intendente departamental. Será una elección atípica, y por primera vez en el Uruguay se separará la materia municipal de la departamental, como sucede en casi todos los países de América Latina. Es cierto que la ley está especialmente pensada para reproducir el sistema de partidos a nivel local, más que para descentralizar funciones y atribuciones del Estado, o para desconcentrar poder en áreas específicas hacia los municipios. Pero no menos cierto es que la misma fue aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos, más allá de las críticas a su oportunidad, formato o contexto.

La discusión sobre la descentralización asume formatos distintos en Montevideo, Canelones o el resto de los departamentos del interior del país. En Montevideo existe un proceso de descentralización que fue la «marca» de la izquierda cuando asumió la Intendencia en 1990. Este proceso de descentralización creó nuevas instituciones y autoridades en el nivel comunal, y funcionó de manera distinta dependiendo de los barrios. En aquéllos donde existía una cultura de la participación más consolidada, el proceso funcionó en forma más coherente con el proyecto que la izquierda ambicionaba. En otros, hubo simplemente una desconcentración de los servicios ­algo siempre necesario­ aunque no se produjo descentralización en el proceso de toma de decisiones. En Canelones, la llegada de la izquierda al gobierno potenció la participación descentralizada. Sin embargo, será a partir de la asunción del nuevo gobierno departamental que se inaugurará un esquema totalmente nuevo de funcionamiento, ya que se instalarán 29 alcaldías, que podrán ­o no­ potenciar los procesos de empoderamiento de las muy diferentes comunas, ciudades y poblados que componen un departamento que exige un proceso de descentralización más profundo. En el interior del país, en cambio, la creación de municipios abrirá camino a una nueva realidad política, que será más o menos descentralizadora, dependiendo de la capacidad del propio gobierno departamental y nacional, de abdicar de la provisión de servicios, bienes y funciones, en pos de la jerarquización del rol del municipio.

La interpretación de la Corte Electoral sobre la imposibilidad del voto cruzado entre municipio y departamento, además de restringir la libertad del elector, impedirá la necesaria independencia de ambas materias. Las interpretaciones en la izquierda sobre esto varían. Aunque puede dar rendimientos electorales importantes para el Frente Amplio en lugares como Canelones ­donde obtendrá la mayoría de los municipios­ no le permitirá acumular fuerza desde el terreno local en los departamentos del Uruguay «profundo». A la postre, debemos recordar que esta ha sido una estrategia perseguida por todas las izquierdas latinoamericanas, que han crecido desde lo municipal a lo nacional. Ello es especialmente llamativo en países como Brasil, donde la izquierda primero accedió a municipios, como el de Porto Alegre, antes que a gobiernos estaduales y, claro está, que al gobierno federal, pero también en Uruguay, donde el triunfo a nivel nacional estuvo precedido por 15 años de gobierno municipal. Medidas como esta, además, reflejan la esencia electoralista y partidaria del proceso de descentralización que pudo ser acordado. Este busca reproducir el sistema de partidos actual, capilarizándolo a nivel local e inhibiendo, al menos parcial o transitoriamente, la posibilidad de practicar otros formatos políticos (no reproducir el actual sistema de partidos, por ejemplo) en el territorio.

Frente a ello, serán necesariamente distintas las respuestas que se den en cada localidad. En el departamento de Colonia, donde recientemente tuvo lugar el lanzamiento de la campaña del Dr. Jorge Mota, uno de los tres intendentes que se presentan a competir en la elección de mayo próximo, se da respuesta a la cuestión de la descentralización de un modo diverso, y complementario a lo que figura en la ley de descentralización. Al igual que Canelones, Colonia es un departamento con realidades muy diversas. La ley de descentralización crea allí seis nuevos municipios. La propuesta de Mota, sin embargo, toma en cuenta las trece juntas locales y pretende realizar una serie de cabildos abiertos en cada una de las mismas, de forma de recibir reclamos y aportes de los vecinos. Esta forma, coherente con los principales postulados de la izquierda sobre la forma de la participación ciudadana a nivel local (e implementada, al menos en parte, en los presupuestos participativos) genera una dinámica de consulta e involucramiento con las cuestiones públicas, que trasciende el aspecto político partidario. Recoge, además, la tradición de la celebración de cabildos en los inicios de la vida política uruguaya, que forma parte de nuestro republicanismo más básico. Pero vale la pena ahondar en este aspecto trascendente del programa de gobierno del Dr. Jorge Mota en Colonia para poner otro tema en cuestión. Sucede que dentro de la tan mentada reforma del Estado, la descentralización es un capítulo central.

Aunque la ley de descentralización ha sido producida por el gobierno del Dr. Vázquez, y esencialmente por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la descentralización en tanto tal ha sido central en el discurso del actual Presidente, al menos en lo referente a los aspectos educativos, habitacionales y productivos. Ello implica un reconocimiento básico a la gente: a saber, que son los que más saben lo que les pasa, y por consiguiente, que deben ser escuchados a la hora de buscar soluciones, que solo podrán ser encontradas del necesario acuerdo entre ellos y los técnicos. Pero en la reforma de Estado que está detrás de cualquier proceso de descentralización, debe tomarse en cuenta que muchas veces es mejor coordinar lo que ya existe, que crear cosas nuevas. Una cierta filosofía de desidia con respecto al Estado (basada en la creencia sobre la ineficiencia última de la institución, pero articulada políticamente con el propósito de restarle poder) ha hecho que a la búsqueda de coordinaciones interinstitucionales se le antepusiera la creación de organismos «by-pass» que, puenteando a la burocracia, y en general con financiamiento externo, proveyeran de soluciones a los problemas. Las estructuras «by-pass» (muchos de los emprendimientos con préstamos internacionales han creado institucionalidad paralela al Estado, pero ayudado poco a reformarlo) funcionan con lógicas y recursos tan distintos, que en general, tienden a chocar con el Estado mismo.

En departamentos como Colonia, por ejemplo (y ello está recogido esencialmente en la propuesta del candidato a Intendente Mota, como solución a los problemas del Estado) la búsqueda de sinergias entre instituciones como el Mides, el Ministerio de Salud Pública o el INAU serán las que permitirán ­y hay casos de programas exitosos ya funcionando­ dar solución a problemas tan disímiles como el de los discapacitados, los jóvenes que desertan o experimentan atraso en el ciclo educativo, o las mujeres víctimas de violencia doméstica. Así, la coordinación entre las muchas cosas que existen del Estado debe ser buscada para resolver el tema de la reforma del Estado tan o más fervientemente, que el intentar crear cosas nuevas. El propio Mides es un ejemplo de ello. Cuando se piensa en el exiguo presupuesto que tiene, y en lo mucho que ha hecho, se verá que para reformar el Estado se puede actuar de manera distinta.

El nivel municipal es una instancia más para la articulac
ión de políticas de Estado. Estas deberán tener en cuenta la índole de los problemas (sociales, económicos, sanitarios, educacionales, entre otros) y de las poblaciones que atiendan, para adecuar los formatos burocráticos ­siempre rígidos­ a los primeros y a las segundas. Pero para ello la descentralización deberá ser otra cosa, y diferente, de un proceso electoral por el que elijamos alcaldes. Tal vez este pueda ser un comienzo auspicioso. Pero sin duda necesita otros contenidos.

|*| Senadora de la República, Espacio 609, FA