El político y el científico

Dos perfiles sociales influyentes sobre el curso de la historia moderna, que fueron caracterizados por el genio de Max Weber en el pequeño e imborrable libro que da título a esta nota, convergirán al interior de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) luego del acuerdo suscripto por los presidentes Mujica y Fernández de Kirchner. No es menor esta distinción tipológica en el posicionamiento del lugar preponderante de Weber en la fundación de la sociología moderna y la ciencia política, particularmente de sus versiones críticas y antipositivistas.

El puente diplomático había sido insinuado por el Presidente Electo uruguayo al declarar semanas atrás que sería la ciencia y no la política la que entraría a la planta cuestionada, contribuyendo de este modo a la postergada liberación del puente físico. El éxito práctico de esta intervención resulta insoslayable pero lo es mucho más el alcance superador de las restricciones publicitarias vigentes hasta el momento y, sobre todo, los antecedentes que funda para la posterior extensión de los mecanismos de control sobre la producción industrial en general, cualquiera sea el país o el medio ambiente afectado. En ningún caso debe olvidarse que el verdadero objetivo es la preservación del aire y las aguas naturales: el medio ambiente en general por sobre cualquier otro interés del capital o inclusive de una o más naciones, como en este absurdo conflicto binacional al que aludimos, cuyo único beneficiario es el capital pastero finlandés.

Weber concebía al Estado como una entidad que posee un monopolio en el uso legítimo de la fuerza para la dominación, donde la política será el modo de influir en la distribución del poder entre los diferentes grupos que lo comparten. Independientemente de que los fines sean egoístas o distributivos, la aspiración de la política es el poder, al menos en su aspecto más sobresaliente. Esta tesis no lleva necesariamente a minusvalorar la distinción entre política revolucionaria y conservadora. Inversamente, la de la ciencia es, entre otras, la claridad o, si lo ponemos en términos propios eximiendo a Weber, el develamiento de lo oculto.

El matrimonio entre ciencia y política ha estado plagado de desavenencias e infidelidades. Si bien a la ciencia puede seducirla el poder y a la política en parte lo oculto, la mutua desconfianza tiene sus razones en el grado de autonomía que cada una pretende para sí, sobre todo para darle silente participación a un tercero. A ambos les encanta seducir por su cuenta al capital y más aún dejarse seducir por él, en un complejo ménage à trois (hecho no tan bien contemplado por el sociólogo prusiano). Parte de la complejidad de la relación se debe a que los científicos, como integrantes del pueblo, inciden directamente en la designación de los políticos en el ejercicio del poder, al menos en estados formalmente democráticos, mientras que la política no puede delimitar la pertenencia al campo científico o, al menos, sus posibilidades manipulatorias son reducidísimas en esos mismos estados. Complejos mecanismos de delimitación ejercidos entre pares establecen las fronteras y jerarquizaciones del campo científico, las características de la carrera y los mecanismos de movilidad. Tanto en Argentina como en Uruguay existen distintos niveles académicos en el plano de la docencia (que comienzan por el ayudante de segunda y culminan en el profesor titular en el primer caso, y con cinco grados en el segundo) además de las jerarquías precisas de investigador científico en cada caso. Llevados al extremo de estanqueidad de los ámbitos, ni los científicos uruguayos ni los argentinos podrían ser designados por las instancias políticas sino por sus comunidades y con sus propios mecanismos de elección.

El acuerdo suscripto por los Jefes de Estado acepta los dos puntos centrales que reclamaba la posición argentina que consistía básicamente en poder entrar en la planta de Botnia-UPM y tomar muestras dentro de su predio. ¿Qué tendría que hacer un político en una planta industrial cuando ya no hay cintas que cortar? Mujica responde al interrogante excluyendo parcialmente a los políticos para sustituirlos por científicos, aunque esto no tenga mucho más agregado práctico que el simbólico (ya que había científicos o técnicos asesorando en la CARU) además de fijarle un límite, dado que los científicos podrán ingresar una vez por mes y no de manera irrestricta, como planteaba la cancillería argentina. El acuerdo establece que un comité científico, formado por dos argentinos y dos uruguayos, podrá entrar en la pastera doce veces al año para controlarla. Pero el monitoreo excede a la polémica planta para involucrar a todo el río Uruguay en los 500 kilómetros de cauce compartido y “todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al cauce”, en ambas orillas. También habilita la toma de muestras en el interior de la planta y el uso de sensores.

Las objeciones que pueden hacerse son varias, pero en ningún caso deberían concluir en el desprecio al avance que supone este paso, como parece sostener la asamblea ambiental de Gualeguaychú. Por ejemplo, en el plano de instrumentación concreta, que no se estableció el tipo preciso de muestras que se tomarán, ni dónde específicamente. O también la vaguedad del artículo 2 que atribuye a la “autoridad de aplicación” la toma de las muestras. Pero el hecho de que algunas variables permanezcan aún indefinidas no lleva a esta conclusión, menos aún cuando el punto central del reclamo ambientalista es la evidencia de contaminación, cosa que requiere inevitablemente de instancias probatorias como las que se comienzan a implementar. Es preferible que sean los cuatro científicos quienes lo definan, aún presionados por los políticos, y no cuatro políticos tironeando ciegamente de una cuerda imaginaria. Deberá recordarse que uno de los primeros reflejos críticos de los militantes ambientalistas fue el de cuestionar la contundencia de las pruebas científicas aportadas por Argentina a la Corte Internacional. ¿Puede haber victoria más contundente para un ofendido que la satisfacción aún parcial de la demanda, pero su franca extensión más allá de los límites de la ofensa original? ¿No es un éxit
o rotundo que el medioambiente se controle en donde se sospechó originalmente, pero también en las propias narices si ese era el objetivo? ¿No es una conquista el monitoreo de todos los vertederos industriales y agrícolas, incluyendo a los clientes de Monsanto, sean o no militantes de la asamblea ambiental?

Pero si tuviera que escoger el mayor logro de este paso, es la resolución de que la información que se obtenga “será pública, respetando los tiempos científicos” y en segundo lugar, el hecho de que se comenzará por controlar a Botnia y a la desembocadura del río Gualeguaychú, sobre el que está ubicado el parque industrial de aquella ciudad. Luego el monitoreo se extenderá a las restantes fábricas argentinas y uruguayas ubicadas sobre el río, lo que es una prueba de capitalización de la crisis para un mayor control del medioambiente en general.

El éxito del conocimiento científico no reside exclusivamente en la agudeza del trabajo del o de los científicos que lo procuran, sino de la difusión que adquiera y del control que a través de él realiza la comunidad científica mediante sus endogámicas publicaciones. El conocimiento científico no puede ser sino público, del mismo modo que las fuentes sobre las que abreva. El Gobierno argentino presentó su demanda contra el Estado uruguayo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 4 de mayo de 2006. Al día siguiente, la Cancillería resolvió que todas las actas emanadas de la CARU y toda la documentación relacionada con el conflicto pasaran a tener carácter “reservado”, pero peor aún es que esa resolución (817/06) tenía carácter retroactivo al 1 de enero de 2002, año de negociación del ex presidente Batlle con las pasteras Botnia y Ence.

Poco más de un mes atrás, el 27 de junio, sostenía en una contratapa de este diario que “la construcción de indicadores, la medición de variables, en suma, la información, constituían un insumo indispensable para la elaboración de políticas públicas, que, dicho sea de paso, trascienden a los gobiernos de turno de cualquier latitud o a sus perfiles ideológicos. De donde deduzco que las materias primas para las políticas públicas deben ser, necesariamente, de dominio público. Y en lo que a la actividad de las empresas respecta, el relevamiento y la publicidad es absolutamente vertebral a la fijación de políticas, por el carácter “privado” de su actividad”.

Con la firma de este acuerdo, (del que puede deducirse por la cita anterior mi satisfacción actual) se da el puntapié inicial para el verdadero debate político que se avecina. Aquél que se desarrolla en el campo de juego de la información pública y de la publicación de resultados. Ya había insistido en este mismo sentido respecto a la información de la Corte Electoral y a su papel insustituible en el debate político posterior. No es el objeto de análisis el problema sino la naturaleza pública de las fuentes que delimitan el campo. No se debe esperar por ello, en ningún caso, consensos automáticos ni fáciles conclusiones. Menos en este triste caso.

Sólo una herida al chauvinismo, con el cual no hay debate posible ni pasta que valga.

*Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar