Actualizarán la legislación autoral

En el marco del acto conmemorativo de los setenta años de la Ley de Propiedad Literaria y Artística -Derechos de Autor- Nº 9739- , llevado a cabo en la Casa del Autor de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), Scafati también entregó simbólicamente al subsecretario del MEC, Felipe Michelini, el anteproyecto de ley por el que el Poder Ejecutivo propondrá establecer el 17 de diciembre ­fecha de la promulgación de la ley- como "Día del Autor Nacional".

Además de Michelini y Scafati, presidieron la celebración el Directivo de Agadu Omar Varela, el presidente de la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, José Mahía, el vicepresidente del Correo, Julio Vieytez, y la presidenta del servicio postal público, Cristina González.

La Administración Nacional de Correos presentó un aerograma alusivo a la ocasión y participaron del encuentro representantes de la Cámara Uruguaya del Disco, la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, Software Legal Uruguay, la Asociación Uruguaya de Tutela de los Derechos Reprográficos, la Asociación de la Prensa Uruguaya y de la Asociación de Pintores y Escultores del Uruguay, entre otros.

En representación del Consejo Directivo de Agadu, Varela destacó que la Ley de 1937 fue un "justo reconocimiento a los creadores intelectuales" y que varios de "sus principios e institutos mantienen total vigencia".

Sostuvo que las sociedades de gestión son las que velan por la protección de los derechos de los autores, reclamó por que se les "reconozca su debida legitimación" y recordó que son "herramientas fundamentales" para "contrarrestar el desequilibrio de los autores a la hora de negociar la explotación de sus obras".

Sobre la posibilidad de actualizar nuevamente la legislación, Varela indicó que la ley de 1937 "se puede mejorar aun más", pero "guardando su identidad".

Scafati recordó por su parte que Uruguay y Argentina fueron en la década del 30 del siglo pasado verdaderos "pioneros de la legislación de Derechos de Autor en América Latina".

El titular del Consejo de Derechos de Autor anunció la disposición del gobierno a trabajar con todos los sectores involucrados en la modificación y actualización de la legislación vigente en materia de Derechos de Autor.

Sostuvo que "es justo que el autor perciba remuneración por sus obras" y recordó que el Derecho de Autor es uno de los Derechos Humanos.

Al mismo tiempo, planteó alcanzar un "equilibrio", tomando en cuenta también el derecho de la sociedad al "acceso a la cultura y el conocimiento" y propuso trabajar sobre las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor "como instrumento para alcanzarlo".

Profundizando en la iniciativa, Scafati planteó "tres ejes para revisar la ley" de Derechos de Autor: "normas mínimas" de protección, el establecimiento del "canon compensatorio", ya existente en varias legislaciones del mundo, y "las limitaciones y excepciones".

Reconoció haber recibido ya planteos de los sectores involucrados y anunció que 2008 será un año "de estudio de las distintas propuestas".

Dijo que el Consejo recibirá para ello asesoramiento de especialistas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y señaló la aspiración del gobierno de lograr "los mayores consensos", de forma de poder remitir el año próximo al Parlamento un proyecto de ley que sea aprobado antes de que el mismo finalice.

El presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, José Carlos Mahía, en tanto, recordó que la modificación de la Ley 9.739 recién se concreto en enero de 2001 (Ley 17.616) tras "catorce años de intentos de modificación sin éxito".

El avance de la tecnología, añadió, hace "muy difícil concretar un proyecto de ley definitiva". Coincidió con Scafati en la necesidad de alcanzar consensos y valoró que "las grandes leyes requieren de acuerdos nacionales y políticas de Estado".

A su turno, Michelini sostuvo que "se necesita revisar el diseño institucional del Consejo" de Derechos de Autor a efectos de "garantizar lo mejor posible el derecho de los autores y los creadores" y, al mismo tiempo, poner "en sus justos términos los derechos de la sociedad y del Estado".