La ley de cine y audiovisual salda una deuda histórica con el sector

La reciente aprobación de la ‘Ley de Cine’ como «política pública apunta al ciudadano, no apunta al realizador. No está creada para otorgarle fondos al realizador sino que está para favorecer procesos

de desarrollo que involucran la actividad cinematográfica y audiovisual», afirmó Martín Papich.

Marín Papich, quien está al frente del recién creado Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU) opinó que el sector del cine y del audiovisual hoy en Uruguay está pasando por un momento extraordinario.

«Esto tiene que ver fundamentalmente con un acumulado de muchos y muchos años de realización, de producción, pero fundamentalmente de los últimos 10 o 15 años en que se empezó a visualizar con claridad la realización de películas uruguayas, que empiezan a ser más conocidas por el público, que empiezan a transitar los circuitos comerciales de exhibición, que la publicidad empieza de alguna forma a tomar cuerpo a partir de los años 80.

También coincide ese momento histórico con una serie de decisiones de política pública institucional fundamentalmente a partir de la Intendencia Municipal de Montevideo, la creación del FONA, del Fondo Nacional del Audiovisual es fundamental en eso, hay un antes y un después de ese momento en el año 95, digo esto porque es fundamental que exista una toma de decisión de política pública. Tal vez se note la ausencia de la determinación del Estado uruguayo.

El Estado uruguayo históricamente no quiso tener que ver con las industrias culturales o por una cuestión de decisión o por una cuestión de omisión o por una cuestión de no definir con claridad el modelo de gestión y respaldo presupuestales, pero a partir del año 95 se dan esos fenómenos, se da el FONA, se empieza a trabajar también en el ámbito de TV Ciudad, por ese momento también la Intendencia genera el Fono Capital, que de alguna forma es la semillita de los fondos concursables que hoy existen en diferentes ámbitos.

Se crea la oficina de locación montevideanas en el año 96 con la que yo personalmente estoy casado porque empecé a trabajar en la gestión audiovisual, en ese momento con la oficina de locación. Entonces quiero decir que este es un momento muy importante dentro de este gran momento que vive el sector», destacó.

Agregó que «a medida que avanzó este período de alguna forma la determinación programática del actual gobierno de haber definido las industrias culturales como uno de los seis sectores prioritarios del país productivo fue de alguna forma también un paraguas teórico ideal que fue generando diferentes oportunidades. Una de ellas es la ley de cine y audiovisual que acaba de ser aprobada y que también es parte de eso de saldar una deuda histórica con este sector.

Ese marco institucional favorable que se empieza a desarrollar en los últimos 3 años al cual nosotros desde lo institucional lo formulamos como una premisa de integralidad programática. O sea este es un sector que por su complejidad no puede ser atendido en forma simplificada, no puede ser atendido solamente desde un ámbito desde la política pública o de un ámbito ministerial.

La ley como política pública apunta al ciudadano, no apunta al realizador.

No está creada para otorgarle fondos al realizador sino que está para favorecer procesos de desarrollo que involucran la actividad cinematográfica y audiovisual. Eso conceptualmente para nosotros es muy importante, porque la ley de cine no solamente atiende la producción de contenidos sino también apunta a toda la cadena de valor, apunta a las etapas de desarrollo, de guionado, apunta a las etapas de producción por supuesto, pero también a la distribución, a la exhibición, a la formación, genera señales para la televisión también.

Partimos de la base de que las leyes no hacen cine, quienes hacen cine audiovisual son los que están embarrados en este sector haciendo cosas.

Las leyes, lo que generan son marcos adecuados de sociedad de instrumentos públicos con el desarrollo de esta actividad.

En ese sentido, lo que genera como nuevo es desde el punto de vista institucional un instituto nuevo que tiene una figura jurídica desconcentrada y que de alguna forma ello permite cierta agilidad para de alguna forma emparentar la dinámica del sector con la dinámica de un espacio institucional público como es el ICAU, hoy día. Lo novedoso también es primero una ley de cine después de cincuenta años en Uruguay, que fue posible por el marco institucional favorable, por la prioridad que se define para el sector y porque se definió un fondo, un dinero presupuestal que respalda los objetivos que apuntan a toda la cadena de valor.

Hay 25 millones de pesos para respaldar los objetivos como primer elemento que se visualiza con claridad, cual es el compromiso del Uruguay de estos años. Y en segundo lugar, lo que hace la ley de Cine y Audiovisual es captar los mecanismos de incentivo fiscal promovidos a partir de esta ley llamada mecenazgo.

Por lo tanto, va a ver este fondo de 25 millones de pesos que hoy son un millón y pico de mil dólares, y este otro mecanismo por el cual los privados van a poder participar y tener ventajas desde el punto de vista impositivo.

La ley fue aprobada y promulgada durante el mes de mayo en tiempo, diría récord, para los tiempos parlamentarios.