La Intergremial de árbitros (Audaf y AAFU) enviaron una nota al presidente de la AUF, Eugenio Figueredo recordándole que estaban a la espera del pago de los créditos laborales que legalmente les corresponden como trabajadores por concepto de aguinaldo, salario vacacional y licencia.
El monto de lo reclamado ronda los U$S 200.000 y abarca los dos últimos años de acuerdo a la legislación laboral vigente que sólo reconoce ese lapso para los reclamos de los trabajadores.
Los árbitros sostienen que mantienen una relación de dependencia laboral lo que ha quedado probado en varias instancias judiciales ( Acciones de Amparo promovidas por Gustavo Méndez, por ejemplo), participación en los Consejos de Salarios y nunca fue cuestionado formalmente por la AUF.
Sin embargo, las autoridades del fútbol en conversaciones con los propios árbitros negaron sistemáticamente la relación de dependencia con el propósito de evadir responsabilidades legales y financieras con los árbitros.
De acuerdo a un decreto del Poder Ejecutivo- suya constitucionalidad está muy cuestionada- los árbitros profesionales no tienen la obligación de aportar al Banco de Previsión Social si tienen otra actividad laboral que es la principal fuente de ingresos a su núcleo familiar.
Por este motivo, los jueces de fútbol nunca aportaron al BPS aunque están dispuestos a hacerlo en la medida que la AUF les reconozca los años de labor y les pague los créditos laborales que como todos los trabajadores del país tienen derecho a percibir.
La decisión de la Intergremial de recordarle al presidente de la AUF las deudas por créditos laborales impagos fue analizada durante varios meses mientras se sustanciaba el sumario al árbitro Gustavo Méndez.
AUDAF y AAFU siguieron con atención los pasos dados por el ex Internacional tanto a nivel judicial como de la propia AUF y llegaron a la conclusión que en la medida que se le reconocía a este como un dependiente más, llegado el momento iban a exigir el mismo trato y la debida indemnización financiera.
De acuerdo a cálculos realizados por especialistas en material laboral la AUF tendrá que desembolsar unos U$S 200.000 para pagarle a los 137 jueces en actividad, el aguinaldo, salario vacacional y licencias de las dos últimas temporadas. Esa cifra treparía considerablemente si la AUF tiene que ponerse al día con sus obligaciones patronales ante el BPS, que comprenden el período verdadero en que cada árbitro y ex árbitro ha desempeñado funciones.
Comentarios (beta!)