Una fuente muy cercana al grupo Ganitur, informó a LA REPUBLICA que "para entender la situación se debe conocer la sucesión de los hechos. El grupo liderado por Crispo Capurro, y que tiene el 43% de la acciones, en los primeros días de enero hizo una oferta por los créditos que tiene el BROU, sabiéndose de antemano que este grupo de especulación no tiene un proyecto industrial, y que únicamente están detrás de los bosques propiedad de la empresa, siendo que el fideicomiso ha recibido ofertas mayores de gente que está interesada en la continuidad de la empresa y de aquellas personas que públicamente dijeron que solo están interesadas en los bosques (estas últimas fueron desechadas porque no le daban vida a la empresa). Este grupo, con la falsa excusa de que estaba interesado en la empresa, negoció con el BROU la compra de esos créditos, los cuales le dan la posibilidad de iniciar la ejecución, junto con Brown, que es quien ha comprado los créditos que tenía el Banco Sudameris, y que además forma parte del grupo de Crispo Capurro. Lo extraño es que el BROU único banco del Estado que está en el club de acreedores que han formado todos los acreedores de Metzen y Sena accede a venderle a un tercero, cuando los bancos privados respetan el club y la vida de la empresa, por lo cual no negocian con nadie que no garantice la continuidad de Metzen y Sena. Este hecho del BROU puede provocar una estampida de ejecuciones, lo que sería incontrolable y generaría el cierre definitivo. Dado el volumen del pasivo, quien lo adquiera en definitivo tendrá, de hecho, el control de la firma. No entendemos la posición del BROU".
La citada fuente agregó con relación al tema del campo forestado que "esto es lo que apalanca el negocio, ya que la venta (que generaría unos 7 millones de dólares) de esa forestación que está para cosecharse servirá como recurso para hacerle los arreglos necesarios a la planta y pagar algunos créditos, posibilitando así la reapertura de la fábrica. Por eso la necesidad de vender todo junto, y no en partes", concluyó. Desde 1999, la empresa entró en una profunda crisis que cuestionó su viabilidad, acrecentando su deuda.
Con la devaluación de 2002 se mejoró el marco para la actividad exportadora de la compañía, aunque no pudo revertir la pesada carga financiera. La deuda de la empresa con los acreedores (bancos privados, el fideicomiso del Banco República y tenedores de obligaciones negociables) creció, hasta estancarse en unos 60 millones de dólares.
En diciembre, un grupo de obligacionistas decidió tomar acciones para controlar el funcionamiento de la empresa y formar un fideicomiso con los fondos generados por sus ventas.
Finalmente, las acciones fueron adquiridas por dos grupos empresariales, que comenzaron a negociar con los acreedores fórmulas de pago de la deuda.
El arreglo implicaría una quita que se ubicaría en el entorno del 88%, o sea que "los bancos recibirían por las deudas alrededor de 7 millones de dólares, y después habría que pagar el BPS", según indicó el presidente del sindicato de la empresa, Javier Marrero.
Los trabajadores 'temen' que si se profundiza la puja entre los dos grupos, el resultado sea la ejecución por separado de los bienes y la eventual liquidación de la empresa, lo que dejaría sin trabajo a 700 familias y sin sustento a unas 5 mil personas. *
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