Los uruguayos no salimos de nuestro asombro a medida que vamos accediendo a información sobre la forma en que se funcionaba a determinado nivel en el país. Tal vez ahora se entienda por qué se informaba tan poco al respecto, se apelaba a acuerdos secretos y por qué el nuevo gobierno insiste tanto en la cristalinidad e información hacia la ciudadanía.
El viernes de tarde el ministro de Economía y el vicepresidente del BCU realizaron una conferencia de prensa a la que, como ha sido habitual para el economista Alfie, no convocó a LA REPUBLICA. En la misma, se informó sobre algunas medidas tomadas por el gobierno saliente, según se dijo para "allanar" la tarea del nuevo gobierno en torno a la gran estafa que vivió y sufre el país como consecuencia de venderle a delincuentes (los hermanos Röhm) un banco. La venta se realizó en octubre de 1990.
En concreto se informó sobre la presentación de un escrito de llamado a conciliación contra los tres bancos (J.P. Morgan, Dresdner Bank y Credit Suisse), "lo cual constituye un paso previo y siempre necesario antes de ir a un juicio" y, además, se pidieron dos medidas cautelares. La primera la pidió el Banco Central y la segunda fue pedida por la Dirección General Impositiva.
Los jerarcas explicaron los fundamentos de estas dos últimas acciones que demuestran la calidad de los controles que realizaba el Banco Central del Uruguay y la DGI.
Según explicaron, ahora cayeron en la cuenta de que la sociedad San Luis Financial que gerenciaba el Banco Comercial desde 1990 (y a la vez era copropietaria de la institución) no estaba registrada en el Registro Unico de Contribuyentes, "no obstante practicar una actividad comercial", por lo que nunca aportó un peso al fisco y tampoco estaba registrada en el Registro Público de Comercio, tal como lo prescribe y exige la ley de Sociedades Comerciales.
La medida cautelar que la actual DGI pidió es por una evasión calculada en el entorno de los 50 millones de dólares, y tiene la particularidad de que como San Luis Financial era socia de los otros tres bancos, éstos son solidariamente responsables.
En nuestro país la encargada de controlar las actividades bancarias es la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del BCU, que cuenta con más de 40 funcionarios. Ejerce la supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas que integran el sistema de intermediación financiera. La Superintendencia opera con autonomía técnica y operativa y está a cargo de un superintendente por un período de ocho años. Su actual jerarca no participó del período de que estamos hablando, ya que asumió luego de la crisis bancaria.
San Luis Financial era una sociedad panameña que operaba en el mercado uruguayo desde 1990, poseyendo el 25% de las acciones del Comercial. Era propiedad de los hermanos Röhm y de los bancos J.P . Morgan, Dresdner Bank y Credit Suisse. En cuanto a J.P. Morgan Chase poseía otro 25% del Banco Comercial, al igual que Dresdner Bank de Alemania y Credit Suisse. *
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