Altos costos en transporte y comunicaciones enlentecen intercambio comercial con Venezuela

Un aspecto muy promisorio, señaló Alvarez, es el de "las posibilidades y potencialidades de negocios que se pactaron", ya que "se establecieron contratos de intención por más de 130 millones de dólares entre importaciones, exportaciones y alianzas estratégicas para desarrollo de productos".

Destacó como un punto muy importante "el reconocimiento de Uruguay en Venezuela como país que tiene una producción diversificada" que trasciende los productos tradicionales. "Tuvieron mucha presencia el software, las industrias de la construcción, metalúrgica, del caucho y de cueros", además de la carne y los lácteos.

La Cámara ve una señal positiva en "la expresión política de las autoridades venezolanas de ubicar a Uruguay dentro del Mercosur como lugar de recepción de inversiones". El presidente Chávez "habló de 600 a 1.000 millones de dólares como potencial de inversión de las reservas venezolanas dentro de la estructura productiva" de Uruguay. Pero nunca se habló de tiempos para la ejecución, "que es uno de los temas que (Chávez) viene a intercambiar con el presidente Vázquez el 10 de agosto".

No obstante los buenos auspicios, Alvarez enumeró las principales dificultades que deben allanarse para viabilizar las intenciones.

"Hay que empezar a pensar en soluciones para los costos de comercio que tiene Venezuela para Uruguay. Las comunicaciones son carísimas: 4 veces lo que cuesta hacer una llamada telefónica a Estados Unidos, y los transportes de mercadería también son caros: casi el doble de lo que cuesta transportar un contenedor a Europa".

Una densa trama de obstáculos legales

Venezuela regula las importaciones a través de una política de licencias "que maneja con demasiada discrecionalidad", factor que impide "establecer programas de negocios a mediano plazo", explicó Alvarez. "No son cuotas sino licencias: ante cada pedido de exportación hay que gestionar una nueva. Entonces cualquier política comercial que una empresa quiera orientar hacia Venezuela se hace prácticamente imposible".

Actualmente, si una empresa define "un programa de producción para exportar, en cualquier momento puede quedar dramáticamente expuesta: si vende un producto perecedero y no le otorgan la licencia" el resultado es previsible.

Una solución posible pasa por "eliminar las licencias manteniendo los requisitos sanitarios, fitosanitarios y arancelarios como en cualquier parte del mundo". Otra es el "establecimiento de cuotas: no es lo más sano desde el punto de vista comercial pero, por lo menos, el empresario sabe que tiene determinado espacio en su intención de comercio"..

El de los aranceles es otro punto que desvela a los empresarios de nuestro país porque, por ejemplo, hay algunos productos uruguayos que para ingresar a Venezuela tienen aranceles más altos que Chile y Argentina. "Las manzanas uruguayas pagan el 10% para ingresar y esos dos países no pagan nada; el vino uruguayo paga 16%, Chile no paga nada y Argentina entre 4% y 5%".

Un tercer tema de preocupación es el de los requisitos fitosanitarios, indicó el titular de la Cámara. "Los productos venezolanos que se comercializan dentro de Venezuela imponen a nuestros mismos productos restricciones fitosanitarias mucho más exigentes, lo que hace que aumenten los costos para nosotros".

La cuarta gran dificultad de orden legal visualizada por Alvarez es la actual ausencia de un mecanismo que garantice "la homologación recíproca de las certificaciones. Se tarda mucho en obtenerlas, porque un producto de alimentación puede demorar seis u ocho meses para recibir el certificado que le habilita el ingreso". *