La precipitación de dos reformas, los miedos y la libertad

Es ostensible que la única fortaleza real que opera como pilar en la reconstrucción de una argumentación más o menos coherente de la oposición se basa en la crítica de procedimientos presumiblemente reñidos con los valores más caros en la historia de la izquierda. Lo paradójico consiste en la facilidad con la cual el oficialismo se repliega frente a esta discusión ensayando respuestas desde lugares marginales a la esencia de la misma. El caso de la prohibición de uso de la vacuna contra el cáncer de cuello de útero ha originado una provocación útil al debate de ideas

La precipitación del gobierno en la ejecución de reformas complejas contribuye a vincular las antipatías y temores naturales de los cambios con esa oferta de libertad en torno a la cual se reconstruye el programa de la oposición actual. De todo el programa reformista del gobierno hay dos iniciativas cuya instrumentación es especialmente delicada al respecto; la reforma tributaria y la creación del Sistema Nacional de Salud son. Producto de un pacto tácito, estas dos reformas son las que han ganado espacio y visos de concreción efectiva. Las dos tienen a la vez dos características comunes: son imprescindibles y alteran profundamente las relaciones del individuo con la administración. Son en tanto esenciales y enormemente riesgosas ya no en lo que tiene que ver con su capacidad real de transformar las cosas en las áreas respectivas, sino en su capacidad de generar hechos positivos o negativos en el escenario de la libertad de los individuos. Qué, como se sabe y no habría siquiera que mencionarlo, no es transable ante ninguna hipótesis de principios de justicia que pudieran condicionarla: la igualdad por ejemplo. En la medida que a los argumentos que se basen en la defensa de la libertad se le opongan otros que defiendan procedimientos basados en el afán de justicia y equidad pero que no sean capaces de discutir el principio de la libertad, el resultado es obvio: habrá reformas mal defendidas, aumentará la sospecha acerca del afectación de libertad y los cambios perderán jerarquía y viabilidad. Naturalmente que el problema no es el riesgo que la oposición se reconstruya incluyendo en esto su capacidad para discutir y anteponer dificultades agregadas a la implementación exitosa de esas reformas. El problema es cómo se construye realmente la fortaleza del pensamiento y la confianza nacional. Esa debería ser la niña de los ojos de la acción práctica de la izquierda, lo que es únicamente posible si esa práctica reconoce la principalidad de la libertad.

El cambio inicial

Las dos reformas colocan en el administrador público ­la DGI en el caso tributario o del MSP más la persona pública que administrará el Fondo Nacional en el caso de la salud- todo el peso de la autoridad del Estado frente a centenares de miles de ciudadanos que, ahora, deben enfrentarse a él, en formal oposición de intereses. Dicho de otro modo: hay un corte implícito en las relaciones tradicionales del Estado y sus ciudadanos. Estos ya no responderán en su condición de tributarios del sistema de derecho a través de un administrador de justicia formal, sino que, ahora, comenzarán a enfrentarse a personas públicas de misión constitucional específica, las que además, anteponen a esas especificidades de la función, su capacidad propia de generar justicia. O sea, de pronto, los uruguayos comenzamos a ser interrogados formal y casi cotidianamente si nuestros actos hacen o no a la justicia, pero no en términos de la razonabilidad social de Rawls, sino en términos de cómo entiende el administrador tributario o el de salud que debamos comportarnos.

En la declaración pública de cada uno de nuestros ingresos y gastos, o en los miles de actos médicos y no médicos que se procesan en este país todos los días. Yo no calificó la virtud o desgracia del proyecto. Veremos. Mi preocupación es otra y refiere a la discusión de ideas que acompaña al cambio. Discusión que en esta coyuntura está muy vinculada a cómo se explican y defienden las reformas, sean estas cuales sean.

Las concesiones a propósito de la salud

En estos días la Ministra de Salud Pública ha fundamentado con elocuencia y precisión hasta dónde ha de llegar ese potencial interventor del Estado de aquí en más. Lo ha hecho defendiendo la prohibición virtual de utilizar en este país una vacuna mediante la cual se eliminaría el riesgo de contraer cáncer del cuello de útero. Se conoce la historia dado lo cual solamente conviene recordar que, frente a razones menores y administrativas vinculadas con certificaciones que forzadas, pudieran explicar la dilatoria en autorizar el uso privado de la vacuna, la Ministra resumió la principal: debe haber vacuna para todos o no la habrá para nadie y el administrador de salud la autorizará sólo si el Estado tiene recursos para incorporar la técnica o el producto a la oferta pública de salud cuando las disponibilidades presupuéstales permitan canalizarla inicialmente a través de los futuros "efectores" públicos de salud. Naturalmente que esta novedad ha terminado de soliviantar el ánimo de todos quienes han aprendido en las aulas y los hogares, que este ni ningún Estado estará jamás en condiciones formales ni morales de impedirle a los individuos el acceso a la práctica de salud o de cualquiera de sus necesidades no reñidas con el derecho.

Frente a este u otro de los infinitos actos de justicia propia que los jefes de las unidades ejecutoras principales del Estado suelen comunicar, primero a la interna y luego al público, es obvio que la oposición crece, insuflada por la molestia personal y fundamentada, precisamente, en aquella confrontación sobre la libertad y los argumentos de la justicia que no respetan la prelación de sus principios básicos. De tal manera, al doctor Gonzalo Ramirez le resulta relativamente sencillo titular su columna en Economía y Mercado "Con libertad no ofendo ni temo" ensañándose con tal definición. Desde esta perspectiva, la acusación de afectación a la libertad en una sociedad de derecho es inobjetable.

Aunque debería ser objeto de otra columna es necesario agregar que la orfandad de la izquierda en esa discusión principal le facilita a la oposición la exposición pública de ideas simples, potentes en su misma expresión, pero simples también en su capacidad de promover la revisión de los procedimientos históricos que en este país vulneraron las libertades individuales antes aún que la Dictadura terminara de arrasarlas: Dice el joven Ramirez eligiendo ese regreso automático de los viejos políticos a la conciliación perversa del viejo Estado y las corporaciones proponiendo una solución "políticamente correcta": " ...sería constitucionalmente correcto que el MSP obligará a las instituciones privadas de asistencia médica que pretenden incorporar ¨tecnología de punta´ a facilitar el uso de esos equipo por parte de los pacientes de Salud Pública.

De la misma forma ­agrega- se podría condicionar a los laboratorios que pretenden importar la vacuna contra el cáncer de útero, a qué donasen una vacuna a Salud Pública por cada vacuna vendida en forma privada." ¿Por qué? Si será cuestionable la definición del MSP que la columna es celebrada sin reparar siquiera en la recurrencia de Ramírez a proposiciones tan atentatorias contra la libertad de comercio y competencia como las que propone el MSP. Este país no admite aquello ni tampoco el regreso a la conciliación de soluciones "políticamente correctas" en las cuales, empresarios y políticos deciden cuánto es el precio de la libertad de comercio o la afectación de la competencia sana, o la cantidad de salud que un ciudadano puede comprar. *