La comunicación sobre la reforma tributaria elude los problemas esenciales

La reforma se inicia en un marco de confusión y temores generalizados frente a los cuales el gobierno opone una promesa de mayor equidad, simplicidad y promoción de la inversión. Esa promesa no encuentra eco ni en los sectores directamente interesados ni en la población en general. Las modificaciones introducidas al sistema son realmente fuertes y no se limitan al cambio de la tributación de renta del trabajo o el capital, sino que lo que el gobierno introduce en su primera reforma estructural "de programa" es un cambio frontal en las relaciones del contribuyente con el Estado. El impuesto a la renta del trabajo y del capital determina un cambio significativo en la columna del debe de la cuenta que el ciudadano tiene con el Estado sin que, previamente, esa modificación de aportes individuales haya sido precedida de cambios en la columna del haber. El Estado tiene una omnipresencia en la vida ciudadana no correspondida en la precisión de los derechos y obligaciones que cada individuo tiene con ese Estado. La cuenta de impuestos es, en tanto, el registro de contribuciones realizadas sobre contratos mal definidos, imprecisos. Si sobre estas bases de relacionamiento contractual muy defectuoso, el Estado le pide a los ciudadanos una contribución basada en disciplinas conscientes -el impuesto a la renta de las personas físicas, por ejemplo-, la respuesta ciudadana sea, obviamente, defectuosa. La sospecha de ese defecto genera conductas de tipo criminal, evasivas, elusivas o lindantes lisa y llanamente con el fraude masivo. La carga de la sospecha se vuelca entonces sobre los individuos. La sospecha del prójimo.

Racionalidad vs razonabilidad

Sin contratos mejores entre el ciudadano y el Estado no hay razonabilidad social. Cuando aparece en tanto una proposición de contribución de fuerte contenido solidario como es un impuesto a la renta personal con fuerte progresividad, como es el caso, lo que ha de primar en la conducta del contribuyente es la racionalidad. Bien diferente por cierto del concepto de razonabilidad.

Ese juego de racionalidad enfrentado al de la razonabilidad social en materia tributaria para un país como Uruguay determina de inmediato una postura elusiva o evasiva del contribuyente. Y esto, en este esquema y este tiempo tiene una única solución: la fiscalización policial de las conductas individuales. De aquí a los temas de la libertad hay un paso. Lo que supone el reingreso a la discusión pública de uno de los temas en los cuales la izquierda en el gobierno es colocada fácilmente a la defensiva.

Riesgos mayores

Se ha concretado en este sentido uno de los riesgos sobre el cual el gobierno fue advertido a tiempo. Y sobre el cual respondió como le es usual: en soledad, jugado absolutamente a la capacidad didáctica y de convencimiento de dos o tres de sus líderes principales. Nuevamente el gobierno decidió afrontar una reforma de este tipo, en ese escenario que intenté explicar más arriba, sin considerar que debía hacer algo para superar su aislamiento político, incluyendo la interna en los temas de reformas estructurales fuertes.

Y, naturalmente, la presentación pública de la reforma del sistema esta preñada de ese pecado. La publicidad de la reforma ha sido solicitada, diseñada y comenzada a ser ejecutada de la peor manera.

Esta campaña, así como está planteada, no contribuye a desatar lo nudos y debilidades en la relación de los contribuyentes y el Estado.

Quizás esa comunicación es imposible y hay que apelar a un martillo para convencer y arrastrar. Mucho me temo que esta evaluación inicial de la campaña sea, al fin, el juicio de resultados que esta reforma trasladará a la evaluación del conjunto del programa económico y de gobierno. *