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Inesperadamente, Cancela utilizó ayer una mesa académica para anunciar que el BCU ha abandonado de hecho su compromiso con la cantidad de dinero que hace un mes informara dispondría el público, a los efectos de alcanzar la meta inflacionaria del 4%-6% al término de junio de 2008.
Además de anunciar nuevas facilidades para que los bancos no especulen con la caída más precipitada del dólar y llenen la plaza de billetes verdes presumiblemente desvalorizados a futuro, Cancela dio a entender que en los próximos días el público podrá seguir con mas cercanía y transparencia la ejecución práctica de la misión del BCU observando el movimiento de una tasa de interés. Ahora esa evaluación del cumplimiento del programa es difícil y demasiado diferida a lo sucedido.
Hasta allí, fenómeno. Algo debía hacerse frente al incumplimiento del programa luego de siete meses. Sobre todo porque ahora, la inflación ya se ha instituido como un escenario indeseable, hay una erosión de credibilidad del regulador, hay un ajuste fiscal imprevisto plasmado en un nuevo impuesto que ni siquiera recauda el gobierno, aunque ayude a sus cuentas.
Y hay además una erupción de infantilismo atroz con la mitad del personal político observando a comerciantes y empresarios como si allí estuvieran el origen y los multiplicadores de la inflación. Todo bien, de aquí en más, según parece.
Empero, queda el diagnóstico, que no puede ser sólo el de la inflación importada. Eso es una simplificación simplona tomada como causa dominante.
La inflación tiene muchas causas, pero en prospectiva, los problemas tienen que ver con las dificultades fiscales de un gobierno que ya ha pagado una porción enorme de deuda social y no parece animarse al enfrentamiento absoluto con la expansión del gasto que se sospecha caracterizará todo el período preelectoral. Y el segundo y mayor problema aún consiste en que por solidaridad, afecto, comprensión o lo que sea, el BCU explicita un acuerdo total con el diagnóstico que hace el MEF sin compartirlo plenamente.
No hay lugar para el desglose desde una visión diferente, atenta y dura en el compromiso exclusivo con lo que la Constitución le exige al BCU. La defensa de la moneda nacional en el corto y largo plazo, asegurando primero que nada la fortaleza y la independencia del regulador. Aunque para ello deba explicitar la discusión en la cual está embarcado el Copom, que, vale recordarlo, en este país no posee actas y voto nominal público de sus integrantes.
Aunque se deba ser más claro a la hora de explicar que el riesgo mayor de aquí en más tiene que ver con la expansión de la demanda de pesos generada desde el mismo gobierno. *
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