JORGE JAURI
Ese malestar que le ha comenzado a complicar las cosas al gobierno emerge de un desagrado amplio de la sociedad con la multiplicación de los cambios a la que se halla sometida. Es cierto. La instrumentación de la reforma del sistema tributario y el inicio del Fonasa han demostrado que la izquierda está utilizando el aparato de Estado para llevar adelante sus ideas más emblemáticas. Ello despeja una de las dudas que quedaban sobre el cambio: en el contexto actual el gobierno pondrá en marcha algunos cambios con los cuales se ha comprometido. Esos cambios en muchos casos tienden a satisfacer necesidades que la izquierda o quién asumiera el gobierno debían afrontar obligatoriamente una vez se hubiera llegado a cierto nivel de estabilidad de pos crisis. La izquierda realiza esos cambios en vinculación estrecha a un programa histórico de más. Pero aún es temprano para evaluar la calidad de esos proyectos y la capacidad de gestionarlos. Entre otras cosas aún es un poco temprano para coincidir con la oposición en cuanto a que esos proyectos están reñidos con los principios de la libertad individual. Es cierto que están animados del afecto batllista a la omnipresencia estatal dominante, manejada además en régimen de mayorías absolutas. Ese riesgo existe, tiene raíces profundas no sólo en la idiosincrasia del batllismo y la izquierda sino también en la historia práctica de este país. Empero, el desarrollo de esos proyectos en ejecución no es lineal con esa historia. Hay una dinámica muy fuerte de transformación en la ejecución de esos planes, en el encuentro de esos proyectos con la realidad, Realidad que, por otro lado, contempla el gobierno de izquierda atento al mantenimiento de las disciplinas implícitas en la salida comprehensiva de la crisis de 2002. O sea: el gobierno tiene presupuesto y capacidad de llevar adelante transformaciones que van adecuándose en un contexto de realidades y aprendizajes importantes para una fuerza política acostumbrada a crecer con facilidad en la oposición. Esos cambios son irritativos y a la izquierda le cuesta enormemente comprender la esencia de sus problemas de comunicación para defenderse. Apela mecánicamente a la construcción formal de respuestas "orgánicas"; ensaya viejos modelos de comunicación y, naturalmente, así va a ir perdiendo la batalla por la opinión pública, entendida en lo que importa: la creación de confianza y pensamiento razonable. La presidencia tiene asesores en materia de comunicación, malos y buenos como en todos lados. Lo que no parece entender aún ni el presidente ni los operadores principales de este gobierno es que la comunicación es una consecuencia de una estrategia política que, quizás, no tenga en la defensa de las reformas su motivo principal. Pero lo importante en el punto es que no hay manera de defenderse de la crítica de los cambios si estos continúan explicándose desde propósitos que la población ni entiende ni comparte. Pero que son muy propios de la recurrencia verbal de la izquierda. Los casos más notorios son, precisamente, aquellos en los cuales los funcionarios todos compitiendo por su lugar en el segundo round- defienden su gestión con un discurso afiliado siempre al logro de la equidad y la justicia distributiva. Esa aspiración de justicialismo de la igualdad se recrea y complica las cosas así planteada. La igualdad es el santo y seña grosero cuando es invocado como explicación de cada acto administrativo; permite ingresar con facilidad a los santuarios y legitima lo que sea.
Ese vínculo entre la gestión administrativa y los fundamentos de los proyectos de cambio con la ciudadanía está lleno de ruidos y problemas. La gente está dispuesta a aceptar la experimentación de transformaciones en áreas en las cuales era imposible continuar haciendo las mismas cosas. Lo que no entiende ni acepta es el fundamento político-filosófico al cual apela cada jefe de una unidad ejecutora cuando debe defenderse. Los fundamentos son más simples y si la comunicación del gobierno se pudiera desprender de esos saberes aprendidos que recién comienza a revisar la izquierda, entonces sobrevendría un escenario más despejado. Ahora los ministros parecen buscar a la prensa opositora demandando la confrontación que los afirmen, más como integrantes de una fuerza política que como funcionarios de una administración pública. No hay en la comunicación de este gobierno nada que defienda la razón por la razón misma.
El cambio inaplazable, de un sistema de remuneración a las mutualistas se vincula de inmediato a la defensa de los desvalidos y el igualitarismo de contratos cuyo único problema esencial debería reconocerse en la capacidad de regulación independiente: garantía de la cual aún carece ese proyecto en ejecución. El cambio de un sistema de devolución de impuestos indirectos no se piensa y comunica como un régimen imprescindible para ubicarse en la modernidad de las reglas del comercio internacional y de la competencia leal, sino como un lugar del cual hay que extraer recursos para experiencias de premiación de empresarios que estén en línea con los objetivos de la política económica. La lucha contra la inflación es una carrera loca para lograr el precio más justo sin dejar lugar alguno para que el Estado ejercite su función reguladora que no tiene nada que ver con toquetear precios y andar enjuiciando cada acto de cada uno en el mercado.
Mientras el gobierno anda en ese camino, la oposición ha sido invadida por una brutal holgazanería intelectual. Encuentra en el defecto de las estrategias y la comunicación del gobierno y los ruidos del cambio su recurso más efectista y olvida su íntima debilidad: las dificultades de conciliar en propuestas y actitudes concretas los principios liberales y la enorme demanda de inclusión social que tiene un país como éste. Su prensa más afecta reproduce el defecto en términos sólo explicables por el cansancio del pensamiento liberal nativo ó la intolerancia de columnistas que dan por hecho mucho más de lo que la izquierda aún ni siquiera ha laudado. Columnistas y políticos oyen más ruidos de los que hay y piensan a partir de ellos. El caso de las alarmas reiteradas sobre la eventual disuasión de la inversión externa directa que surgiría de incorrecciones menores afectando el derecho de propiedad y las garantías es un ejemplo vivo de esa pereza de derecha, por llamarla de alguna manera. Parecería imposible para estos pensadores livianos de la oposición dimensionar en sus justos términos el error de la promoción de la caña de azúcar en el norte, incluyendo la gravedad de habilitar la ocupación de un predio privado, con el acierto de mantener prácticamente sin variantes la esencia de la política de apertura y desregulación agropecuaria de los 90.
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