Por primera vez en su historia, el país adopta un régimen sistémico de defensa de la competencia

"Uruguay ha tenido un promedio de inversión sobre el producto que no ha superado históricamente el 10%. El año pasado fue de 16%, pero debe seguir de largo, y ésta es una de las leyes necesarias para avanzar en esa línea". En estos términos encuadraba el ministro Danilo Astori la apertura de un seminario sobre la nueva legislación de promoción y defensa de la competencia, realizado en la mañana de ayer en el Banco Central. Astori celebró la promulgación de la Ley Nº 18.159 del 10 de julio pasado como un aporte esencial en la construcción de "un mejor clima de negocios", prerrequisito para la captación de la inversión requerida. Recordó que la ley forma parte de una batería de cambios que propende a la generación de escenarios de competencia leal. El ministro reiteró que es intención del gobierno aprobar en este período el proyecto de ley de modificación de las normas concursales y reestructura empresarial. Este último proyecto recoge modificaciones a un régimen de quiebras que tiene sus orígenes en los códigos monárquicos del siglo XIX.

Astori indicó que la modernización de las estructuras legales sobre las cuales se debe fomentar la competencia, que agrega valor e innovación, es imprescindible para superar las vulnerabilidades que mantiene la economía uruguaya. En este sentido, el ministro destacó que estas modificaciones, que propenden al logro de una mejor competencia, pasan por la creación de un sistema de incentivos, la afirmación de reglas claras con soporte institucional firme. "El Estado tiene la obligación de enfrentar las prácticas anticompetitivas, y ésta es una ley que va en esta línea", agregó. A continuación Astori destacó lo que a su entender son las cuatro características principales de la nueva legislación:

a. mejora el análisis de las conductas anticompetitivas;

b. proporciona y posibilita una mayor eficiencia administrativa;

c. logra una adecuación del órgano de competencia al resto de los reguladores; y,

d. agrega transparencia.

Debilidades de los reguladores

La redacción final de la ley fue acordada con un amplio apoyo político. Los objetivos del nuevo régimen contemplan los derechos de los consumidores ­"de los actuales y los futuros", al decir del diputado Asti. En lo que refiere a la competencia en sí, "está motivado en una visión de comportamientos más que en una visión de "estructura". La ley debe ser ahora reglamentada, con lo cual se abre una etapa difícil, al decir del economista Andrés Rius, uno de los comentaristas de la jornada. "...entre otros riesgos para la etapa que se abre ­sostuvo Rius­ es necesario considerar las presiones que ejercerán los interesados."

La ley crea un órgano de aplicación, una Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Economía. Este fue uno de los puntos discutidos en el seminario como condición de viabilidad. La decisión de integrarlo al MEF hipotecaría la capacidad del regulador para adoptar decisiones sin que ellas sean recurridas, como actos administrativos, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, proceso que de por sí asegura un tiempo indefinido para la aplicación de las resoluciones, con la consecuente erosión de credibilidad y liderazgo.

La presentación de la ley fue objeto de una interesante discusión vinculada a procesar la modernización de un régimen de competencia en el cual ­según recordara el senador Alberto Breccia en su presentación­ "se trata de regular y desregular al mismo tiempo...desde la competencia por el amor hasta la competencia por los bienes." *