Otro regulador atrapado, esta vez en la cuna

Probablemente esa Ley sea, conjuntamente con el proyecto que modifica el régimen de quiebras y el de la reforma de la Ley Orgánica del BCU, una de las tres iniciativas que sintetizan la voluntad real del gobierno de modificar las relaciones de producción y, en tanto, las fuentes defectuosas de generación de poder real de mercado en el Uruguay. Lamentablemente, esa buena Ley ha sido desnaturalizada y, además de la mediatización de sus funciones, ese bloqueo es en si una señal de una confrontación gubernamental insoportable.

Un año atrás, en oportunidad de abrirse la consulta pública de otro de esa tríada de proyectos de cambio: el de la ley de quiebras y reestructura empresarial, uno de los asesores convocados por el gobierno para darle forma definitiva, el Dr. Ricardo Olivera García, definió el proyecto como "la iniciativa más revolucionaria de los últimos tiempos". Olivera Garcia no se caracteriza precisamente por su adhesión a este gobierno y en aquel aserto expresaba lo que a la izquierda le resulta mucho más difícil que incluir y distribuir los frutos de la bonhomía necesariamente pasajera. El gobierno es bloqueado con extrema facilidad, desde su propia interna cuando avanza sobre las fuentes defectuosas de generación de poder real. Esos otros dos proyectos ­el del BCU y el de quiebras- permanecen en sendas comisiones legislativas y será extremadamente difícil que el Poder Ejecutivo logre su aprobación si la oposición en la misma izquierda no logra modificar aspectos sustanciales del diseño que el propio gobierno ha propuesto. Bastarán dos o tres falacias o lugares comunes, esgrimidos a tiempo, ya en escenarios preelectorales para que nadie ose mantener la integridad básica de iniciativas complejas. Falacias como las que hoy acusan al BCU o al BROU de manejarse con independencia del "Uruguay productivo". Es difícil que llegado el tiempo de completar el trámite legislativo los legisladores oficialistas no utilicen la oportunidad de la discusión de estos proyectos para reafirmar su adhesión al productivismo o la adhesión "al programa histórico" para aumentar la diferenciación con su propio gobierno ya en arenas preelectorales.

La captura de otro regulador potencial

Lo que está sucediendo con la primera Ley de esa tríada de proyectos de reestructura de las relaciones de producción es ejemplar al respecto. La recientemente aprobada Ley No. 18.159, organizadora y reguladora por primera vez en la historia de los dispersos y absurdos regímenes de promoción y defensa de la competencia, ingresa a la etapa de reglamentación, instancia en la cual, advierten los especialistas, las debilidades del gobierno para mantener los principios y el valor de la Ley serán aún mayores que en el trámite parlamentario. Hay una infinidad de posibilidades que utilizarán las corporaciones para desnaturalizar la esencia de la Ley. El gobierno, por su parte, ha vuelto a demostrar que en su actual correlación de fuerzas es incapaz de mantener las fortalezas sistémicas de sus proyectos más "duros". El cambio real de las estructuras es neutralizado en el propio realismo de la política. En cambio, andan fluidamente los proyectos de equidad y distribución sin que ellos adquieran su sustentabilidad real en las estructuras profundas de la economía y el derecho. Hay un corte de aguas que separa el plan de gobierno entre sus vertientes distributivas y de derechos humanos, con aquella en la cual se juega la estructura misma del poder. Es allí dónde las corporaciones y la representación política del viejo pensamiento empresarial y político se defienden con infinita facilidad de los verdaderos cambios: los de estructura. Los nuevos contratos emergen defectuosos, mediatizados, vulnerables. El juego interno de la izquierda asegura que, esencialmente vamos a seguir teniendo en el regulador del sistema financiero la misma estructura reproductora de problemas y , en tanto de desconfianza. Lo mismo sucederá con el juego de la quiebra y las normas blandas de juzgamiento de la competencia desleal. La argumentación con la cual se acepta la mediatización de los proyectos "duros" es con esto no podría aún la cultura de la izquierda inclinada a suponer que alcanza con colocar en el Estado el principio de todo valor real. El argumento es tan antiguo como falaz es el supuesto que los uruguayos no han transformado su idea del relacionamiento de lo público y lo privado. Y es dudoso también que no acepten convocatorias audaces para demostrarlo.

Opacidad y desconfianza en la gente

La prueba es la historia de la discusión de esos tres proyectos de cambio drástico de las relaciones de producción. Dos de ellos andan cansinamente o ya han sido bloqueados ­el de quiebras y el del BCU- y el tercero, ha debido desnaturalizarse esencialmente para que pudiera aprobarse la Ley 18.181. La eficiencia de la nueva Ley tenía una prueba del nueve: obvia y anterior: la ubicación de su órgano de aplicación en la estructura del Estado. En vez de un fuerte organismo con perfil propio, presupuesto y solvencia profesional estricta, instituido como unidad descentralizada, el órgano de aplicación será una nueva "Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia" que funcionara en la oficina contigua a la del Ministro de turno. "Es lo que se puede" me decía una de las autoridades del equipo económico la semana pasada reiterando la argumentación sobre la debilidad que tiene este gobierno en su propia interna para impedir aquella desnaturalización del método que asegura que este tipo de leyes cumplan sus objetivos. Y que en principio, sean creíbles y nos resguarden de lo obvio: de la debilidad que tiene el pilar de la regulación en la estructura de relaciones de producción sujetas a cambios fuertes. Resta el segundo argumento que validaría la utilidad de leyes manoseadas de esta manera: la condición dinámica de la reforma. El mismo argumento del defectuoso cambio del régimen tributario: la ley puede ser modificada en permanencia, para mejorarla. Precisamente, un argumento aún peor en la medida que elimina de cuajo la condición de irreversibilidad de la norma. Y estimula en consecuencia, todo el juego corporativo para aniquilar en forma progresiva la pretensión de regulación fuerte, base de un Estado moderno.

Más aún que la reiteración de esa debilidad que tiene el gobierno cuando debe enfrentar los cambios de las estructuras reales del poder, fincadas allí, en el ámbito de las relaciones de producción, lo que inquieta es cuál es el estado real de la correlación de fuerzas en el gobierno, que obliga a un equipo económico que sabe bien cuanto cuestan estas inconsistencias, a celebrar permanentemente avances en el margen sin aceptar que, quizás, en este país la gente quisiera ser convocada con más ambición y confianza a defender la integridad de un proyecto nacional. Lo que, además, obliga a observar la desesperante incapacidad de la oposición para constituirse en un interlocutor inteligente de eventuales avances en tal perspectiva. *