ANDRES PAMPILLON
Este y otra serie de importantes anuncios fueron realizados en el marco de un encuentro sobre los nuevos lineamientos que se vienen implementando desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con diversos actores del sector. Entre los mismos se encontraban el ministro de la cartera, arquitecto Mariano Arana, el director nacional de Vivienda, arquitecto Gonzalo Altamirano, el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, economista Carlos Mendive, junto a dirigentes de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, la Cámara de la Construcción, el Sunca, la Sociedad de Arquitectos y técnicos vinculados al problema de la vivienda.
El presidente de la nueva Agencia Nacional de Vivienda señaló que en el marco de la reforma del sistema público de vivienda se están creando diversos fideicomisos sobre las distintas carteras. Dentro de los nuevos instrumentos para el desarrollo del crédito hipotecario, se espera que antes de fin de año se apruebe la ley que permita que se lancen al mercado las nuevas Notas de Crédito Hipotecario, que podrán cotizar en bolsa y permitirán movilizar importantes recursos, como los de las AFAP.
A su vez, indicó que se viene diseñando un seguro hipotecario que garantice y minimice los riesgos inherentes a cualquier operación crediticia.
Dinamizando el mercado, acotando riesgos se podrán ir bajando costos y los montos de ahorro previo que hoy rondan el 30% del valor de la vivienda y que supone una fuerte restricción para el acceso a la vivienda para la mayoría de las familias.
Otro efecto esperado es que se pueda ir diversificando territorialmente la edificación hacia otros barrios, pues hoy se concentra básicamente sobre la costa. Con estos instrumentos se propende a la constitución, fondos de inversión y fideicomisos orientados a la construcción de vivienda.
Por su parte, el director de Vivienda, arquitecto Altamirano, detalló las principales líneas de acción que viene llevando adelante el ministerio, tendientes a la implementación de nuevas políticas frente a un escenario urbano y social que difiere radicalmente del existente hace 40 años. Esto requiere la actualización y generación de nuevos instrumentos para atacar el grave y creciente problema del acceso a la vivienda digna de vastos sectores de nuestra sociedad.
El diagnóstico del que se parte es lisa y llanamente el de crisis habitacional, la que contiene aspectos coyunturales pero otros de carácter estructural. Ello requiere medidas de fondo para comenzar a revertir la situación. Esta crisis tiene una dimensión social, pautada por los problemas de acceso y permanencia de las familias a vivienda digna y la creciente fragmentación socio espacial. Y un nivel económico financiero que implica una fuerte dotación de recursos, habilitar líneas de crédito y dotar de credibilidad y confianza al sistema. El objetivo es migrar de la concepción de producto mínimo a un producto digno.
Altamirano indicó que en lo que va de la actual gestión se han entregado casi 6.000 viviendas y unas 4.000 más se están construyendo, más unas 700 para pasivos. Paralelamente se prevén para el quinquenio unas 4.000 viviendas más para cooperativas. De este modo el sector cooperativista insumirá más del 40% de los recursos disponibles. A ello debe sumarse el otorgamiento de alrededor de 600 garantías de alquileres y más de 4 millones de dólares en créditos para la refacción de viviendas El jerarca fue enfático en señalar que las políticas implementadas en las últimas décadas han sido funcionales a la profundización de esta crisis y a la consolidación de una ciudad dual.
Esta crisis, que es también una crisis de los actores del sistema, ha impactado sobre la vieja ley de vivienda, haciendo estallar la estructura sobre la que todo el sistema se fundaba.
Dentro de las estrategias previstas entonces se va hacia una nueva política habitacional entendida como una política social de corte universalista, y articuladas con las demás y pensada para toda la sociedad. El ADN de este nuevo pool de políticas y programas será el ahorro, el préstamo y el subsidio explícito, el que podrá ir modificándose conforme evolucionan los ingresos del hogar.
En forma paralela se avanza hacia la generación de un mercado financiero orientado a la vivienda. La clave es como hacer entrar recursos privados, pues sin estos no hay forma de impactar sobre el déficit habitacional. Se estiman unas 70 mil familias con problemas de acceso a la vivienda lo que supone unos 2.100 millones de dólares, cuando los recursos asignados por el Estado para el plan quinquenal ronda los 300 millones. A ello debe sumársele unos 3.000 nuevos hogares cada año.
Los nuevos instrumentos financieros que se vienen diseñando buscan que esos 300 millones de dólares puedan utilizarse para apalancar y respaldar en ingreso de otros recursos para ampliar el mercado hipotecario, donde el nuevo BHU sea un estimulador, transparente y en igualdad de condiciones con respectos a los demás actores financieros. *
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